David Felipe Sánchez Ruiz^*

^* Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia.

El informe que el Grupo de Memoria Histórica presentó el pasado año puede entenderse como una necesidad más allá del campo de lo historiográfico. Es una denuncia, un recuadro que busca mostrar al país su realidad, cruda y sinvergüenza, y que por rendijas busca no caer en el olvido. No es solo un diagnóstico de la situación de violencia y victimización que ha sufrido el país; es la impronta de una realidad que tiene rostros y experiencias. En este sentido, el informe es válido y necesario para este país y requiere toda la atención de la opinión pública y no solo de la comunidad de historiadores.

Con este informe el Grupo de Memoria Histórica se acerca al cometido por el cual fue establecido, que según el mismo organismo, es el de identificar "las razones para el surgimiento y evolución de los grupos armados ilegales"¹ y en extensión a este objetivo, recuperar la memoria de las víctimas que la misma violencia ha dejado a su paso. Aporta además a la comprensión más global del conflicto que ya había indagado para casos particulares en informes sobre masacres, memorias de desplazamiento o despojo, o temáticas de género que anteceden a este. Esfuerzos anteriores en materia de memoria fueron por ejemplo la serie de material gráfico del ¡Nunca más!, compilación de videos sobre el conflicto producido por la antigua de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.

Hay que reconocer la calidad de quienes integran el equipo investigador, con figuras nacionales e internacionales como Gonzalo Sánchez, Fernán Gonzales, Absalón Machado y Daniel Pecault, entre otros. Que haya personalidades tan influyentes en el ámbito académico nacional e internacional actuando en colaboración para esta obra refleja la necesidad, siempre latente en cualquier medio investigativo y académico, de construir una comunidad que permita no solo disertar y debatir, sino unificarse en beneficio de la necesidad conjunta de comprender la sociedad.

De esta forma el contenido de la obra gira en torno a cinco capítulos principales: primero, Una guerra prolongada y degradada: dimensiones y modalidades de la violencia; segundo, los orígenes, las dinámicas y el crecimiento del conflicto armado; el tercero, guerra y justicia en la sociedad colombiana; cuarto, los impactos y los daños causados por el conflicto armado en Colombia; quinto, memorias: la voz de los sobrevivientes. Por último el informe reta su capacidad propositiva en recomendaciones de política pública, donde se presentan algunos lineamientos para una política de paz.

Vale la pena iniciar por donde comienza el libro: sobre los dispositivos y prácticas de la violencia. Resulta interesante observar como el informe presenta, desde el primer capítulo, la cuestión de las modalidades. Al parecer lo que se busca con esta organización del informe es debelar la barbarie de la violencia. Un panorama tan desmoralizador para una sociedad, donde la violencia llega a unos grados tan extremos de sevicia, donde el desprecio por la vida se reafirma con cada hecho y donde el gran perdedor resulta y ha resultado ser la población civil, no puede sino generar una profunda indignación al lector. Es acá donde se puede reconocer el impacto de masacres, secuestros, asesinatos selectivos, plantación de minas, atentados, torturas, violaciones, entre otros varios mecanismos de guerra empleado por los actores armados.

Al parecer esta es la sensación que buscaban proyectar los realizadores del informe pues, a diferencia de otros estudios, la dimensión histórica que contextualiza y presenta un marco temporal es dejada en segundo lugar. La ventaja de este enfoque radica en debelar ya de entrada el funcionamiento de la barbarie y sus dispositivos. Y de la misma barbarie pueden surgir varios interrogantes históricos que no se deben dejar de lado en las próximas investigaciones: ¿qué llevó a que en el conflicto se emplearan sistemáticamente la sevicia y las prácticas inhumanas? y ¿qué diferencia hay a otro conflicto que no degenera en este tipo de dinámicas? Al respecto, es un avance importante para la comprensión del conflicto el reconocer cierta tendencia de modalidades para los grupos armados particulares, como por ejemplo, la distinción en las formas de violencia de los paramilitares, las guerrillas o la fuerza pública.

Respecto a la cuestión de las modalidades, con la lectura queda un sin sabor sobre las formas en que actuaron los grupos que se fundaron alrededor del narcotráfico. Parece un personaje oculto y sin participación en el informe a pesar de que fue un grupo que insidió profundamente en la política. Las relaciones del narcotráfico con los demás grupos armados llevan a pesar el panorama complejo de los actores violentos. Su aparición es un poco más acentuada cuando se habla de atentados terroristas como táctica de guerra, pero no aparece de ninguna forma marcada en los demás. Esto es visible claramente en los cuadros sobre la evolución y el crecimiento de ciertas prácticas violentas; en ninguna de ellas aparecen los grupos de narcotraficantes como un actor claro y especifico a diferencia de las guerrillas, grupos paramilitares y la fuerza pública, que son los tres figurativos. ¿Está el narcotráfico en esa categoría ambigua de "grupo armado no identificado" o de "criminalidad organizada" que participa en las cifras?

Esta crítica sobre la poca visibilidad y complejidad que reviste al narcotráfico puede ser ampliada mucho más si tenemos en cuenta que en el informe no hay una definición clara de "actor armado", y lo que es peor, una explicación clara en donde se defina el "conflicto armado". Esto no debe pasarse por alto y el informe debió ser mucho más definitivo a la hora de llamar a los fenómenos con claridad. ¿El informe toma como "actor armado" a un grupo que tiene un proyecto político? O ¿El conflicto armado es una problemática de "actores armados" claramente delimitados, sin matices y con fronteras borrosas? ¿Cómo delimitar "conflicto armado" y violencia general? No por ello el debate durante la presidencia de Álvaro Uribe, sobre si existía o no un conflicto armado, era de carácter político fundamental para revestir su política de seguridad. Oscurecer el narcotráfico como actor lleva a estas confusiones. La falta de definición permite que el informe genere flaquezas como en el aspecto de las cifras que se anotará al final.

Respecto a la historia como tal del conflicto, que se expone en el segundo capítulo, se presentan cuestiones interesantes. En primer lugar la periodicidad. El informe maneja cuatro periodos principales para analizar el conflicto: el primero, que explica el proceso que llevo a la existencia de guerrillas liberales hasta grupos guerrilleros con tendencia de Izquierda. Frente a lo expuesto en otras obras (pues la mayoría de las fuentes son secundarias para este capítulo) el problema agrario, las reducidas posibilidades de participación política en un sistema democrático y la represión del Estado desde el aspecto militar son causas fundamentales del surgimiento y radicalización de los grupos armados.

La segunda etapa, que es delimitada desde 1982 hasta 1996, da cuenta de un periodo contradictorio, donde luego de una expansión de los grupos guerrilleros y un consecutivo proceso de paz, el ELN y las FARC se abstienen de dejar las armas para abocarse a nuevas estrategias de guerra. Este impulso fue respondido con la conformación de grupos de autodefensa y paramilitares, quienes ingresan como un nuevo actor al conflicto. Como se podía observar en el capítulo precedente, el narcotráfico no entra dentro de esta periodización y, solo en el título, ya se expresa la centralidad de la guerrilla y el paramilitarismo en el análisis.

El tercer periodo se centra en la etapa donde la violencia se expandió de forma impresionante sobre la población civil para los años de 1996 al 2005. Cambió durante este periodo las tácticas de los grupos, redefiniendo estrategias y frentes, adaptando nuevas modalidades de combate o imposición sobre el territorio. Este periodo tiene coherencia histórica, pues además de presentarse los actos más barbaros de violencia y sevicia, los grupos transformaron las dinámicas del conflicto: tanto las guerrillas, en su superación de la guerra de guerrillas a una estrategia orientada al control del territorio; el paramilitarismo, con su estrategia de tierra arrasada y de guerra sucia contra la población, y la fuerza pública, que luego de rotos los diálogos se fortaleció con el plan patriota.

El último periodo corresponde a los dos últimos gobiernos que lograron cambiar el panorama del conflicto colombiano. Frente a los decepcionantes resultados de los diálogos y el crecimiento de nuevas estrategias guerrilleras, la sociedad colombiana se volcó a salidas militares y guerreristas. Al margen, se planeaban negociaciones con los paramilitares. Este periodo representa otra nueva adaptación de los actores: la guerrilla se vuelve a replegar en zonas periféricas, los paramilitares se desmovilizan débilmente y la fuerza pública se fortalece como nunca antes. Este periodo también presenta cierta coherencia histórica para hacer inteligible el conflicto colombiano.

El siguiente capítulo evalúa el desarrollo de la justicia en Colombia. Es importante preguntarse ¿Por qué centrarse en la justicia para un ejercicio histórico sobre el conflicto armado? Aunque no se responde en la introducción al capítulo, es evidente que la justicia aquella que pone frente a la sociedad la responsabilidad sobre sus actos; además de juzgar sus excesos es quien muestra que hay acciones que deben ser repudiadas y jamás repetidas. Como muestra este informe, en Colombia nunca se ha logrado imponer un sistema de justicia que aporte a la finalización del conflicto, y al contrario, ha predominado la impunidad para perpetuarlo.

El análisis permite identificar que la justicia no ha podido hacer frente a las consecuencias de la violencia en general, y que la mayoría de los casos se traducen en impunidad. A pesar de transformaciones del sistema judicial, y de algunos avances en materia de acusación, la mayoría de los casos no terminan por resolverse. Hasta los últimos años se ha visto una preocupación por lo menos en permitir que los actos de violaciones de derechos se conozcan y que las victimas puedan acceder a la verdad que les ha sido negada. Esta reflexión permite pensarse el papel de las instituciones para la consolidación de la paz. La necesidad de un marco que permita el ejercicio de la justicia en un contexto de conflicto ha demostrado ser necesario y los ejercicios de justicia transicional, los programas de verdad justicia y reparación que se han aplicado en los últimos años reflejan que, aunque el reto no es fácil, si tiene ventajas.

Los dos capítulos restantes ponen en el centro del análisis a quienes más han sufrido la guerra en Colombia: las víctimas del conflicto. Hacer un balance de los daños resulta un reto interesante para cualquier investigación. Hay unos que podrían llegar a ser cuantificables, como los daños materiales o la cantidad de tierras o propiedades arrebatadas o destruidas. No obstante la mayoría de daños no son cuantificables ni tangibles; pertenecen al mundo psicológico de las víctimas, de sus cargas, de los fantasmas, los traumas y los recuerdos. El grupo prefirió, por lo menos para el primer acápite, diferenciar las consecuencias de la guerra para las victimas según el hecho victimizante, volviendo a mostrarnos una vez más los macabros dispositivos.

De esta forma volvemos a las modalidades de violencia solo que ahora desde las consecuencias que para las victimas significa. Este análisis psicológico debe ser aplaudido como un esfuerzo por evitar tener una visión maniquea de la víctima y no entender a la violencia como un problema de orden público meramente. Es acá donde descubrimos el dolor, el miedo, la humillación, la incertidumbre y la desorientación. La guerra y en general la historia está cargada de sentimientos, y el informe parece tomar esa dirección de interpretación.

Por último, el capítulo quinto les da la voz mucho más a las víctimas. En todo el informe están presentes, pero en este acápite son el centro. Muestra todo lo que los testimonios pueden aportar para la comprensión del conflicto pero desde las víctimas; algo muy distinto a lo que una obra del análisis de procesos históricos presentaría. Esta podría pensarse que es un visión "desde abajo" del conflicto, porque parte desde el que vive y siente. Sin embargo la cuestión de la memoria va mucho más allá de las víctimas. Si se pretende hacer un informe que entienda el conflicto, el testimonio y la vivencia del victimario, del actor armado, es también fundamental y no debe dejarse a un lado. El Grupo de Memoria Histórica debe hacia el futuro reflexionar sobre este punto para presentar esa otra versión necesaria. Sociedad colombiana ¿Dónde queda? ¿Qué categoría asume?

Las recomendaciones para una política que se exponen en el capítulo final pueden ser la parte más controversial de todo el informe. Realmente revisten pocas páginas y expresan lineamientos superficiales para la magnitud y profundidad que, como se ve en sus mismas páginas, reviste el conflicto. ¿Dónde quedaron los problemas agrarios que agravaron el conflicto y que se ampliaron más? ¿Dónde quedan las victimas resultado de su persecución política pero que en el informe en ocasiones pasan a tomarse como -victimas- meramente a pesar de la especificidad de su vulneración? Esto nos lleva a pesar que los problemas estructurales que dieron pie al conflicto y que lo agravaron no son tenidas en cuenta por el grupo para delimitar una política pública. De esta forma, la deficiente definición de conflicto que se criticó páginas atrás se ve reflejado en estas pocas páginas finales del informe.

Respecto a la obra en general vale la pena analizar varios aspectos. En primer lugar las fuentes de información. El informe está basado básicamente en bibliografía secundaria de los distintos temas y el acervo testimonial que el grupo de memoria histórica ha recopilado a lo largo de todos los informes previos y en mesas de trabajo particulares. La recopilación de la memoria de las victimas permite un acercamiento de primera mano sobre las sensaciones que la guerra produce en la victima además de ser una fuente importante para describir otros aspectos además del hecho delictivo, como por ejemplo la actuación de la justicia o la sociedad civil respecto a su situación, o de las esperanzas que asume.

Otras fuentes más reducidas son partes de documentos judiciales o prensa, pero hay una que se evidencia claramente en sus páginas y que debe ser valorada: la documentación fotográfica. En efecto, hay páginas y páginas integradas al informe donde se narra paralelamente con la imagen. La mayoría son imágenes de las víctimas, las presentes y las que desafortunadamente no; imágenes macabras que muestran los resultados de la guerra: muertes, desplazamientos, procesiones, manifestaciones de las víctimas. Las imágenes demuestran de forma mucho más directa las emociones que el informe busca transmitir y que las palabras se quedan cortas al intentarlo. Un informe sobre el conflicto que no emplee imágenes dejaría miope cualquier tipo de análisis y de intento por comunicar. Lo mismo es válido para los cuadros y mapas usados frecuentemente.

Las bases de datos de distintas organizaciones son a su ves relevantes dentro del informe, y permiten que se pueda construir la información cuantitativa necesaria que ayuda a dimensionar la magnitud del conflicto y los alcances que llega a tener en el país. Sin embargo es evidente la deficiencia por poner en dialogo datos que se obtienen por medio de distintos organismos, lo que termina generando una dificultad para leer la información cuantitativa. Esto se observa claramente en el primer capítulo con las cifras de RUV y las creadas y construidas por el mismo grupo y por otros organismos; es clara la falta de datos antes de los años 80, además de que los que existen después no tienen en cuenta variables importantes para medir el conflicto.

Resulta además problemático que no se haya puesto en consideración análisis de datos como el ofrecido por Jorge Orlando Melo, quien expone las cifras y las tendencias de las víctimas por violencia para el territorio nacional desde cincuenta años antes a la fecha de su publicación en Razón Pública en el 2008². Melo arroja que las victimas por violencia -no solo las de grupos armados- alcanzó, entre 1958 y 2007, un total de 709.000 como mínimo, basado en registros y documentación de Medicina Legal y la Policía, cifra muy superior a la presentada por el Grupo de Memoria Histórica en su informe con un mínimo de 220.000. A pesar de que Melo se centra en la tasa de homicidios por cien mil habitantes como indicador, cualquier tipo de homicidio, reconoce que los actores armados son quienes más contribuyen a su aumento en los periodos críticos. Realiza un juicioso estudio de las cifras, distribución geográfica y del conflicto armado para resaltar dinámicas de la violencia en el país. Resulta lastimoso que un análisis meticuloso como el realizado por Melo no aparezca referenciado, pues pudo sustentar una base mucho más amplia de la profundidad de la violencia colombiana. Su omisión resalta dos hechos: primero, la falta de datos claros y una falta de definición sobre el conflicto para permitir extraerlos.

Por último, quisiera resaltar la importancia de este tipo de investigaciones tienen en contexto. Se habla de paz, pero para superar la guerra debemos primero develar el porqué y el cómo de la guerra, no simplemente tratarla como un episodio. El informe, con toda la carga testimonial, mantiene en la memoria los hechos para que no se repitan. Sin embargo la tarea no está completa.

¹ Página oficial del Centro de Memoria Histórica. http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/index.php/somos-gmh/grupo-de-memoria-historica

² MELO, Jorge Orlando, Cincuenta años de homicidios: tendencias y perspectivas, http://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/217-cincuenta-ade-homicidios-tendenciasy-perspectivas.html