Roger Pita Pico
Magíster en Estudios Políticos,
Director de la Biblioteca de la Academia Colombiana de Historia.
Bogotá, Colombia.

Una de las bebidas que generó mayores complicaciones y que puso en alerta al gobierno virreinal fue la chicha. En el nororiente del Nuevo Reino de Granada, en donde esta bebida gozó de gran aceptación, se pudo observar su difusión en la creciente comunidad mestiza que caracterizó étnicamente a esa zona. Para desentrañar su compleja realidad, no basta con reconocer los perjuicios morales que solían atribuírsele, es necesario además entrar a considerar el fuerte interés fiscal de la Corona, que abogaba por la defensa del estanco del aguardiente y reprimía cualquiera otra alternativa de consumo que no representara un beneficio para las arcas Reales. Al final, este fermento sobrevivió ante la poca efectividad de las medidas implementadas y ante la falta de claridad y coherencia por parte de los diferentes niveles de gobierno. En consecuencia, y pese a los ingentes esfuerzos para desterrarla definitivamente, por ser considerada una amenaza social, se logró el reconocimiento de su influencia como alimento para los sectores bajos y como sostén económico para quienes vivían a expensas de este producto como negocio.

Palabras clave: chicha, alcohol, embriaguez, chicherías, control social, historia colonial.

The chicha was one of the beverages that put in alert the viceregal government in the 18th century, when its consumption enjoyed great acceptance in mestizo communities that characterized ethnically the northeast of the New Kingdom of Grenade. To figure out its complex reality is necessary to consider the strong interest of the Crown in defend the aguardiente monopoly and repressed other alternatives of consumption that didn't represent a benefit for the Real arks. In the end, the consumption of chicha survived due to both the little effectiveness of the implemented measures and the lack of clarity and coherence of the different government levels. In consequence, and in spite of the enormous efforts to banish chicha definitively and to consider it a social threat, its recognition as a food for the low sectors and as an economic support for those who commercialized it was achieved.

Keywords: chicha, alcohol, drunkenness, chicherías, social control, Colonial history.

La chicha es una bebida fermentada utilizada ancestralmente por varias comunidades indígenas del centro y sur de América. A su llegada, los españoles pudieron constatar su presencia en el territorio del Nuevo Reino de Granada. Su forma de preparación variaba de acuerdo al clima, al período del año y al propósito de su uso, razón por la cual, los crónicas hacían alusión a la existencia de distintos tipos de chichas. El maíz era reconocido como la base esencial de su preparación aunque posteriormente se agregaron otros elementos como fue el caso de la caña de azúcar, producto traído por los españoles desde las islas Canarias.

La chicha fue utilizada como complemento de la alimentación diaria de los indígenas pero también como sustancia embriagante obtenida a través de un proceso más prolongado de fermentación, cuyo uso ceremonial se observaba en ritos de paso y celebraciones religiosas¹. Estas funciones ceremoniales eran para la Iglesia unas prácticas claramente paganas e idolátricas que debían ser exterminadas sin atenuantes. Según la percepción de los representantes eclesiásticos, la chicha era la culpable de que muchos nativos dejaran de asistir a misa y vivieran alejados de la religión.

Por esos motivos, las medidas represivas no tardaron en hacerse sentir sistemáticamente. En 1606, por ejemplo, el sínodo provincial expedido por el prelado de Santa Fe don Bartolomé Lobo Guerrero dio orden a los curas para trasquilar a los indios que se hallaran en estado de beodez².

Con el paso de los años, la chicha se consolidó como una bebida popular y el aumento de su consumo conllevó a la creación de las chicherías como espacios dedicados exclusivamente a su comercialización. Desde mediados del siglo XVII se empieza a tener noticia de estos establecimientos, en momentos en que las autoridades se mostraban ya alarmadas ante la necesidad de implantar medidas para contener su auge³. Asimismo, muchas de las pulperías, que solían ofrecer toda suerte de víveres, terminaron siendo expendios de chicha como otra más de sus opciones. En ciertos momentos, se hizo difícil diferenciar entre uno y otro establecimiento, dada la tendencia de las chicherías a ofrecer otros artículos con el fin de esquivar las operaciones de inspección y control oficial⁴.

Aún en el último siglo de dominio indiano, no cejaba el empeño de los gobernantes por contrarrestar la desmesura de aquellos propensos a la chicha. Ahora, la condena a esta bebida no se relacionaba únicamente con su uso en ceremonias idolátricas de los indígenas sino que estaba asociada a nuevas concepciones ilustradas de la sociedad, el Estado y la salud. A juicio de las autoridades, esta bebida se había convertido en un problema social de grandes repercusiones⁵. En el informe que presentara en 1772 el fiscal Francisco Antonio Moreno y Escandón sobre el estado del virreinato bajo el gobierno de Pedro Mesía de la Zerda, se enfatizó el estado lamentable en que andaban los indios reducidos: "(…) sin anhelar por bienes temporales, como que cualquier tosco vestido les cubre y la más grosera vianda les satisface, no se les encuentra orgullosos sino en la soledad de sus pueblos, y por lo común a impulsos de la bebida"⁶.

El presente artículo pretende realizar un acercamiento a la problemática que generó la producción y el consumo de chicha en el siglo XVIII en el costado nororiental del Nuevo Reino de Granada, específicamente en las provincias de Vélez, Socorro, San Gil y Girón, en donde gozó de gran arraigo. La represión aplicada por las autoridades, derivada de las directrices impartidas por las reformas borbónicas, no bastó para contener el generalizado arraigo alcanzado por esta bebida. Lo que se observa en este ámbito territorial es cómo este compuesto líquido logró reacomodarse al vaivén de los cambios demográficos, al complejo proceso de poblamiento y al ambiente de tensión social vivido durante esa centuria.

El marco geográfico de las provincias del nororiente neogranadino forma parte de la región andina. Su área más poblada corresponde a la vertiente de la cordillera Oriental, surcada por cañones y fuertes pendientes. Su clima es muy diverso y va desde el cálido hasta el frío aunque con predominio del nivel templado⁷.

La mayor parte de este territorio estuvo ocupado a la llegada de los conquistadores españoles por varios grupos indígenas, en su mayoría de filiación chibcha, dentro de los cuales se incluían los chitareros, los laches y los guanes. De todos ellos, los más numerosos y representativos eran los guanes quienes habitaban la cuenca media y baja del río Suárez hasta el Río de Oro. Como frontera natural tenían al oeste la cordillera de los Yariguíes, al sur y este las estribaciones de la cordillera Oriental, al norte la mesa de los Santos y el cañón de los ríos Chicamocha y Suárez⁸. Algunos grupos de la comunidad muisca se instalaron en la provincia de Vélez, específicamente en los pueblos indígenas de Chipatá, Güepsa, Cite, Guavatá y Onzaga⁹.

Algunas crónicas de la época de Conquista dan cuenta de la utilización de la chicha por parte de quienes poblaban ancestralmente esta región. Hacia la primera mitad del siglo XVI, en tiempos en que llevaba a cabo la fundación de la ciudad de Vélez, el capitán Martín Galeano encomendó a su lugarteniente Juan Alonso de la Torre, para que liderara una expedición en compañía de treinta españoles y doscientos indios amigos, quienes al arribar al territorio de los agataes fueron recibidos y socorridos amablemente: "con agua y chicha que fueron beneficio de mucha estimación y con que se aliviaron"¹⁰.

La familia indígena guane registró un acelerado proceso de contracción demográfica atribuida a factores como la miscegenación, las epidemias, los castigos y los trabajos arduos¹¹. La continua reducción de sus territorios ancestrales y la presión por la tierra, los obligó a buscar nuevas fórmulas de supervivencia en haciendas o poblados españoles. A mediados del siglo XVIII, el cura Basilio Vicente de Oviedo denunció ampliamente esta situación¹². Así las cosas, fue común ver cómo los indios eran constantemente extrañados de sus propias comunidades y conducidos a áreas de colonización blanca, en donde por matrimonio o cohabitación entraban en contacto con blancos y mestizos mientras sus territorios quedaban prácticamente a la deriva. En esta dinámica demográfica indígena, la chicha se constituyó en uno de los mayores mecanismos de resistencia cultural, cuya influencia fue suficientemente demostrada a todo lo largo del período en que España mantuvo su poder político en estos territorios.

Paralelamente, este marco geográfico había alcanzado un alto nivel de poblamiento blancomestizo que se vio reflejado en la consolidación de sus centros urbanos y en un inusitado auge de parroquias. Según los datos suministrados por el censo demográfico de 1778, el grupo étnico de mayor presencia en este territorio era el mestizo con un 60% del total de la población. Le seguía, en su orden, el segmento blanco con un 30%, mientras que indios y negros se repartían el 10% restante¹³. El proceso gradual de fragmentación de la tierra, reflejado a través del auge de la pequeña y mediana propiedad, la floreciente industria de los tejidos de algodón, la producción de mieles y dulces, sumado a los cultivos de cacao, algodón y tabaco, fueron factores que forjaron allí un mayor dinamismo económico. Viajeros, gobernantes y funcionarios dieron cuenta de este fenómeno¹⁴.

En especial, los resguardos, que durante el siglo XVIII estaban en proceso de reducción y extinción ante la abrumadora presencia de blancos y mestizos de todos los colores¹⁵, fueron escenarios en los cuales las autoridades denunciaban frecuentemente los líos ocasionados a raíz del consumo de la chicha. Este tipo de quejas, sobre las amenazas al orden social y moral, se unieron a otra serie de inquietudes que los visitadores y autoridades virreinales expusieron extensamente para justificar el acortamiento del espacio ocupado por los indígenas y para impulsar el proceso de organización política, social y administrativa de la población blanco-mestiza a través de la erección de parroquias. La cuestión de fondo de este favorecimiento se afincaba en el hecho de que estos grupos sociales eran ahora los más productivos y los que generaban mayores aportes a las arcas Reales.

En Oiba, en donde ya se había impartido la orden de supresión del resguardo, todavía en 1759 se percibía un ambiente de convivencia interétnica. En esa ocasión, se denunció cómo los blancos y mestizos se aprovechaban de los indios para la venta de chicha y aguardiente ilegal, lo cual a criterio del corregidor era causa para todo género de alborotos¹⁶.

Hacia 1778, en su visita a la región, el fiscal Francisco Antonio Moreno y Escandón apareció rindiendo reporte de los escándalos protagonizados por los integrantes del resguardo de Guane los domingos de mercado en la contigua parroquia de Barichara:

"(…) y porque el abuso y exceso de la bebida que se fabrica y usa por dichos indios es la causa principal de su extravío, desórdenes y falta de obediencia, no solo cuidarán los jueces sino particularmente el corregidor, a que por su parte contribuirá el cura, de que por los términos que dicta la providencia se destruya este abuso, limitando primero su fábrica a lo muy preciso y a la chicha llana, sin permitirles que comercien ni usen otras que son nocivas"¹⁷.

Por sus mismos efectos embriagantes, la chicha también atizó los ánimos hasta el punto de desencadenar roces y altercados. En 1801, don Maximiliano Martínez, alcalde de los vecinos blancos agregados al resguardo de Curití, elevó su queja ante instancias superiores por las perturbaciones provocadas por los nativos al calor de las totumas, situación que según se decía, era aprovechada para perpetrar hostilidades y amedrentamientos: "(…) por cuanto el día doce del presente yendo en ronda como a las diez de la noche en compañía de don Francisco Vargas y don Bauptista Uribe, encontré en la calle algunos sujetos indios, indias, y entre ellos tal cual de clase de mestizo a forma de escandalizar el pueblo, como que estaban públicamente tomando licor de chicha"¹⁸.

El incidente finalmente terminó en golpes ante la negativa de los naturales por atender el llamado de prudencia. Esto, junto con otros inconvenientes más, fue retomado por los indignados vecinos para clamar formalmente ante la Corona por el otorgamiento del título de parroquia y el traslado de los nativos de su tierra ancestral.

Paulatinamente, la bebida fue saliendo del ámbito íntimo de estos territorios indígenas y empezó a expandirse en los campos y en los poblados españoles, llegando de esta forma al paladar de prácticamente todos los sectores sociales y étnicos, incluyendo también a los negros esclavos. En 1800, don José María Pinzón del vecindario de Girón, vendió su esclavo Agustín con la aclaración de que algunas veces se emborrachaba con chicha. En esa misma jurisdicción, don Antonio Serrano negoció un mulato de nombre Antonio con la tacha de haber sido sorprendido más de tres veces en guaraperías¹⁹.

Los relatos indican también que algunos blancos criollos y españoles consumían habitualmente la chicha, especialmente aquellos empobrecidos que tenían contacto con la amplia gama de sectores bajos, y que veían en esa bebida una elección mucho más barata. El cura Basilio Vicente de Oviedo señaló, a mediados del siglo XVIII, cómo la gente de más "calidad y distinción" de Vélez tenía por costumbre ofrecer en las visitas chicha en lugar de vino²⁰.

Aún cuando en un comienzo los indios fueron los principales promotores de su consumo, es importante anotar que la bebida ayudó a propiciar el mestizaje que se evidenció con gran fuerza en la región durante esta centuria. Fue así como las chicherías se convirtieron en sitios de socialización a los cuales confluían indistintamente indios, mestizos y blancos, abriéndose mucho más el abanico de posibilidades para el contacto y la miscegenación, en donde era factible despojarse con desparpajo de las normas que propendían por la segregación étnica²¹. Lo anterior, adquiere sentido lógico, si se tiene en consideración que algunos de estos espacios sirvieron como posadas temporales para aquéllos que no tenían dónde pernoctar, o para quienes simplemente pasaban allí la noche imbuidos en los efectos excitantes de dicho compuesto líquido. A este respecto, se refirió en 1802 el cura de la parroquia de Oiba, don Mariano de Aldana, tras anotar que las embriagueces eran causa de "tantos amancebamientos e incestos que impiden los matrimonios"²².

De manera recíproca, también se puede afirmar que el mestizaje le imprimió un remozado impulso a la bebida. Los propios mestizos, por su condición de articuladores entre el mundo de los blancos y el mundo de los indios²³, coadyuvaron en cierto sentido a propiciar su rápida propagación. Así lo dan a entender las constantes denuncias en las que nativos y mestizos aparecían confabulados en torno a ese fermento.

La bebida se erigió, entonces, como un elemento de cohesión e integración entre el pueblo llano frente a la estigmatización que se observó desde la posición de las élites y de las autoridades. A pesar de los reiterados controles, tanto las pulperías como las chicherías fueron espacios de encuentro y de reconocimiento, en donde se alcanzaron a reafirmar estrechos nexos familiares y afectivos.

Lo ambiguo de la chicha es que así como fue duramente repudiada, también hubo voces que se alzaron en su defensa y preconizaron su consumo. Desde luego, aquí es imprescindible aclarar que no sólo se utilizó como un complemento de la alimentación cotidiana de pobladores grandes y chicos sino también como sustancia embriagante.

El capuchino Joaquín de Finestrad expuso en 1783 las cualidades y defectos de cada una de esas dos alternativas:

"Tienen por bebida la chicha, que es licor usual entre todos, compuesta de una masa de maíz de una porción adecuada de masato o panela o miel de caña dulce, cuyos ingredientes mezclados y confundidos entre sí con el agua correspondiente, se fermentan en unas vasijas que llaman múcuras, y a pocos días se prepara una bebida fuerte, corroborativa y muy acomodada al gusto, la cual equivale en estos naturales al vino de la Europa. Yo la he bebido varias veces y verdaderamente me apagaba la sequía y me servía de nutrición en el curso de mis caravanas. Los arrieros se mantienen con ella muchos días, como me lo han asegurado varios sujetos de fe en los pueblos; y uno de los mismos arrieros que me acompañaban aseguróme que en todo un año no había probado el agua y que sólo con chicha se había mantenido. Es bebida más o menos fuerte, según es mayor o menor la fermentación y su composición. De aquí nace el general trastornamiento de embriagueces y borracheras que se observan en la República, particularmente en los días de mercado que de ordinario son los domingos y en algunas partes los viernes. Este vicio general en las provincias interiores del Reino tiene embotada la estimación, engrosados los humores, impedidas las potencias y entorpecidos los sentidos, siendo madre fecunda del desorden y de la ociosidad"²⁴.

Como se puede deducir de algunos apartes inmersos en el anterior testimonio, era evidente que en esa época se llegó a estimar a la chicha como una buena opción para calmar la sed. Esta misma percepción fue constatada por el referido cura De Oviedo a su paso por la ciudad de Vélez, al afirmar que "(…) sus aguas son muy malas y poco saludables, y por esto usan de continuo todos la bebida que llaman chicha"²⁵.

Otras voces se escucharon en defensa de las bondades de la chicha para fortificar a quienes estaban supeditados a arduos oficios. En carta remitida desde El Socorro al virrey Amar y Borbón, el enviado como auxiliar para la empresa del camino del Carare, don Nepomuceno Rodríguez, remarcó la enjundia de la bebida en la dieta de los trabajadores:

"He dicho Señor que la chicha es por estos países alimento de primera necesidad (…) y fácilmente se les puede dar en ración a los trabajadores como se hace en todo campo donde hay peonaje o que se permita que en el camino se fabrique por algunas mujeres que vayan a él, de las de los mismos peones, y que a ellos les vendan como en las ventas del campo o tiendas de la capital y demás lugares donde es permitida"²⁶.

Según el funcionario, con este producto: "(…) se forman robustos y en el trabajo desfallecen si les falta, un peón con poco que coma en el día, como beba resiste con fuerza y vigor todo él, esto es experiencia palpable (…) Yo he comprendido Señor Excelentísimo que los peones en el trabajo del camino carecen del auxilio necesario de la bebida de la chicha (…) cuando párvulos que sueltan el pecho, es el primer alimento líquido con que se nutre"²⁷.

Era patente, entonces, lo frágil y conflictiva que resultaba la línea divisoria entre la chicha fresca y apta para todas las edades y aquélla que se dejaba madurar con el transcurrir del tiempo. Esta dualidad, sumada al posicionamiento que tenía la bebida en muchos de los hogares, hacían en definitiva más dispendiosas las operaciones de control.

El advenimiento de la dinastía borbónica al trono español, en los albores del siglo XVIII, trajo consigo un conjunto de reformas administrativas y fiscales dirigidas fundamentalmente a paliar la crítica situación deficitaria, derivada de los desbordados gastos bélicos externos y los elevados costos de mantenimiento de los dominios de ultramar²⁸. Dentro del marco de esas políticas, se instituyeron nuevas rentas como la del aguardiente que, dicho sea de paso, fue la que reportó los más altos ingresos a las arcas Reales hasta el último cuarto de esa centuria²⁹.

Aunque de manera previa se había desarrollado alguna discusión y cuestionamiento por parte del estamento eclesiástico, respecto a los estragos corporales y espirituales provocados por este producto, al final, se puso por delante el interés económico oficial. Así quedó explicitado en el informe de gobierno rendido por el virrey Pedro Mesía de la Zerda: "(…) fuera de ser la renta más preciosa, sirve de freno al vicio de la bebida, como que limita su abundancia y encarece su precio; que su confección y simples de que se compone, nada tiene de nocivo a la salud, y si alguna vez le perjudica, consiste el daño en el abuso y desorden de los que le frecuentan en mucha cantidad"³⁰. Según se arguyó en este documento, acabar con este licor implicaba también destruir las mieles y trapiches de caña, junto con la fabricación de los dulces ampliamente comercializados.

Para comprender entonces la fuerte represión, que se tejió en contra de la chicha, es clave tener en cuenta que esa actitud combativa hacía parte de la voluntad indeclinable de proteger el estanco del aguardiente por sus consabidos beneficios rentísticos. De allí se explica el empecinamiento del gobierno español en excluir cualquier tipo de competencias como la chicha, el guarapo y el mismo aguardiente destilado clandestinamente, bebidas que en últimas no alcanzaban a ofrecer el mismo aporte a las arcas Reales. Ese hostigamiento se hizo aún más notorio desde el momento en que se oficializó el estanco hacia el año de 1739³¹.

Por eso, detrás de los argumentos sobre sus indeseables efectos sanitarios y otras argucias moralistas, subyacía el interés fiscal. La misma correlación, entre gobernantes locales y empresarios conectados al negocio legal del aguardiente, exacerbó mucho más la persecución contra esas otras bebidas artesanales.

Era indudable que para los indios, mestizos y blancos pobres esos consumos proscritos les resultaban más económicos que la compra del aguardiente, por eso, la preferencia por uno u otro producto adquirió una fuerte connotación social. No hay que olvidar que, tanto la chicha como el guarapo se elaboraban por medio de la fermentación, una fórmula que podía resultar más fácil y práctica que el proceso de destilación a que debía someterse el aguardiente. Además, aquellas dos bebidas, a diferencia de esta última, cumplían una función básica como alimento. La eventual distancia de los estancos y ventas de aguardiente pudo incidir también para que se acudiera a esas otras opciones por su cercanía y accesibilidad.

La misma expansión de los cultivos de caña y de los trapiches, concretamente en la provincia de Vélez, condujo a un aumento inusitado del guarapo y de la chicha que se elaboraban de manera subrepticia en esos lugares. Es en este contexto, en donde se entiende la actitud policiva que se concentró hacia ese tipo de productos. Agobiados por tanta competencia, varios de los grandes propietarios de esta jurisdicción adhirieron sus voces a otras más de Tocaima y Pacho, para pedir en 1736 al oidor Gil Cabrera y Dávalos la eliminación del crecido número de negocios que estuvieran funcionando con menos de diez trabajadores esclavos. El argumento cardinal era que esas pequeñas unidades "se dedicaban a producir aguardiente [ilegal] y chicha, lo que es muy perjudicial para los indios y contradice las disposiciones que han prohibido su fabricación"³².

Ante los desmanes generados por el excesivo consumo de chicha entre los nativos del resguardo de Guane, el fiscal Moreno y Escandón había decidido prohibirles la siembra de caña. Con esta medida se pretendía evitar fraudes y de paso facilitar el arreglo de la renta del aguardiente³³.

En especial, vale resaltar la restricción que se observó en contra del guarapo, debido fundamentalmente a que era fabricado con las mismas mieles de caña que se usaban para la obtención del aguardiente, con lo cual se afectaba en forma sustancial la renta de este último producto.

No extraña, entonces, ver cómo el guarapo también fue objeto de censura por la introducción de aditamentos nocivos en su preparación y por sus supuestos efectos colaterales tanto para la salud como para la tranquilidad pública. Precisamente, don Pedro Ruiz de Álvarez, escogido para el manejo del estanco de aguardiente en Charalá, solicitó en 1786 a las autoridades superiores su prohibición y la imposición de penas a los fabricantes. Pero al final, el fiscal de turno consideró inapropiada esa decisión por el especial arraigo que había alcanzado esa bebida entre la comunidad³⁴.

Igual demanda lanzó, en el mismo año, don Pedro Ignacio de la Cadena, encargado de la renta de aguardiente en las parroquias de Cácota de Suratá y Matanza. Paradójicamente, este administrador sugirió implantar la solución adoptada en la ciudad de Ocaña y otros asientos cercanos, en donde se desterró en forma terminante el guarapo y en su lugar se dio vía libre a la chicha, por ser ésta a base de maíz y no representar una competencia tan frontal a la protegida fabricación de aguardiente³⁵.

Comúnmente, se tendió a conferirle a la chicha la causa de males de toda índole aunque es necesario precisar que algunos de esos señalamientos no eran muy sólidos o, tal como ya se anotó, pretendían soterrar o ignorar un trasfondo mucho más complejo. Fueron en realidad numerosos los documentos oficiales dedicados a condenar con una acentuada carga moral los perjuicios que recaían sobre ese licor, no en vano se le tildaba como la madre de todos los vicios. Pero lo cierto es que muchos de estos cuestionamientos, enmarcados dentro de las ideas del pensamiento ilustrado de la época, correspondían a valoraciones negativas de carácter cultural sobre la población indígena y mestiza³⁶.

Uno de los aspectos más citados era el detrimento económico que padecía la población misma. El dilapidar las pocas ganancias adquiridas, el incremento de la ociosidad y el abandono de las ocupaciones diarias, fueron algunas de las circunstancias denunciadas con mayor obstinación. Aparte de estas razones que saltaban a simple vista, y de otras de corte moral, todo ésto correspondía también al afán, promovido a través de las Reformas Borbónicas, por conquistar máximos niveles de rendimiento en la economía, de tal manera que cualquier distracción a esa consigna era susceptible de examen e inquietud³⁷. Esta preocupación se hacía más sentida en este costado nororiental del Nuevo Reino de Granada, territorio que había ganado a lo largo del siglo XVIII la reputación como uno de los más prósperos.

Justamente sobre las amenazas al desarrollo productivo de la región, esto fue lo que comentó el cura De Oviedo al hacer su arribo a la provincia de Vélez: "(…) y por tener muchos pueblos comarcanos de indios y mestizos, y ser estos tan propensos y dados a esas bebidas, consumen y malbaratan todo su trabajo y agencia, siendo así que son muy trabajadores los indios en solo esos licores con que luego se embriagan y pierden cuanto tienen, hasta las mantas con que están vestidos, y se quedan de ordinario desnudos con solo un jubón"³⁸.

En una denuncia formulada en 1796, las autoridades de las parroquias de Charalá y Páramo expusieron in extenso los perjuicios que les había traído la chicha, entre muchas otras cosas, el predominio de la holgazanería y el abandono de muchos de los oficios, "que hacían estimable la Patria". En especial la manufactura, una de las principales actividades económicas de estas comarcas, se hallaba sin quién se encargara de ella. Así lo expuso el exalcalde don Lucas de Uribe y Rueda: "(…) si vuelve la vista a las bellas fábricas que antes habían de algodones, hilos y añiles de la tierra que abrían la puerta a los comerciantes de distintas y retiradas jurisdicciones para traer dinero y llevar estos géneros, sólo se halla en cada lugar una u otra casa en que no se presenten sus piezas llenas de cántaros y utensilios con el licor de chicha"³⁹.

Asimismo, se expresó no poca preocupación por la desolación de los campos, el descuido de los trapiches y estancias, la escasez de frutos en otrora abundantes y el atraso del comercio. Según se afirmaba, la misma producción de maíz, tan apreciada para el sustento diario, se había tornado demasiado exigua y su adquisición mucho más costosa por estar su acopio direccionado hacia la fábrica del fermento. Según las quejas, no era extraño encontrar hombres dedicados gran parte del tiempo a rendir honor a Baco dejando a sus mujeres en el campo padeciendo mil necesidades. En el día de feria o mercado, los jefes de hogar hacían algún esfuerzo para la manutención de sus familias pero terminaban derrochando las pocas ganancias en la compra del licor.

La opinión consensual de los gobernantes de este par de parroquias apuntaba entonces a que el vicio había reducido la región a unos niveles de miseria que, sin ese inconveniente, sería una de las mejores del Nuevo Reino. Como resultado de estos agravantes, el erario Real había llegado también a un estado deplorable. El hecho mismo de que, se reemplazaran los trabajos habituales por las chicherías, era para los denunciantes la razón por la cual no se tenía cómo sufragar juiciosamente los derechos de alcabalas, diezmos y primicias, cuyos recaudos cada día venían a menos. Como fórmula clave de solución, el párroco de Páramo planteó el reto inaplazable de ocupar económicamente al gran número de personas agrupadas alrededor de esa actividad. Así por ejemplo, las venteras debían tomar el torno de hilar algodón mientras que los "holgazanes" debían aprender oficios útiles.

No muy lejos de allí, en inmediaciones de la parroquia de Oiba, su cura don Mariano de Aldana anotaba una sarta de efectos pecaminosos ligados a las embriagueces, primordialmente entre las gentes dispersas en el área rural: "(…) por estar empleados en este vicio se entregan al ocio, al juego, a la impureza y a toda suerte de maldades, no encontrándose quién se dedique al cultivo de las fertilísimas tierras"⁴⁰. Relató cómo el mercado dominical prácticamente terminaba en libaciones.

Como se observa claramente en muchos de los controles aplicados, el afán de las autoridades fue reprender tanto a los consumidores como a los comercializadores, es decir, a ambas partes se les atribuía algún grado de responsabilidad. Así lo determinó hacia 1785, don José Joaquín García y Rodríguez, alcalde partidario de la parroquia de Chima, en atención al auto implementado por el comisionado del corregidor y justicia mayor de la ciudad de Tunja:

"(…) por estar engolfados en las bebezones y juegos, con miles de diversiones, quedan o han quedado de ir a trabajar a diferentes partes y por este engolfo hacen se sigan graves perjuicios a las gentes a quienes han quedado de asistir con su trabajo, pena de que se castigará así a los dueños de casas o tiendas, como a los tales [en este oficio] con tres días de cepo en esta Real cárcel y una semana de trabajo en obras públicas"⁴¹.

Otro de los debates suscitados en torno a la chicha era la forma de su preparación. Algunos conservaban la tradición indígena de mascar el maíz como fórmula de fermentación, lo cual no fue muy bien visto por las autoridades. Pero más allá de percibir con recelo esta inusual práctica, se registraron muchas otras acusaciones sobre lo antihigiénico de su elaboración, con la supuesta presencia de los más variados e inimaginables elementos muy poco recomendables para la ingestión humana.

En la cédula real del 19 de julio de 1752, dirigida al virrey del Nuevo Reino de Granada, se señaló que las sustancias que se mezclaban eran tan abominables que por decencia se había omitido expresarlas: "(…) llegando a tanto el horror ellos, que según refiere, se deslíen huesos de difuntos con el execrable fin de que sirva para póculos amatorios y para conseguir las vendedoras mayor consumo"⁴². Ante esto, el Rey impartió instrucciones para investigar y adoptar las medidas más eficaces a fin de evitar que siguieran incorporándose elementos extraños al maíz que era la esencia de su composición, aditamentos nocivos a los cuales se les atribuían consecuencias indeseables e incluso mágicas.

En su visita, practicada en 1778 a San Gil, el fiscal Moreno y Escandón mandó a los jueces locales inquirir si a la chicha, preparada en esas tierras, se le añadían sustancias malignas, tal como lo habían denunciado los alcaldes ordinarios y otras personas "amantes del bien público". Si se llegaba a descubrir alguna irregularidad, el funcionario había ordenado proceder inmediatamente contra los fabricantes, destruyéndoles sus "oficinas" y utensilios e imponiéndoles las sanciones correspondientes, "(…) de modo que el público quede satisfecho y los demás escarmentados (…) previniendo a los encargados las reglas que deben observar, así en la composición de dicha bebida como en su expendio para que no se perjudique a la salud, quietud y buen gobierno del público"⁴³. En una misiva dirigida cuatro años más tarde, los alcaldes de la villa le informaron al visitador sobre el balance de las pesquisas que, al final, permitieron detectar y derramar la chicha "dañosa".

Con estupor, el vecino don Francisco de los Reyes confesó su aversión por la singular costumbre que se verificaba en la parroquia de Charalá: "(…) y así continúan con su operación agregándole a este licor el que mascan de la misma materia de que la forman y con lo que fluyen de las humedades de las salivas y humores del cuerpo le añaden para tomarla, y también (según dicen) toman de aquellos paños menores del tiempo menstrual de las mujeres y otras infinitas bascosidades que le agregan"⁴⁴. Ante estas anomalías, las autoridades ordenaron que la preparación sólo debía hacerse con agua, dulce y maíz para que fuera utilizado como fresco omitiendo cualquier clase de hierbas, mascados u otros compuestos que inveteradamente se le venían agregando.

En igual sentido, se le culpaba a la bebida de ser la causante de la inadecuada alimentación de sus adeptos, muchos de los cuales se encontraban en esas ventas en ayunas, apenas cuando el sol se asomaba con sus primeras luces.

En estos testimonios que se acaban de referir, se hallaba inmersa toda una subvaloración de las comidas preparadas en estas tierras americanas, cuyas características e ingredientes no siempre encajaban en lo que los españoles consideraban como civilizado y aceptable⁴⁵.

A los aditamentos denunciados por el vecino charaleño, se les atribuía el origen de muchas enfermedades, como: llagas, bubas, gomas, cotos y, en especial, la lepra⁴⁶, que por ese tiempo tenía ampliamente azotadas las jurisdicciones de Socorro y San Gil, sindicándose por lo tanto a las chicherías de ser zonas especiales de propagación. Estas prevenciones respondían en cierto modo a las concepciones ilustradas sobre la salud vista ahora como un problema colectivo⁴⁷ y a la ansiedad que sentían los españoles por las enfermedades y el contagio.

La prohibición y persecución en torno a las chicherías venía desde la época de los Austrias y hacía parte del endurecimiento de las leyes como una fórmula para intervenir cada vez más la vida privada y cotidiana de los pobladores. Este propósito de propender por un estricto ordenamiento moral de los vasallos, se vio remozado posteriormente bajo el influjo del reformismo borbónico⁴⁸.

Innumerables fueron las medidas tendientes a controlar la producción y el consumo de esta bebida. Esto no hacía más que comprobar las dificultades experimentadas por las autoridades al momento de querer cambiar los hábitos culturales de la sociedad y el temor que ellas sentían ante las consecuencias que podían derivarse de la aplicación de las medidas coercitivas⁴⁹.

De hecho, el descontento popular había empezado a hacerse latente en las últimas décadas del siglo XVIII. En especial, la revuelta de los Comuneros, que tuvo precisamente como epicentro la provincia del Socorro, causó aún mayor temor y prendió las alarmas sobre las implicaciones que sobrevendrían si se perdía el control social. La mirada vigilante de las autoridades se concentró en torno a las chicherías como espacios desde los cuales podían planearse acciones desestabilizadoras del orden político⁵⁰.

En la mencionada cédula real de 1752, el Monarca pidió al gobierno virreinal analizar detalladamente la realidad vivida en sus comarcas y le previno que, si se encontraban sólidos fundamentos para determinar la erradicación definitiva de la chicha, lo podía así concretar para evitar tantas molestias. Para ello, se recomendó observar las medidas dispuestas en la Nueva España con relación al pulque^51*. A las pocas semanas, un fiscal de la Real Audiencia se pronunció reconociendo que, de quitarse esta bebida, "serían gravísimos los daños y especialmente para los infelices indios y criados y alimentados con ello"⁵². Siendo así, el camino que debían seguir las autoridades era tratar de mantener bajo control la situación y mitigar los excesos ligados a la producción y consumo de dicho producto.

Las visitas que practicaban los representantes del poder civil y eclesiástico del Nuevo Reino fueron aprovechadas, entre otras cosas, para adoptar correctivos en contra de los excesos derivados de la chicha. De igual manera, las instancias locales se vieron impelidas a dictar varios autos y bandos para hacer más rigurosa esa vigilancia. Sin embargo, en forma periódica, estos gobernantes tuvieron que acudir a sus superiores al sentirse sin la capacidad suficiente para poder combatir el desborde generado. Así lo hizo entender Moreno y Escandón durante su visita a San Gil, al percatarse de los excesos y escándalos allí suscitados: "(…) que los jueces no pueden remediar porque se les pierde el respeto y se exponen ser insultados, con mal ejemplo y menosprecio de sus empleos"⁵³.

Ante el uso indiscriminado de la bebida y sus repercusiones, una de las políticas retomadas por las reformas de los Borbones y aplicadas con persistencia por parte de los gobernantes, consistió en procurar la congregación de habitantes en poblados siguiendo el estilo español, con lo cual se abrían mejores perspectivas para ejercer autoridad. La idea era impulsar una política urbanizadora y garantizar un control más estricto sobre las gentes que andaban esparcidas y por fuera de la estructura política y social imperante⁵⁴.

Esa fue precisamente la directriz que siguió don Jacinto de Vargas Campuzano en su visita al pueblo indígena de Guane hacia el año de 1670. El siguiente fue el panorama que encontró a su llegada: "(…) le ha constado que algunos indios viven segregados de él [pueblo] y en sus estancias y labranzas de que se origina tener juntas y embriagarse sin que haya quien les vaya a la mano, y también puede resultar el que no vengan a oír misa y a la doctrina cristiana con la puntualidad que deben"⁵⁵.

Ante esta realidad, el funcionario conminó a los desperdigados indios a que en menos de un mes debían abandonar las viviendas que habían improvisado en sus distantes sementeras y que, por lo tanto, tenían que aglutinarse en comunidad y construir sus bohíos en la propia traza urbana en torno a la iglesia.

Por lo visto, esta clase de quejas concernientes a la dispersión de los moradores, no cesaron con el paso del tiempo. Ante las referidas denuncias formuladas en Oiba por el cura Mariano Aldana, este mismo religioso propuso la urgencia de reducir las gentes a población, con lo cual "habría castigo y contención en los vicios". Sólo se contaban en su parroquia 30 casas y 100 chozas de palos, con un censo que había arrojado un total de 4.800 habitantes, dentro de los cuales no se habían incluido a más 1.000 que, según él, andaban refugiados en los montes⁵⁶.

Sin embargo, es preciso aclarar que, aparte del pretexto sobre el incremento de la embriaguez y los desórdenes, había un implícito interés económico para mantener a la gente viviendo en comunidad: a los gobernantes se les facilitaba mucho más la recepción de impuestos y el alimento de las arcas Reales, al tiempo que el estamento clerical avizoraba mayores posibilidades de recaudar las bases de su sustento.

Una de las primeras medidas tendientes a controlar directamente la venta de chicha era a través de la adjudicación de licencias. Desde luego, acceder a estas autorizaciones implicaba la observancia de ciertas normas de funcionamiento. Mediante auto publicado en 1797 por don Apolinar Buenahora y don Diego José Suárez, alcaldes ordinarios de San Gil, se conminó a las chicheras a presentarse en el término de quince días manifestando la licencia con que fabricaban y vendían el licor so pena de privación del oficio. Si en los domingos y demás días festivos se atrevían a abrir sus negocios después de las dos de la tarde, afrontarían una pena de seis días de trabajo en una obra pública⁵⁷.

Diversos fueron los intereses que se tejieron alrededor del otorgamiento de estos permisos. En varias ocasiones, se registraron diferencias de criterio entre los niveles de gobierno, una situación que también fue común observar en la adjudicación de licencias para los establecimientos de juegos de azar⁵⁸.

A finales de siglo, se expuso en Charalá la apremiante necesidad de librar una provisión disponiendo que en la parroquia solo se vendiera el fermento con la debida licencia de modo que la justicia viera más allanado el camino para ejercer su tarea de inspección. Un grupo de vecinos elevó una denuncia contra las autoridades locales por tener ciertos favorecimientos en el otorgamiento de estos permisos a unos pocos que ya gozaban de buenos caudales, ante lo cual se exigió la restitución del libre permiso que los tribunales superiores tenían fijados para todo el Nuevo Reino. El ayuntamiento de la villa del Socorro intervino en este asunto censurando a los alcaldes de dicha parroquia por excederse en su facultad de conferir licencias arbitrariamente a unos cuantos, alejándose de esta forma de lo especificado y mandado por las autoridades superiores⁵⁹.

El creciente proceso de normatización de las chicherías, también debe examinarse dentro del contexto de las políticas fiscales implementadas por la dinastía de los Borbones, orientadas hacia una más eficiente recaudación de impuestos. Fue así como, a fin de contener los estragos inducidos por la bebida, se intentó fijar obligaciones tributarias más altas que desestimularan la inatajable multiplicación de ese negocio. Sin embargo, esa controvertida opción no fue del todo acogida ya que, para tomar una resolución fiscal de ese tipo, se requería del aval de las máximas instancias de gobierno.

Esa fue por lo menos la experiencia que se observó en la ciudad de Santa Fe, en donde la Real Audiencia había proferido un auto el 3 de julio de 1717, imponiéndole a cada una de las 120 tiendas de chicha el pago de una gabela de seis pesos. Pero un concepto jurídico emitido dos décadas más tarde derogó ese tributo, alegando que su implantación era una potestad exclusiva del Monarca mediante expedición de cédula real. En últimas, sólo se dejó que el cabildo cobrara un real a cada local⁶⁰.

No hay que olvidar que las cargas fiscales fueron el principal motivo que prendió el descontento de los Comuneros en la provincia del Socorro hacia el año de 1781. Precisamente, unos años más tarde cuando ya se habían apaciguado estos ánimos insurreccionales, el misionero capuchino Joaquín de Finestrad, enviado en visita pastoral a esa villa, aconsejó que, para promover los adelantos del Nuevo Reino, era conveniente gravar las chicherías, con el propósito de recaudar recursos que serían enfocados hacia la fundación y conservación de escuelas públicas⁶¹. Hasta ahora no se han encontrado indicios de que esa propuesta hubiera sido puesta en práctica y no resulta difícil entender las reservas que seguramente mantenían los mandatarios virreinales para crear nuevos impuestos en un ambiente generalizado de tensión.

Viéndolo desde otra orilla, tampoco hay que desconocer que muchas familias llegaron a basar su sustento en los réditos dejados por estos negocios. Por encima de todos los reproches morales, su administración se convirtió en otra opción más para mantenerse en la estrecha y fluctuante economía de la época. Desde luego, era lógico esperar que las mismas personas dedicadas a este tipo de ventas se resistieran rotundamente a cualquier intención impositiva. Hacia 1790, doce de los principales fabricantes de chicha en El Socorro, pidieron al cabildo que no se gravara el licor con una nueva tributación⁶².

Otra serie de iniciativas tenían que ver con la implementación de restricciones espaciales y temporales a la comercialización de la bebida, con lo cual se pretendía facilitar las labores de control y vigilancia de las autoridades. Dentro de esas medidas, se buscó regular la venta en sitios fijados con antelación.

En muchas de esas acciones policivas era normal irrumpir abruptamente en las casas, lo cual originó en ciertas ocasiones la protesta airada de sus residentes. Las autoridades no solo se contentaban con observar e inspeccionar el diario acontecer en las calles y plazas sino que también tenían una mayor injerencia en la vida privada, toda vez que este ámbito era visto con suma desconfianza en la medida en que podía turbar la paz social⁶³. Las ya mencionadas autoridades de Simacota no dudaron en aplicar restricciones a la comercialización de la chicha. Así lo estipularon mediante el siguiente auto publicado para el bienestar y sosiego de sus habitantes:

"(…) mandamos que las personas que osaren vender chicha en el lugar, no la vendan en las casas sino en la plaza pública de esta parroquia, y en acabándose la chicha de la plaza no se venda en casa ninguna, lo que cumplirán so pena de cuatro pesos a los capaces de multa pecuniaria y a los no capaces pena de cincuenta azotes, y en la misma conformidad, ninguno sea osado a hacer chicha en las estancias ni caminos Reales, lo que cumplirán bajo la misma pena arriba dicha"⁶⁴.

Durante su visita a San Gil, el fiscal Moreno y Escandón, consciente de la imposibilidad de decretar la abolición de la bebida por ser aún permitida su fábrica, planteó la necesidad impostergable de circunscribir la ubicación de los puestos de venta, atendiendo para ello unos parámetros muy específicos: "(…) se discurrirá por el cabildo, justicia y regimiento los arbitrios que el amor a la patria y su celo les dictasen para que sin perjuicio de lo justo se limite al número de chicherías al que parezca suficiente a la población y su abasto como también los sitios y lugares donde hubieren de establecerse, previniendo a los encargados las reglas que deben observar, así en la composición de dicha bebida como en su expendio"⁶⁵.

A los pocos años, las autoridades de la villa notificaron al visitador que, en atención a sus dictámenes, habían llevado a cabo las diligencias conducentes para reintegrar a sus estancias a aquellas personas entregadas al vicio y dedicadas a causar alborotos⁶⁶. El propio virrey refrendó estas gestiones y recomendó proceder conforme a la ley proveyendo los autos de buen gobierno que permitieran frenar los abusos.

Hacia 1785 las autoridades de la parroquia de Chima decretaron la veda para la venta de chicha en las estancias, a menos que mediara una autorización previa de la justicia. El que quebrantara esta norma, sería puesto en prisión y en el cepo por el término de ocho días y, adicionalmente, debía compensar todos los perjuicios que resultaran de su desobediencia⁶⁷.

La mirada inquisidora también apuntó hacia las pulperías como sitios de expendio. En 1776, el cabildo de la villa del Socorro promulgó un auto, en el que censuraba la abundancia de tiendas a cargo de hombres ociosos y de dudosas calidades morales, ante lo cual se exigió arreglar estos negocios en cada cuadra y tomar las precauciones del caso para asegurarse de que sus propietarios fueran hombres honrados y reconocidos, todo esto con el objeto de evitar los muchos incidentes y ofensas a Dios que tenían tan ocupados a los jueces locales⁶⁸. Cabe precisar además que estas acciones restrictivas no sólo afectaban a los vendedores y consumidores. Los arrendadores de los locales donde funcionaban esos negocios también veían lesionados sus intereses económicos. Paralelamente a la intención de procurar que las ventas se ubicaran en sitios previamente establecidos, una de las determinaciones más recurrentes y polémicas fue la reducción del número de chicherías. Ya desde las postrimerías del siglo XVII, la Real Audiencia había estipulado medidas con miras a aplacar la desbordada cantidad de estos establecimientos en la ciudad de Santa Fe⁶⁹.

El negocio había llegado a niveles insospechados alcanzando a invadir campos y ciudades. Algunos de esos establecimientos se ubicaron en los arrabales pero también llegaron a localizarse en céntricas calles.

En la región objeto de este estudio, la elaborada red de caminos que conectaban los más de treinta poblados españoles -entre ciudades, villas y parroquias-, generaba la infraestructura propicia para el intercambio comercial. Artesanos, agricultores y negociantes que transitaban entre el ámbito rural y el urbano, creaban así un ambiente caracterizado por una intensa vida social⁷⁰, cuya máxima expresión eran los días de mercado y los días de fiesta. Estas condiciones, insertas en un contexto de crecimiento demográfico, pudieron servir de estímulo para el establecimiento de espacios de encuentro, como es el caso de las chicherías.

El cura don Marcos José Moreno de la Parra se refirió a la insostenible situación que se experimentaba en la parroquia de Páramo a finales de siglo: "(…) pues me aseguran que no bajan de cincuenta ventas (de chicha) en este corto lugar que pocas más de cien casas será su población"⁷¹. En el campo, por ejemplo, se revelaba que cada tres o cuatro cuadras se hallaba una despensa con suma aglomeración de viandantes. Por lo general, cada uno de esos negocios estaba conformado por la respectiva dueña, tres o cuatro mujeres ocupadas en la preparación y una cuadrilla de hombres dedicados a la conducción del agua y demás oficios complementarios.

Según estimativos del cura de Bucaramanga, en 1800 había instaladas en su jurisdicción nueve tiendas de pulpería y doce chicherías, en momentos en que en esa parroquia no se contaban más que 75 casas de techo de teja⁷². No en vano, dos años después el mismo religioso comentaba al gobernador de la provincia su preocupación por la fuerte inclinación de sus feligreses a la embriaguez⁷³. Esta proliferación, que se verificó con más fuerza hacia las postreras décadas del período de dominio indiano, da alguna idea de las complicaciones y del fracaso de las autoridades para tratar de contener su avance.

Pero quizás la alternativa más usual, impuesta por las reformas Ilustradas, fue la limitación de horarios para las chicherías, lo cual implicó la programación de rondas nocturnas para cerciorarse de que esa decisión fuera debidamente acatada. Los propios arzobispos de Santa Fe, entre los que se cuentan don Bartolomé Lobo Guerrero en 1606 y casi un siglo después don Pedro Felipe de Azúa, renovaron la norma que ordenaba cerrar en los domingos y días de fiesta las pulperías en que se vendía chicha a indios y gentes del común, por los daños materiales y espirituales provocados por su inmoderado consumo, quedando muchos sin oír misa y sin recibir los santos sacramentos. Hacia 1770, don Nicolás Ortiz y don Juan Ignacio Mejía, alcaldes foráneos y jueces ordinarios de Simacota, dispusieron que todos debían recogerse en sus casas después de escuchar las campanadas de la queda, así como mantener clausuradas las tiendas so pena de ocho reales, dos días de cárcel y veinticinco azotes⁷⁴.

Ante los reiterados desórdenes cometidos por "el vulgo y la gente de inferior clase" de Tequia, el visitador Moreno y Escandón resolvió cerrar a la hora de la queda las tabernas y los sitios donde se fabricaba la chicha y acudían asiduamente los consumidores. Asimismo, se previno a los dueños de estos establecimientos que ellos serían los directamente responsables ante cualquier contravención⁷⁵.

En un bando expedido en Santa Fe por la Real Audiencia el 8 de marzo de 1782, en respuesta a los recientes hechos protagonizados por los Comuneros y, en procura de la paz y la "subordinación debida al Soberano", se criticó la ociosidad que causaba el exceso de la bebida al ser perjudicial para la salud y el alma. Se ordenó cerrar las pulperías y las chicherías a las ocho de la noche sin que se admitiera ningún tipo de excesos. Después de esta hora, serían rotas las múcuras y se les prohibiría a los chicheros vender y, en caso de reincidencia, serían desterrados de la capital⁷⁶.

Para analizar mucho más de cerca las hondas repercusiones sociales, que giraron en torno a este tipo de medidas prohibitivas, vale ampliar aquí el caso sucedido en las parroquias de Páramo y Charalá hacia el año de 1796, en donde además se pudo advertir la falta de coherencia entre los diferentes niveles de gobierno.

Las autoridades de esos dos lugares recogieron el testimonio juramentado de varios vecinos "nobles y de reconocida honestidad", a quienes se les aplicó un extenso interrogatorio de doce puntos. Dos ex-alcaldes se encargaron de señalar cómo la mayor parte de los moradores andaban sumidos en el vicio sin respetar la hora de la quieta. Mestizos, criados, esclavos e incluso personas distinguidas mostraban su afición a la bebida. Se decía que hasta familias enteras paraban en esos establecimientos sin ningún reato y en contra de todos los principios cristianos. Pero una denuncia particularmente inquietante era la asistencia de niños y jóvenes, muchas veces en compañía de sus propios padres o con la aquiescencia de ellos, aprendiendo desde tierna edad el gusto por la bebida y las costumbres que allí se predicaban. Uno de los parroquianos acotó a este respecto: "(…) hoy los niños apenas nacen cuando en lugar del pecho tienen la totuma o vasija con este licor y así se ve en la edad pueril dislocado el sentido, ya ejecutando atrocidades"⁷⁷. Esto, según se decía, era ocasión para que los pequeños desertaran de sus escuelas.

En la totalidad de las declaraciones, quedó plasmada la preocupación ante la proliferación de las chicherías, situación que para concepto de algunos se había vuelto prácticamente irremediable. Se rotulaban estos sitios como focos de violencia en donde confluían corrillos de gentes, protagonizando toda suerte de afrentas contra la tranquilidad y la moral pública: deshonras, heridas, muertes, robos, discordias, fornicaciones, agresiones sexuales, adulterios, incestos, reniegos contra Dios, groserías, injurias y hasta cantares deshonestos por las calles.

Los alcaldes se declararon incapaces y hasta inermes para controlar los desafueros estimulados por el consumo de la poción. Denunciaron ultrajes y desobediencias alegando que, debido al temor campeante, no había siquiera quien acompañara y protegiera a los jueces en el desarrollo de sus diligencias. Se decía que hasta los hombres notables y de buena reputación se abstenían de salir de sus casas o venir a la parroquia el día de fiesta en prevención de hallarse en medio de las continuas pendencias de embriagueces. Estas eran las circunstancias por las cuales se explicaba el caos y la impunidad que reinaba en ese tiempo, con el agravante de que los culpables no siempre recibían castigos ejemplarizantes. Algunos, que alcanzaban a ser retenidos, lograban con facilidad huir de las precarias cárceles para seguir en sus relajadas andanzas.

De igual forma, el estamento eclesiástico aprovechó la oportunidad para dejar constancia de su repudio. Sus propios representantes sentían que eran motivo de desprecio y que tampoco se les respetaba ni reverenciaba como era la usanza. El cura de Charalá don Luis Fernando Sarmiento Otero relató una ocasión en la que se dirigía a atender religiosamente a un moribundo y tuvo el infortunio de tropezarse con una calle colmada de borrachos y, sin tener por dónde transitar, no tuvo más remedio que devolverse, desconcertado por no haber podido administrar los oficios divinos ante la continua zozobra. Los templos, según señalaba este religioso, tampoco se escapaban a la descompostura de quienes concurrían al culto en estado de ebriedad causando insolencias y hasta vomitando en esos sitios sagrados. Otra de las remarcadas críticas era que la chicha obstruía el feliz cumplimiento de las devotas obligaciones. Así lo hizo saber Sarmiento en una misiva enviada al virrey:

"(…) en mis pláticas doctrinales que todos los domingos hago a mis feligreses, les he requerido y amorosamente aconsejado se abstengan del uso de este licor (…) Nada de esto ha sido bastante para su remedio, todo ha sido azotar con mis palabras el aire; pues engreídos los unos en la fábrica de este licor y los otros en consumirle, faltan enteramente al cumplimiento de los preceptos de la misa en los días del anual de confesión y comunión, y a la atención de sus obligaciones en que se hallan constituidos. Siendo lo más lamentable el que debiendo los padres de familia instruir a sus hijos en los dogmas de nuestra santa fe y buenas costumbres, criándolos en santo temor de Dios, y no ejecutándolo por sí, les hagan asistir a que sean instruidos en la doctrina cristiana que todos los domingos se enseña en esta santa iglesia, antes bien sean los que los guíen para caer en la fosa, llevándolos tras sí aquellas tiernecitas plantas a que beban el veneno de su perdición"⁷⁸.

Algunas voces llegaron incluso a sugerir la eliminación definitiva de la bebida y se habló de lo imperioso que resultaba fijar penas más estrictas que permitieran restaurar en esas latitudes las buenas costumbres.

En respuesta a estas inquietudes, el fiscal de la Real Audiencia don José Antonio Berrío precisó que, ante la imposibilidad de la abolición absoluta, se ordenaba a los jueces locales para que con toda firmeza persiguieran a las gentes holgazanas que no tenían otro entretenimiento que la bebida. Se exigió poner freno a las bebezones excesivas y escandalosas, en especial, en los días festivos. Asimismo, se dispuso la inmediata construcción de cárceles para suplir las deficiencias formuladas. Berrío remarcó lo inconveniente y peligroso que resultaba la suspensión definitiva o la limitación súbita. Según él, lo que se pretendía era disminuir gradualmente el número inmoderado de chicherías, teniendo como fundamento para esta decisión el impacto que ocasionaría en la considerable proporción de gentes dedicadas a su fábrica.

Sin embargo, a los pocos días, los alcaldes partidarios de Charalá, don José Marcelino Berbeo y don José Clemente Reyes, expidieron en forma unilateral un auto, en el que terminaron excediéndose en las recomendaciones dictaminadas por sus superiores, al tomar la enérgica determinación de cerrar todas las ventas, a excepción de unas seis o siete. Se les notificó oficialmente a los habitantes de la parroquia que en lo sucesivo nadie podía elaborar en casa propia o ajena este licor para la venta sin previo aval. Para el consumo, sólo se otorgaría licencia para los viandantes y trabajadores mientras que los productores autorizados debían demostrar arreglada conducta y limpieza.

Las ventas debían funcionar únicamente hasta las seis de la tarde sin permitir juegos ni tampoco la prolongada permanencia de consumidores, quienes estarían instados en adelante a seguir inmediatamente a sus destinos y ocupaciones y, si por algún motivo se llegaba a sorprender a alguien en esas libaciones, sería conducido a prisión. Igual suerte correría el dueño de la casa por permitirlo, por cuya complicidad estaría además de todo conminado a responder por cualquier perjuicio que resultare. A las mujeres "vagas", que fueran descubiertas en dichas bodegas, también serían puestas tras las rejas hasta que en un plazo no mayor de ocho días fueran concertadas con algún patrón.

Estas severas disposiciones no tardaron en despertar inconformidades entre quienes se sintieron directamente vulnerados. Don Juan Florencio Díaz, por sí y en nombre de diez feligreses más de la parroquia, acudió ante el cabildo de la villa del Socorro a sentar su voz de protesta, por cuanto la comercialización de la bebida representaba para ellos la oportunidad de apaciguar sus miserias y el beneficio del sustento diario y el de sus familias.

Los mismos alcaldes partidarios de Charalá no vacilaron en denunciar las represalias que contra ellos pretendían infligir los ofendidos chicheros con el apoyo del alcalde de segundo voto: "(…) profiriendo que si nosotros los mandamos, registramos o impedimos su venta, nos han de ahogar en las ures y bañarnos con la chicha, y lo mismo al cura si intenta contenerlos, y como les sea fácil ejecutar sus amenazas con el auxilio que tienen de los vagabundos y protección de cabildo, tememos exponernos al peligro y que se originen mayores daños e inconvenientes"⁷⁹.

El recibimiento de estas inquietudes alentó al ayuntamiento del Socorro a llamarles la atención a las autoridades charaleñas, por no haber puesto previamente en consideración de ese órgano el auto publicado a nivel local. Por su parte, el síndico procurador general Joaquín de Vega intercedió también a favor de los descontentos venteros, corroborando el fallo expedido por los regidores socorranos. Según esa instancia superior, era totalmente improcedente el bando emitido, ya que si el Monarca no había contemplado tal restricción, los gobernantes de ese lugar no tenían la potestad para hacerlo, por cuanto esa bebida era "de gran consuelo y principal sustento para los que no alcanzan a comprar carne".

En su pronunciamiento, el abogado defensor enfatizó las bondades de la chicha, especialmente como alimento de los menos favorecidos llegándose incluso a preferir su consumo por encima del líquido natural:

"La mayor parte de Charalá y de toda esta jurisdicción es pobre jornalera. El único sustento que se les proporciona a lo agrio y riguroso del temperamento es la chicha, pues sólo ésta es capaz de darles algún vigor y fortaleza para repararles las fuerzas, el desfallecimiento y debilidad que les causa el sudor continuo y copioso cuando están en el trabajo, lo que no conseguirían tomando el agua pura, pues del uso de ésta hay experiencia que les causa resfrío y les corta el esfuerzo. Y así, el restringirla en los términos que pretenden los alcaldes de Charalá será causa de aumentar las enfermedades, de impedir la labor y trabajo, y en una palabra, de destruir a los pobres que se alimentan de ella"⁸⁰.

De manera contundente, el funcionario sentenció que, el hecho de haber comprobado que algunos hombres se emborrachaban y cometían escándalos, no era motivo suficiente para privar o entorpecer en forma tan extrema la producción de la bebida. En síntesis, lo que se quería hacer entender era que el proceder de los mandatarios locales sólo debía circunscribirse a impedir los excesos y mitigar judicialmente las consecuentes intemperancias.

Si hay una bebida que haya despertado las más variadas y divergentes pasiones, esa fue precisamente la chicha. A manera de corolario, vale la pena resaltar la importancia de ver la problemática de la chicha desde distintas aristas y evitar de esta forma enfoques reduccionistas, que en nada contribuyen a desentrañar su abigarrada realidad. Lo cierto es que, a través del devenir histórico de ese compuesto líquido, ha sido posible develar todo un trasfondo social, económico, político y moral. Allí se pudieron vislumbrar los más variados intereses y contrastes en una sociedad tan segmentada. Para los sectores bajos: alimento, fortaleza y placer; para las autoridades y los nobles señores: fraude fiscal, pecado y perdición.

En términos generales, no fueron muy afortunadas las estrategias diseñadas para contrarrestar su consumo. En últimas, el complejo panorama asociado a este producto desbordaba la capacidad de respuesta de los gobernantes y los convenció de la necesidad de sopesar consideraciones sociales frente a los fuertes intereses fiscales.

Finalmente, y pese a los motivos esgrimidos en forma reiterada y vehemente, la Corona nunca se atrevió a decretar la prohibición perpetua. Aún cuando a primera vista esta radical medida era ponderada por muchos como la más acertada, pesaba mucho más el hecho de que la chicha se había convertido en la salvación para las familias humildes que sobrevivían a expensas de los réditos que les dejaba ese negocio.

Aún en los estertores del período de dominio indiano, las autoridades seguirían viéndose incapaces de desterrar esa inveterada costumbre. La batalla continuaría desenvolviéndose mucho más allá de inaugurado el período republicano.

¹ LLANO RESTREPO, María Clara y CAMPUZANO CIFUENTES, Marcela, La chicha, una bebida fermentada a través de la historia, Bogotá, Cerec-Instituto Colombiano de Antropología, 1994, pp. 27-43; ESTRELLA, Eduardo, "La función social del beber en los pueblos andinos prehispánicos", en Anuario de Estudios Americanos, Vol. 50, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-americanos, 1993, pp. 45-58.

² "Constituciones Sinodales del Sínodo de 1606, celebrado por don Bartolomé Lobo Guerrero", en Revista Ecclesiástica Xaveriana, Vol. V, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 1955, p. 176.

³ VARGAS LESMES, Julián, La Sociedad de Santa Fe Colonial, Bogotá, Cinep, 1990, p. 373.

⁴ Ibid., p. 380.

⁵ BEJARANO, Jorge, La derrota de un vicio. Origen e historia de la chicha, Bogotá, Editorial Iqueima, 1950, p. 25.

⁶ COLMENARES, Germán (comp.), Relaciones e Informes de los Gobernantes de la Nueva Granada, t. I, Bogotá, Biblioteca Banco Popular, 1989, p. 257.

⁷ Gran Atlas y Geografía de Colombia, Bogotá, Intermedio Editores, 2004, p. 168.

⁸ RODRÍGUEZ CUENCA, José Vicente, Los Chibchas: pobladores antiguos de los Andes orientales. Adaptaciones bioculturales, Bogotá, Banco de la República, 1999, pp. 31-36.

⁹ MARTÍNEZ GARNICA, Armando, GUTIÉRREZ RAMOS, Jairo y Amado Antonio GUERRERO RINCÓN, "Las categorías jurídicas de los procesos de poblamiento en la región santandereana", en Anuario de Historia Regional y de las Fronteras, Vol. 1, Bucaramanga, Universidad Industrial de Santander, 1995, pp. 123-124.

¹⁰ FERNÁNDEZ DE PIEDRAHÍTA, Lucas, Historia General del Nuevo Reino de Granada, t. II, Bogotá, Editorial ABC, 1942, p. 191.

¹¹ Según el cronista fray Pedro Simón, en la segunda década del siglo XVII solo quedaban en el territorio de los guanes mil seiscientos indios de encomienda mientras que a la llegada de los españoles existían más de cien mil. SIMÓN, Pedro (fray), Noticias Historiales de las Conquistas de Tierra Firme en las Indias Occidentales, t. IV, Bogotá, Banco Popular, 1981, p. 48. A mediados del siglo XVIII, el cura Basilio Vicente de Oviedo precisó cómo en la jurisdicción de San Gil subsistían unas pocas aldeas en las que escasamente se contaban 200 indios mientras que en el pasado la cifra de radicados en los pueblos de Guane, Chanchón, Charalá y Oiba, bordeaba el millar. OVIEDO, Basilio Vicente de, Cualidades y Riquezas del Nuevo Reino de Granada, Bucaramanga, Imprenta Departamental de Santander, 1990, p. 169.

¹² OVIEDO, Basilio Vicente de, Cualidades y Riquezas, p. 169.

¹³ Archivo General de la Nación (AGN), Sección Colonia, Fondo Censos Redimibles-Varios Departamentos, t. 6, ff. 261r, 365r, 367r (Girón, San Gil, Socorro, Vélez, 1778).

¹⁴ En su descripción sobre la populosa villa del Socorro, el cura De Oviedo no vaciló en considerarla como el curato más cuantioso de todo el arzobispado, incluso con rentas superiores al obispado de Santa Marta, véase: OVIEDO, Basilio Vicente de, Cualidades y Riquezas, p. 233. Años más tarde, otros observadores como el intelectual sangileño Pedro Fermín de Vargas, corroboraron los adelantos de la región. Al respecto, véase: VARGAS, Pedro Fermín de, Pensamientos políticos y Memoria sobre la población del Nuevo Reino de Granada, Bogotá, Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, 1944, pp. 55, 100.

¹⁵ Este proceso fue adelantado en 1778 en el nororiente del Nuevo Reino de Granada por el fiscal Francisco Antonio Moreno y Escandón, después de cuyas diligencias solo sobrevivieron tres resguardos indígenas. Véase: MARTÍNEZ GARNICA, Armando, El Régimen del Resguardo en Santander, Bucaramanga, Gobernación de Santander, 1994, pp. 5-31.

¹⁶ Archivo General de la Nación (Bogotá. En adelante AGN). S. Colonia, F. Caciques e Indios, t. 45, f. 732v (Oiba, 1759).

¹⁷ AGN, S. Colonia, F. Visitas de Santander, t. 2, f. 866v (Barichara, 1778).

¹⁸ AGN, S. Colonia, F. Caciques e Indios, t. 38, f. 814r (Curití, 1801).

¹⁹ Archivo Historia Regional UIS (Bucaramanga. En adelante AHR), F. Archivo Notarial de Girón, t. 22, f. 139v y t. 25, f. 163r (Girón, 1800).

²⁰ OVIEDO, Basilio Vicente de, Cualidades y Riquezas, p. 222.

²¹ Sobre el alcance de este compendio normativo, véase: MÖRNER, Magnus, "Las comunidades de indígenas y la legislación segregacionista en el Nuevo Reino de Granada", en Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, No. 1, Bogotá, Universidad Nacional, 1963, pp. 63-88.

²² AGN, S. Colonia, F. Visitas de Boyacá, t. 2, f. 993r (Oiba, 1802).

²³ Fue tan inusitado el crecimiento de los mestizos que se creó una población flotante que muchas veces debió trasegar por campos y ciudades en busca del sustento ya que la precaria economía neogranadina no alcanzaba a asimilarlos y ubicarlos en alguna tarea. Por esta razón, no es extraño escuchar de las autoridades frecuentes quejas sobre la presencia de gentes vagas y ociosas sin una ocupación estable. Véase: ÁLVAREZ M., Víctor, "Mestizos y mestizaje en la Colonia", en Revista Fronteras, No. 1, Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 1997, pp. 78-85; COLMENARES, Germán, Historia Económica y Social de Colombia, t. 1, Santa Fe de Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1997, p. 447.

²⁴ FINESTRAD, Joaquín de, El Vasallo Instruido en el Estado del Nuevo Reino de Granada y en sus respectivas obligaciones, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2000, pp. 136-137.

²⁵ OVIEDO, Basilio Vicente de, Cualidades y Riquezas, p. 220.

²⁶ AGN, S. Colonia, F. Miscelánea, t. 138, ff. 778r-779r (Socorro, 1808).

²⁷ Ibídem.

²⁸ Para un análisis más profundo de estas políticas véase: LYNCH, John, "El Reformismo Borbónico en Hispanoamérica", en El Reformismo Borbónico: una visión interdisciplinaria, Madrid, Alianza Editorial, 1996, pp. 37-59.

²⁹ PHELAN, John Leddy, El Pueblo y el Rey. La Revolución Comunera en Colombia, 1781, 2^a edición en español, Bogotá, Editorial Universidad del Rosario, 2009, pp. 44-45.

³⁰ COLMENARES, Germán, Historia Económica y Social, p. 229.

³¹ MORA DE TOVAR, Gilma Lucía, "Chicha, guarapo y presión fiscal en la sociedad colonial del siglo XVIII", en Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, No. 16-17, Bogotá, Universidad Nacional, 1988, p. 22.

³² AGN, S. Colonia, F. Negros y Esclavos de Santander, t. 4, ff. 29v-41r (Vélez, 1736).

³³ AGN, S. Colonia, F. Visitas de Santander, t. 2, f. 866v (Guane, 1778).

³⁴ AGN, S. Colonia, F. Aguardientes de Boyacá, t. 1, ff. 144r-152v (Charalá, 1786).

³⁵ Ibid., ff. 153r-156v.

³⁶ ALZATE ECHEVERRI, Adriana María, "La chicha, entre bálsamo y veneno. Contribución al estudio del vino amarillo en la región central del Nuevo Reino de Granada, siglo XVIII", en Historia y Sociedad, No. 12, Medellín, Universidad Nacional, 2006, p. 166.

³⁷ CHIARAMONTE, José Carlos (comp.), Pensamiento de la Ilustración. Economía y sociedad iberoamericanas en el siglo XVIII, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1979, p. XXIV.

³⁸ OVIEDO, Basilio Vicente de, Cualidades y Riquezas, pp. 220-221.

³⁹ AGN, S. Archivo Anexo, F. Historia, t. 3, f. 682v (Charalá, 1796).

⁴⁰ AGN, S. Colonia, F. Visitas de Boyacá, t. 2, f. 993r (Oiba, 1802).

⁴¹ BÁEZ, Enrique (fray), La Orden Dominicana en Colombia, Paipa, obra inédita, 1950, t. XV, p. 213.

⁴² Biblioteca Nacional de Colombia, F. Manuscritos, libro 354, pieza 2, ff. 9v-10r (Santa Fe, 1752).

⁴³ AGN, S. Colonia, F. Mejoras Materiales, t. 8, ff. 214r-215r (San Gil, 1778).

⁴⁴ AGN, S. Archivo Anexo, F. Historia, t. 3, f. 685r (Charalá, 1796).

⁴⁵ SALDARRIAGA, Gregorio, "Subvaloración de la tierra y de su alimentación", en CHICANGANA-BAYONA, Yobenj Aucardo (comp.), Historia, cultura y sociedad colonial, siglos XVI-XVIII, Medellín, La Carreta Editores, 2008, p. 122.

⁴⁶ Según los médicos de la época, la expansión de la lepra en estos territorios del nororiente neogranadino se dio por cuenta de las costumbres incorrectas de higiene como el uso de manufacturas producidas por artesanos enfermos, el compartir las vasijas de chicha o por efectos de la promiscuidad sexual. Solo hasta 1784 se aprobó la creación de un lazareto en el sitio Regadillo, ubicado en la provincia del Socorro. PÉREZ PINZÓN, Luis Rubén, "La lepra en Santander: tratamientos y maltratamientos históricos", en Anuario de Historia Regional y de las Fronteras, Vol. X, Bucaramanga, Universidad Industrial de Santander, 2005, p. 218.

⁴⁷ ALZATE ECHEVERRI, Adriana María, Suciedad y orden. Reformas sanitarias borbónicas en la Nueva Granada 1760-1810, Bogotá, Editorial Universidad de Antioquia, 2007, pp. 24-26.

⁴⁸ GUIMERÁ, Agustín (ed.), El Reformismo Borbónico: una visión interdisciplinaria, Madrid, Alianza Editorial, 1996, pp. 37-59.

⁴⁹ ALZATE ECHEVERRI, Adriana María, "La chicha", p. 169.

⁵⁰ Este temor se generalizó a comienzos de la siguiente centuria, en tiempos de las guerras de Independencia, cuando las autoridades aumentaron las alertas en torno al uso de la bebida como arma de guerra. Sobre este asunto, vale recordar el caso ocurrido en Sogamoso cuando se registró el envenenamiento de un grupo de soldados republicanos, ante lo cual el general Simón Bolívar ordenó adelantar investigaciones que comprometieron seriamente a las vendedoras de chicha. AGN, S. República, F. Secretaría de Guerra y Marina, t. 325, ff. 493r-496v (Sogamoso, 1820).

⁵¹ Bebida alcohólica de origen indígena obtenida de la savia del maguey.

⁵² AGN, S. Archivo Anexo, F. Reales Cédulas y Órdenes, t. 14, f. 408v (Santa Fe, 1752).

⁵³ AGN, S. Colonia, F. Mejoras Materiales, t. 8, ff. 214r-215r (San Gil, 1778).

⁵⁴ CONDE CALDERÓN, Jorge, Espacio, sociedad y conflicto en la provincia de Cartagena: 1740-1815, Barranquilla, Ediciones Universidad del Atlántico, 1999, pp. 56-58.

⁵⁵ AGN, S. Colonia, F. Visitas de Santander, t. 10, f. 719r (Guane, 1670).

⁵⁶ AGN, S. Colonia, F. Visitas de Boyacá, t. 2, ff. 992v-999v (Oiba, 1802).

⁵⁷ Archivo General Municipal de la Alcaldía de San Gil (AGMSG), F. Administración Municipal de San Gil, caja 9, documento 40, f. 24v (San Gil, 1797).

⁵⁸ Sobre este asunto, véase: PITA PICO, Roger, "Tahúres y apuestas en el Santander colonial: entre la lúdica y el control social", en Estudio, No. 338, Bucaramanga, Academia de Historia de Santander, 2009, pp. 50-76.

⁵⁹ AGN, S. Archivo Anexo, F. Historia, t. 3, ff. 688r-705v (Charalá, 1796).

⁶⁰ AGN, S. Colonia, F. Policía, t. 3, f. 603v (Santa Fe, 1717).

⁶¹ FINESTRAD, Joaquín de, El Vasallo Instruido, p. 157.

⁶² Casa de la Cultura del Socorro Horacio Rodríguez Plata, F. Archivo Notarial del Socorro, t. 28, f. 121r (Socorro, 1790).

⁶³ VIQUEIRA ALBÁN, Juan Pedro, Relajados o reprimidos, México, Fondo de Cultura Económica, 1987, p. 136.

⁶⁴ BÁEZ, Enrique (fray), La Orden Dominicana, t. XV, p. 668.

⁶⁵ AGN, S. Colonia, F. Mejoras Materiales, t. 8, ff. 214r-215r (San Gil, 1778).

⁶⁶ AGN, S. Colonia, F. Policía, t. 5, f. 707v (San Gil, 1782).

⁶⁷ BÁEZ, Enrique (fray), La Orden Dominicana, t. XV, p. 213.

⁶⁸ Casa de la Cultura del Socorro Horacio Rodríguez Plata (Socorro CCS), F. Archivo Notarial del Socorro, t. 20, f. 480v (Socorro, 1776).

⁶⁹ LLANO, CAMPUZANO, La chicha, p. 58.

⁷⁰ GUZMÁN, Ángela, Poblamiento y Urbanismo colonial en Santander, Bogotá, Universidad Nacional, 1987, p. 79.

⁷¹ AGN, S. Archivo Anexo, F. Historia, t. 3, f. 703v (Páramo, 1796).

⁷² MARTÍNEZ GARNICA, Armando, La población de Bucaramanga durante el tiempo de Eloy Valenzuela (1786-1834), Bucaramanga, Universidad Industrial de Santander, 1990, pp. 10-11.

⁷³ AGN, S. Colonia, F. Poblaciones de Santander, t. 2, f. 445v (Bucaramanga, 1802).

⁷⁴ BÁEZ, La Orden Dominicana, t. XVI, p. 668.

⁷⁵ AGN, S. Colonia, F. Visitas de Santander, t. 4, f. 943v (Tequia, 1778).

⁷⁶ AGN, S. Archivo Anexo, F. Gobierno Civil, t. 10, f. 250r (Santa Fe, 1782).

⁷⁷ AGN, S. Archivo Anexo, F. Historia, t. 3, f. 684r (Charalá, 1796).

⁷⁸ Ibíd., f. 705r.

⁷⁹ Ibíd., f. 688r.

⁸⁰ Ibíd., f. 737r.

Fuentes primarias

Archivos

Archivo General de la Nación, Bogotá (AGN), Sección Colonia, Fondos: Aguardientes de Boyacá, Caciques e Indios, Censos Redimibles-Varios Departamentos, Gobierno Civil, Historia, Mejoras Materiales, Miscelánea, Negros y Esclavos de Santander, Poblaciones de Santander, Policía, Reales Cédulas y Órdenes, Secretaría de Guerra y Marina, Visitas de Boyacá, Visitas de Santander.

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Impresas

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Fuentes secundarias

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FECHA DE RECEPCIÓN: 19/02/2012
FECHA DE APROBACIÓN: 25/07/2012