DOI: http://dx.doi.org/10.18273/revanu.v23n1-2018002
Artículos de Investigación
Científica
Inmigrantes
sirio-libaneses y sus prácticas económicas (ilegales) en Colombia, 1880-1930
Syrian-Lebanese
Immigrants and Their (Illegal) Economic Practices in Colombia, 1880-1930
Imigrantes
sírio-libaneses e suas práticas econômicas (ilegais) na Colômbia, 1880-1930
Ana Milena Rhenals Doria 1
1 Doctora en historia de América
Latina de la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla - España. Historiadora de la
Universidad de Cartagena, Colombia. Profesora de la Escuela de Historia de la
Universidad Industrial de Santander, Colombia. Código ORCID: https://orcid.org/00000003-0341-9635
.
Correo electrónico: mrhenals@uis.edu.co .
Resumen
Entre 1880 y 1930, Colombia recibió un número significativo
de inmigrantes procedentes de Siria y Líbano, quienes, a través de distintas
actividades empresariales, terminaron siendo parte de la élite económica de
varias ciudades colombianas. En este artículo estudio ese proceso de
consolidación económica, haciendo énfasis en las prácticas económicas ilegales
en las que incurrieron algunos de los inmigrantes siriolibaneses que se
establecieron en el circuito comercial existente entre la provincia del Sinú,
Cartagena y el Atrato. Argumento que actividades como la falsificación de
monedas, el contrabando y el acaparamiento de tierras intervinieron en el
proceso de acumulación de capital y de consolidación económica que algunos de
estos inmigrantes lograron.
Palabras clave:
Colombia, sirio-libaneses, contrabando, tierras, prácticas ilícitas.
Abstract
Between 1880 and
1930, Colombia received a significant number of immigrants from Syria and
Lebanon, who, through various business activities, ended up being part of the
economic elite of several Colombian cities. By studying the presence of these
immigrants in the commercial circuit of the Caribbean Colombian and the Atrato,
I analyze their economic rise, making special emphasis in the intersection
between Syrian-Lebanese’s economic success and some illegal economic practices.
I argue that the money counterfeiting, the smuggling and the land grabbing were
crucial in the process of capital accumulation and economic consolidation of
some SyrianLebanese immigrants in Colombia.
Keywords: Colombia, Syrian-Lebanese, Smuggling, Lands,
Illicit Practices.
Resumo
Entre 1880 e 1930,
a Colômbia recebeu um número significativo de imigrantes da Síria e do Líbano, que,
através de várias atividades comerciais, acabaram fazendo parte da elite
econômica de várias cidades colombianas. Neste artigo, estudo este processo de
consolidação econômica, enfatizando as práticas econômicas ilegais nas quais se
envolveram alguns dos imigrantes sírio-libaneses, que se estabeleceram no
circuito comercial existente entre a província de Sinú, Cartagena e o Atrato.
Argumento que atividades como a falsificação de moedas, o contrabando e o
monopólio de terras intervieram no processo de acumulação de capital e
consolidação econômica que esses imigrantes alcançaram na Colômbia entre 1880 e
1930.
Palavras-chave: Colombia, sírio-libanesa, contrabando, terra, práticas ilícitas.
Fecha de recepción:
27/03/2017
Fecha de aceptación: 24/05/2017
“Es sorprendente ver cómo prosperan los turcos en
Colombia. Llegan al país con sus maletas llenas de chuchería y en poco tiempo
han hecho una fortuna”. De esta forma el periódico La Chicharra de Cartagena, en el año de 1911, época en que ya era
notable el poder económico que estaban adquiriendo los sirio-libaneses,
intentaba explicar su ascendente trayectoria en la vida económica regional y
nacional. Según el columnista, no era del todo claro cómo de un día para otro
se convertían en comerciantes al por mayor con un enorme capital. En un abierto
tono de escepticismo e ironía se preguntaba: “¿de dónde yace el secreto?”[1] Iguales cuestionamientos se
originaron dentro de varios habitantes de la provincia del Sinú y el Atrato,
donde reiteradamente se plantearon dudas en torno al inusitado éxito económico
de los comerciantes siriolibaneses[2]. Las respuestas iban desde
quienes explicaban el hecho a partir de su habilidad comercial, pasando por los
que hablaban del ahorro, hasta quienes veían en las actividades ilegales la
clave secreta de todo este proceso de acumulación de riquezas de los
mencionados empresarios.
La historiografía reciente que ha abordado la llegada e
inserción de los inmigrantes sirio-libaneses en Colombia ha orientado la
discusión hacia el establecimiento de la idea de unos inmigrantes que en corto
tiempo logran establecerse de forma sólida en la vida económica de las
sociedades donde se ubican, explicando esta realidad solo a partir de sus
prácticas austeras y ahorrativas. Según varios de estos estudios, estos
inmigrantes, al venir de contextos llenos de dificultades económicas en sus
países de origen, habían ejercitado estas prácticas, y sobre todo insistían en
la tradición del comercio que traían consigo heredada de los fenicios. Por
ejemplo, el escritor Enrique Córdoba, ampliamente citado por quienes han
estudiado este tema en la zona del Sinú, señala que los sirio-libaneses
llegaron “[…] sin un peso en bolsillo, pero con cinco mil años de ventaja en el
arte del comercio. Rápidamente prosperaron y amasaron enormes fortunas”[3].
Aparte de esta caracterización, con la que resaltan el
papel que jugaron los siriolibaneses en el Caribe colombiano en el tránsito del
siglo XIX al XX, buena parte de estos estudios de plano rechazan, minimizan y
en algunos casos, no hacen alusión a la participación de los sirio-libaneses en
actividades como el contrabando, el acaparamiento de tierras y la falsificación
de monedas. Sin embargo, una revisión más cuidadosa de las fuentes disponibles
para la época permite sugerir que algunos de estos inmigrantes se vieron
envueltos en estas actividades relacionadas con el contrabando, el
acaparamiento ilegal de tierras, la estafa. Este artículo, a partir de la
experiencia de los sirio-libaneses que hicieron presencia en el circuito
comercial integrado por la Provincia del Sinú, Cartagena y el Atrato, analiza
todas estas actividades, y argumenta que estas, junto a sus dinámicas
empresariales legales, permitieron que un grupo significativo de
sirio-libaneses avanzaran en su proceso de consolidación económica. La
existencia de ese conjunto de prácticas revela, además, la fragilidad de un
Estado que estaba en pleno proceso de centralización y consolidación nacional.
Colonizar y poblar los territorios latinoamericanos con
inmigrantes –particularmente europeos– fue una de las apuestas defendidas por
las elites políticas e intelectuales en el tránsito del siglo XIX al XX. Salvo
algunas excepciones (Argentina, Uruguay, Brasil), sin embargo, el grueso de los
inmigrantes que llegaron a estos territorios provino de países extra-europeos.
La presencia de chinos, árabes y afro-antillanos en varios países de
Latinoamérica terminó siendo parte de la realidad social, racial, cultural y
económica de los mismos[4].
En el caso de Colombia, uno de los países que registró
uno de los índices más bajos de inmigrantes en el contexto latinoamericano,
sirios y libaneses dieron forma a una de sus corrientes inmigratorias más
numerosa. Integrados en su mayoría por inmigrantes que buscaron escapar de las
persecuciones que el imperio otomano estaba ejerciendo contra los cristianos y
por quienes decidieron explorar mejores oportunidades en el marco de una fuerte
crisis económica que azotó a Siria y el Líbano, llegaron de manera sistemática
a partir de 1880 y lo siguieron haciendo de forma creciente hasta finales de la
Segunda Guerra Mundial (1945)[5].
Estos inmigrantes, que llegaron en un contexto del
establecimiento de leyes que los catalogaba como “extranjeros indeseables”,
iniciaron un progresivo proceso de inserción a la vida social del país. Como lo
ha demostrado la literatura que ha estudiado el tema, durante las últimas
décadas del siglo XIX y las primeras del XX estos inmigrantes hicieron de su
consolidación económica el elemento central para romper las barreras sociales y
los estigmas raciales que sobre ellos pesaban.
Los nombres de Carlos, César, Salomón y Rafael Abuchar,
del Libano, y los hermanos Basilio, Camilo, Antonio y Luís Malluk, así como
Miguel y Carlos Rumie, Amin y Tufi Meluk, y Moisés Mebarak, de Siria, (algunos
de los primeros inmigrantes de este origen en llegar a Cartagena y Barranquilla
en la década del 80 del siglo XIX), aparecen una y otra vez protocolizando
negocios y conformando sociedades comerciales, hasta el punto de convertirse en
una élite económica con inversiones en la navegación fluvial, el comercio, la
agricultura y la ganadería[6].
Entre los años de 1914 y 1923, el transporte y el
comercio fluvial en el circuito comercial formado por Cartagena, la rica
Provincia del Sinú y el Atrato fue monopolizado por varios inmigrantes de este
origen, favoreciéndose de las prerrogativas concedidas por el gobierno
departamental de Bolívar, que extendió contratos que garantizaban el libre
funcionamiento de sus empresas navieras a lo largo y ancho del río Sinú[7]. Igualmente, los que
ingresaban de forma legal al territorio nacional, hicieron uso de las leyes de
colonización y ocupación de terrenos baldíos con las que el gobierno colombiano
aspiraba a poblar y desarrollar económicamente extensas zonas de la geografía
colombiana[8]. Ese proceso de ascenso
económico, al tiempo que obedeció a las habilidades comerciales, prácticas de
austeridad y redes familiares y de negocios que tejieron los sirio-libaneses
resaltadas por la historiografía, en algunos casos, también incorporó el uso de
prácticas económicas que rayaban en la ilegalidad.
Una de las prácticas por las que recurrentemente fueron
acusados y juzgados algunos sirio-libaneses fue la falsificación de moneda.
Colombia, durante todo el siglo XIX, vivió un complejo sistema de regulación
económico de la moneda que fue desde la libre emisión de metal y papel moneda
hasta el monopolio del Estado que estableció un banco nacional. En 1863,
durante el periodo liberal, el sistema de banca libre había implicado la
posibilidad del libre establecimiento de bancos privados a los que se les
autorizaba la emisión de billetes con muy pocas restricciones. Esta ley había
favorecido la proliferación de una variedad de bancos regionales sobre los que
el Estado tuvo un pobre o casi nulo control y regulación de la política
monetaria, lo cual significó la extensión de la especulación financiera y de
manejos dudosos[9].
En 1880, las ideas que defendían el centralismo y el
fortalecimiento del control del Estado sobre todo del territorio, comenzaron a
tomar fuerza, iniciándose un nuevo régimen que acabaría con el modelo monetario
impuesto en 1863. La Ley 39 de 1880 sería la primera muestra firme de ello; con
esta Ley se autorizó al gobierno establecer un banco nacional al que se le
concedía la emisión exclusiva de billetes, pero esta no fue una transición
fácil, pues estuvo marcada por fuertes debates y resistencia por parte de los
banqueros privados de las diferentes regiones que vislumbraban con esta
decisión su contundente quiebra financiera. La promulgación del Decreto 260 de
1885, en el que se convirtió el billete del Banco Nacional en billete de curso
forzoso, generó procedimientos poco legales, porque, aunque el Estado intentaba
ejercer su control, no logró que sus billetes tuvieran una amplia circulación
nacional[10].
Precisamente es durante este periodo de transición del
sistema monetario colombiano donde los inmigrantes sirio-libaneses comienzan a
llegar de forma sistemática al país. Así como lograron articularse a la otra
serie de realidades socio-económicas que caracterizaban a Colombia, así mismo
supieron sacar provecho de las enunciadas debilidades del régimen monetario.
Desde la prensa se afirmaba de forma general el hecho de que algunos miembros
de la colonia siria venían incurriendo en el uso y la falsificación de moneda,
señalamientos que se dieron mayoritariamente en relación con algunos de los
sirios establecidos en Quibdó y Cartagena. Desde finales del siglo XIX varios
ciudadanos expresaron su preocupación por este tipo de prácticas que
consideraban “perniciosas a la sociedad”[11].
Y durante las tres primeras décadas del siglo XX estos
señalamientos siguieron estando presentes dentro de los comportamientos que los
columnistas criticaban sobre el accionar de los mencionados inmigrantes. En el
año de 1923, el periódico ABC,
recogió varios de las críticas que se les adjudicaban a los sirios, destacando
que se les acusaba de ser falsificadores consumados: “[…] se acusa a los sirios
del Chocó como falsificadores y contrabandistas consumados que, por medios
ilícitos, han conseguido fortunas enormes”[12].
Pero mucho más contundente que estas alusiones que
recaían de manera general sobre los sirio-libaneses, fueron las noticias que
trascendieron de los simples señalamientos a procesos judiciales que en algunos
casos terminaron en condenas penales. En 1917, el Diario de la Costa de Cartagena referenció el fallo condenatorio
contra los comerciantes sirios Feres Aljuri y José Mulki. Luego de precisar que
las falsificaciones de monedas y de toda especie de circulantes era constante a
lo largo de la geografía nacional, el diario mencionaba que estos inmigrantes, cogidos con los manos en la masa, fueron
condenados a 12 años de prisión. Sin embargo, lamentaban que las condenas
recaían solo sobre infelices turcos,
y no se hacían efectivas cuando se trataban de los grandes empresarios sirios[13]. Dos casos que sirven para
ilustrar lo mencionado anteriormente derivan de las denuncias por falsificación
de monedas por las cuales enfrentaron largos procesos judiciales los exitosos
comerciantes sirios Felix Meluk y Salomón Abuchar. El proceso legal contra
Meluk y Abuchar inició en 1899 y se extendió hasta 1909, sustentado en una
denuncia por falsificación de billetes del Banco Nacional realizada por el
señor Pedro Sierra. La referencia que
sobre este caso hace la Gaceta Departamental del Chocó, permite
reconstruir los hechos que fueron denunciados por Sierra ante la Jefatura
Militar de las Provincias del Chocó, quien en su declaración ante las
autoridades afirmó:
En el año 1898, poco más o menos, antes de
estallar la guerra ultima, llegué a la
casa de almacén del Sr. Salomón Abuchar y tuve la sorpresa de ver grandes
cantidades de billetes de a cien pesos ($100.00) expedidos por el Banco
Nacional, según se veía en ellos; pero que no eran legítimos, pues estaban
unidos en grandes pliegos y uno de los agentes de dicha casa, un joven también
sirio, al ver que yo observaba los billetes los escondió y el Sr. Salomón
Abuchar salió a atenderme […][14].
Esta declaración se unió a las del reconocido
comerciante chocoano Gonzalo Zúñiga, quien dijo que el señor Felix Meluk había
puesto en circulación varios billetes falsificados del Banco Nacional; ambas
denuncias hicieron abrir investigaciones y juicios que no produjeron
ejecutoria, pero que permanecieron abiertos por varios años[15].
Junto a esta práctica de falsificación de billetes, algunos de los
sirio-libaneses hicieron circular monedas que no contaban con la autorización
del gobierno. El caso que mejor ilustra esta conducta ocurrió en el ingenio
Sautatá de propiedad de los hermanos Abuchar y Melluk. Entre 1893 y 1904 esta
hacienda, entre solicitudes de adjudicaciones de terrenos baldíos y una compra
de la finca Las delicias, tenía una extensión de 10.000 hectáreas. En ella los hermanos Abuchar, junto a sus
sobrinos los Meluk, establecieron negocios ganaderos, agrícolas e
industriales. Para 1904 esta sociedad
tenía 630 cabezas de ganado, 1.500 árboles de cacao, 1.000 de coco, 1.000 de
café, 1.000 de caucho, 50.000 matas de plátano y 1.000 árboles frutales; en
1905 instalan un aserrío a vapor y un taller de fabricación de muebles. Y finalmente, en 1919, en asocio con
inversionistas puertorriqueños, la hacienda termina convirtiéndose en un
ingenio azucarero, sembrando 500 hectáreas de Caña para la zafra[16].
La puesta en funcionamiento de esta variedad de
actividades suponía el uso de una gran cantidad de mano de obra, la mayoría
oriunda de las riberas del Sinú. Dentro de los cálculos que se establecen este
ingenio llegó a poseer 1.000 trabajadores. Precisamente, fue el método de pago
de los mencionados obreros lo que llevó a los propietarios del ingenio a
incurrir en una serie de irregularidades que originaron bastantes críticas.
Amparados en el sistema de comisariato que desarrollaron, obligaban a los
trabajadores a recibir su salario en la moneda de única circulación en Sautatá
impuesta por ellos, (moneda de aluminio), con la cual debían comprar en los
almacenes, restaurantes y pagar los servicios en hospitales y escuelas de
propiedad de los dueños del ingenio. La circulación de esta moneda
extra-oficial llamó la atención de las autoridades, hecho que fue referenciado
por la prensa de la época. Desde el diario ABC,
en el año de 1921, se establecía que los propietarios del ingenio “[…] habían
sido ampliamente criticados y varias veces visitados por las autoridades del
gobierno para controlar su cuestionado sistema de comisariato”[17]. Según Marco Cuesta, en su
estudio sobre el desarrollo socio-económico del Chocó, la moneda de aluminio,
considerada ilegal, fue finalmente prohibida por las autoridades
gubernamentales, lo cual sería un elemento que incidió en el declive y cierre
del ingenio Sautatá en el año de 1944, cuando la competencia en los precios del
azúcar con Cuba se hizo difícil de igualar[18].
Las autoridades, aparte de estar pendiente de las
prácticas de falsificación de monedas o de la circulación extra-oficial de las
mismas en las que incurrieron algunos siriolibaneses, también denunciaban las
alteraciones que estos inmigrantes hacían de las pesas y medidas, usadas para
la venta de los artículos. Una de las denuncias concretas se registró en la
ciudad de Cartagena. En el año de 1925, desde el diario La Verdad señalaron que el inspector del barrio Getsemaní comprobó
este tipo de comportamientos. Según el diario, el mencionado inspector, al
hacer un examen minucioso a los sistemas de pesos y medidas de los comerciantes
en general, encontró que un 98 por ciento de los turcos vendían con pesas y
medidas incompletas[19]. Es claro entonces que esta fue una práctica
utilizada por algunos de los sirio-libaneses en su proceso de acumulación de
capital, así como también lo sería el contrabando.
Desde los tiempos coloniales y a lo largo de todo el
siglo XIX y buena parte del XX, producto de la libertad de movimiento de mercancías
y gentes de todas las nacionalidades, el contrabando en el Caribe colombiano y
el Atrato ha sido una práctica recurrente[20]. El contrabando en Colombia jugó un papel
importante en el movimiento económico de las zonas en estudio. La escasa capacidad del gobierno colombiano
para establecer su dominio sobre el territorio nacional contribuyó a la
extensión de la práctica del contrabando, pues era notable el estado de
desprotección de las costas y las zonas de frontera donde se desarrollaba esta
actividad ilegal. Cartagena, El Atrato y el Sinú, se constituyeron en zonas
dignas de mención en cuanto a la práctica de contrabando, lo que significó que
un buen número de habitantes de la Costa Caribe y las provincias, con
importantes rutas fluviales, lograran vivir por fuera del control del Estado[21].
Según Muriel Laurent, entre 1851-1886, la mayoría de
los productos introducidos de manera ilícita fueron las mercancías extranjeras,
representadas en un 73% de decomisos. Los textiles eran el renglón más
importante dentro de este porcentaje, seguidos de las otras manufacturas para
el hogar, alimentos, artículos de lujo y herramientas[22]. Así, negociantes y comerciantes obtenían un mayor beneficio económico a corto
plazo, hecho que, sin duda alguna, contribuyó a que nacionales y los
extranjeros llegados a estas zonas
lograran encontrar con mayor facilidad productos para su comercialización y
estos últimos decidieran establecerse en la región para dedicarse a una actividad
que era sumamente rentable[23]. Esta práctica comercial
ilícita configuró en buena medida los ritmos de vida de los habitantes de estas
zonas, no porque esta fuera una condición inherente o cultural sino porque las
evidencias históricas demuestran que las autoridades civiles, políticas y
militares, al lado de grandes y pequeños comerciantes, practicaban el tráfico
ilegal de mercancías en la región y el circuito comercial. Los comerciantes se
constituían en el segundo grupo de responsables de contrabando después de los
capitanes de barco. En muchos casos se trataba de comerciantes reconocidos
local y regionalmente, como por ejemplo Macía hermanos & Cía del comercio
de Cartagena, o Manuel Madrid y Ezequiel Benedetti[24]. A esto se le sumaba la actitud que la sociedad
tenía frente a esta actividad ilícita, pues la misma estaba acompañada de “[…]
un alto grado de tolerancia social. Un amplio sector de la población sin
discriminación de pertenencia social promovía el negocio ilícito”; y por
supuesto esto iba de la mano de sobornos, bajos salarios de los empleados de la
aduana, complicidad y corrupción[25].
El contrabando era tan recurrente que en el año de 1915
un grupo de personas pertenecientes a la banca, el comercio y la industria
cartagenera, reconociendo esta realidad de los puertos marítimos y fluviales de
la región, exponen como una de las necesidades prioritarias para la fundación
de la cámara de comercio de Cartagena, la vigilancia y el control del
contrabando realizado por comerciantes entre Cartagena, el Atrato y el Sinú[26]. Es así como el
contrabando, actividad que estaba a la orden del día en los circuitos
mercantiles[27] donde participaban
activamente los inmigrantes siriolibaneses, también se
convirtió en una
de las actividades
complementarias para obtener riqueza. Desde el periódico El Porvenir de Cartagena, se logran referenciar varios artículos
que expresan las quejas por las prácticas de especulación de precios y de
contrabando de y hacia Panamá y Cartagena.
Aunque en alguno de estos artículos no se hacía mención explícita de los
comerciantes sirio-libaneses, la referencia los involucra directamente, ya que
para el momento eran los únicos comerciantes extranjeros que se movían
constante y regularmente por esta vía; la navegación por los ríos Sinú y Atrato
en los primeros años del siglo XX estaba, prácticamente, monopolizada por las
casas comerciales de los sirio-libaneses. Desde finales de la década de 1910,
entre las embarcaciones que surcaban estas aguas se hallaban los vapores “Sinú” y “Bogotá”, de “Chagui hermanos”; el “Bolívar” y el
“Cartagena”, de “Rumie hermanos”; el “Quibdó”, “Sautatá” y “Atrato”, de la casa
A & T Meluk; el “Cartagena de Indias” de Salomón Ganem[28].
Desde finales de siglo XIX las autoridades ya
relacionaban la participación de los sirio-libaneses en prácticas de
contrabando. En el año 1899, el general Alejandro Restrepo, encargado de
inspeccionar las aduanas del país, resaltó dentro de su informe la preocupante
realidad que atravesaba la ciudad de Cartagena en términos de la introducción
ilegal de mercancías. Al referirse a las irregularidades que se estaban
presentando en la mencionada aduana, Restrepo no dudó en señalar que la
práctica más común era introducir importantes cantidades de mercancías no por
la sección de carga por donde correspondía el pago de impuestos, sino por la
sección de equipaje[29]. Y mucho más contundente
fue su interés en precisar la nacionalidad de algunos comerciantes que se
dedicaban a esta práctica, destacando ante todo a los italianos y los llamados
turcos:
Por tanto, suprimí la sección de equipaje, al
convencerme de que era una amenaza para el comercio por que los turcos, los
italianos y otros comerciantes hacían sus introducciones evadiendo, pudiendo
dar sus mercaderías a un precio mucho menor del que podían sostener los
importadores por la aduana por el desfalco que se deja demostrado. Para evaluar
mejor la importancia de estas irregularidades basta saber, que se me informo
que un turco introdujo en una sola ocasión cien (100) baúles de mercancías con
las cuales abrió tiendas bien surtidas, donde vende a precios muy inferiores a
los corrientes de la plaza. Un comerciante refirió que ese turco al ser
interrogado por él, le contestó que la baratura consistía en que el comerciante
introducía su mercancía por la
machina y él las introducía por la sección de equipajes[30].
Encaminando la discusión hacia el mismo punto
encontramos un artículo publicado en el año de 1915 en el periódico El Espía, en donde se aborda el tema del
contrabando en Cartagena; señala que la cantidad de contrabando que se
introduce a gran escala al puerto de Cartagena, está siendo introducido tanto
por comerciantes de la ciudad como por los turcos que se dedican en su mayoría
al comercio de mercancías. Una de las denuncias realizadas en este artículo,
implica directamente a un comerciante que, aunque, por motivos legales, no
revelan su nombre sí referencian su nacionalidad llamándolo “el turco”:
[…] es sabido que muchos turcos pasan contrabandos de
artículos, entre esos artículos citaremos los revólveres y las cápsulas. Esos
viajes a colón (Panamá) de ciertos hombres y mujeres, es la manera de pasarlos,
sépase que esta no es una suposición, es enteramente cierto. Un ejemplo de esto
es el turco XX que ha pasado un contrabando de revólveres y cápsulas; va donde
los señores Franco Covo & cía., y les compra unos miles de
cápsulas y una docena de revólveres; luego vende esos
artículos a menor precio que a quien los
compró, es así como se logran muchos su capital […][31].
Junto a este tipo de informes, noticias y denuncias que
de manera general se referían a los turcos, como contrabandistas, también es
posible referenciar diversos artículos de prensa que ahora si de manera
específica denunciaron la participación en prácticas de contrabando de los
inmigrantes sirio-libaneses que actuaban en el circuito comercial existente
entre Cartagena y los ríos Atrato y Sinú. Las compañías comerciales A. &. T
Meluk y “Abuchar Hermanos”, que tenían casas comerciales establecidas en
Cartagena y el Chocó, se vieron involucrados en denuncias sobre
contrabando que recibían y enviaban
hacia Panamá, o el envío de mercaderías supuestamente de
Cartagena al Sinú que realmente iban a parar al Atrato[32].
Desde la prensa chocoana también se señalaba que los señores Abuchar y varios
de los sirios establecidos en esta intendencia se dedicaban al contrabando[33].
Una preocupación similar por este alarmante contrabando
fue registrada por varios periódicos de Cereté. En el año de 1918, desde el
diario La Voz del Sinú, señalaban que
esta práctica era realizada por los empresarios nacionales y extranjeros, y era
un hecho recurrente dentro de los círculos comerciales de la región: “[…] en
todos los puertos de nuestra Costa y en todas las fronteras, se hace el
contrabando a gran escala, no solo por ladrones de baja estofa, sino
principalmente por titulados caballeros de alta sociedad y por inmigrantes
dedicados al comercio, y lo practican las más veces a la sombra de venales
autoridades, que les ayudan para repartirse las ganancias”[34].
Algunos de los inmigrantes sirio-libaneses que se
radicaron en Cereté no escaparon a esta dinámica. Los hermanos Chagui, por
ejemplo, propietarios de una de las casas comerciales más importantes de esta
plaza, estuvieron inmersos en esta práctica. En diversos artículos de la prensa
local se reseñaron los acontecimientos que dan cuenta de las prácticas ilícitas
en las que venían incurriendo los Chagui.
Desde el periódico El Rayo, en
el año de 1910, el alcalde del distrito de Cereté explicaba los motivos por los
cuales los señores Chagui habían sido reducidos a prisión. Según el
funcionario, estos inmigrantes sirios “[…] venían desde hacía algún tiempo
introduciendo café de contrabando con perjuicio del distrito y del comercio en
general”[35]. Las constantes denuncias
realizadas por comerciantes locales que no podían competir con los bajos
precios ofrecidos por los Chagui, pues estos evadían el pago de los derechos de
importación, obligó al alcalde a establecer un impuesto que contemplaba “una
multa igual al cuádruplo del impuesto a los que se les sorprendiera café de
contrabando”[36]; disposiciones que fueron
trasgredidas por los Chagui:
[...] pasados algunos días fueron los señores Chagui
sorprendidos con veinte sacos de café de contrabando. Comprobado el incidente
les notifico una multa de 40 (pesos), dos pesos por cada saco, llegados a mi
oficina los Hnos. Chagui se negaban al pago […] fue entonces cuando los hice
arrestar en la cárcel pública […][37].
Era evidente que el contrabando estaba dentro de las dinámicas
mercantiles adelantadas por algunos de los inmigrantes sirio-libaneses. Además
de evadir el pago de los derechos de importación, recibían mercancías a muy
bajos costos que garantizaban la redistribución de forma rápida de las mismas,
obteniendo unos márgenes de ganancia
que junto con las otras actividades les permitió
asegurar una estabilidad económica con la cual lograron tener un fuerte impacto
al interior de los diversos ámbitos de las sociedades en estudio. Contrario a
lo sugerido por la historiografía que ha abordado esta temática,
interesada en mostrar
solo la imagen
de unos siriolibaneses “trabajadores, austeros y honestos”,
restándole importancia a los casos de contrabando en los que se vieron
involucrados[38], lo anteriormente anotado
demuestra que la práctica del contrabando no
estuvo tan aislada de las
actividades económicas a las que algunos de estos inmigrantes se dedicaron,
como tampoco lo estuvieron del acaparamiento ilegal de tierras.
Una de las medidas implementadas por el gobierno
colombiano para avanzar en el desarrollo económico del país y, sobre todo, para
promover la inmigración fue la colonización de los terrenos considerados como
baldíos por la nación. Según el Estado estos eran aquellos terrenos incultos,
pertenecientes a la nación, propios para la explotación agrícola y/o ganadera,
que serían adjudicados a nacionales y extranjeros, por lo que todo el
territorio nacional se vio congestionado con demandas de titulación y
apropiación de terrenos y globos baldíos, tanto por parte de grandes
empresarios como por pequeños colonos[39].
Las medidas de adjudicación se vieron reflejadas en las esferas provinciales y
distritales. Desde mediados de siglo XIX fueron varios los intentos de las
autoridades de la provincia de Cartagena por promover la prosperidad en
territorios del Sinú a través de la aprobación de leyes relacionadas con la
adjudicación de terrenos. En diversas ocasiones, por ejemplo, la cámara
provincial de Cartagena, apoyada por hacendados y comerciantes de la provincia,
expresó, tanto para individuos nacionales como para inmigrantes extranjeros, la
necesidad de una mano de obra especializada para estimular y fomentar empresas
de desarrollo en áreas de territorios fértiles.
Para el cumplimiento de estas aspiraciones, se
decretaron varias ordenanzas en la cámara para reglamentar las distintas formas
de adquirir y acumular riquezas en el Sinú. La ordenanza del año de 1842 del 21
de septiembre estimulaba la inmigración de los extranjeros industriosos para
promover adelantos en la agricultura; se auxiliaban con la suma de cinco mil
pesos a las empresas y con veinte pesos cada inmigrado, siempre y cuando fuesen
más de diez. En el mismo sentido, la
ordenanza expedida el 17 de octubre de 1848
autorizaba que quien necesitara tierras para algún establecimiento rural
o pecuario por un lapso de diez años,
las solicitara por escrito para que le fueran adjudicadas[40].
Este mismo espíritu del gobierno nacional por promover
el acceso a los territorios baldíos se vio en los años finales del siglo XIX y
los primeros del XX. En el año de 1874 , el Estado, a través de la Ley 61 del
24 de junio, estableció que :
[…] todo individuo que ocupe terrenos de la clase
Baldíos adquiere derecho de propiedad en la tierra que cultiva, cualquiera que
sea su extensión. El artículo 20 de esta
Ley señalaba que, si se establecían la cría de ganado o la siembra de cacao,
café, caña de azúcar u otra clase de cultivo permanente, el colono adquiría la
propiedad y tenía derecho a que se le adjudicara gratuitamente una porción de
terreno adyacente igual en extensiones a la parte cultivada[41].
En el año de 1882, la Ley 48 mantuvo el principio de
adquirir propiedad por cultivo; el procurador general, Clímaco Calderón,
intentando explicar el alcance de esta Ley en el año de 1883, no solo señalaba
en que no existía ninguna distinción entre nacionales y extranjeros, sino que
indicaba que los últimos no necesitaban cartas de naturalización para acceder a
los terrenos[42]. En 1906, el Decreto 23 propició el fomento de
la agricultura de cacao y caucho en terrenos baldíos de la nación concediendo
una prima consistente en una adjudicación definitiva, hecha por el Ministerio
de Obras Públicas y Fomento, de mil hectáreas de terrenos baldíos donde
tuvieran los cultivos[43].
Dada las enormes cantidades de zonas baldías y las
riquezas naturales de los territorios del Caribe colombiano, las autoridades en
la primera mitad del siglo XX insistieron en la necesidad de impulsar y
fomentar la colonización de las tierras baldías en el departamento de Bolívar.
Así se desprende de una comunicación enviada por el Ministerio de Agricultura y
Comercio al gobernador de Bolívar en el año de 1917, en la que le expresaban
que era necesaria la “[…] explotación de todas las riquezas naturales […] la
nación adjudicara día por día muchos centenares de tierras baldías a
peticionarios de todas las nacionalidades”[44].
Según Hermes Tovar, en su análisis sobre las tierras baldías en el siglo XIX,
el departamento de Bolívar, desde este
siglo, vivió una intensa demanda de tierras por parte de empresarios nacionales
y extranjeros[45]. Para el caso del Atrato la
política no fue distinta, y sobre este particular se dictaron leyes de
inmigración y baldíos, y discursos que fomentaban la colonización del Chocó. En
el año 1871 el gobierno nacional de los Estados Unidos de Colombia estableció
una Ley de protección de los inmigrantes extranjeros y de fomento de tierras
baldías, que les permitía obtener la adjudicación de hasta 25 hectáreas de
tierras baldías, y a quienes se establecieran en la costa norte del pacifico
gozarían de las mismas garantías que se otorgan a los nacionales para la
introducción de mercancías, ranchos, etc. Para lograr este objetivo el gobierno
nacional cedió, en esta zona, 100.000 hectáreas baldías para el fomento de la
inmigración, ordenando se facilitaran los procesos de adjudicación de minas y
tierras a favor de los extranjeros[46].
Sumado a esto se dio el establecimiento de decretos en
1898 que daban como prima a los cultivadores de cada 20.000 árboles del caucho
o cacao la cantidad de 1.000 hectáreas de terrenos baldíos en esta zona, y
leyes que prohibían el recaudo del impuesto predial a cultivadores y colonos de
terrenos baldíos, por ser este un perjuicio enorme a la colonización de
regiones inhabitadas como Quibdó[47], hechos que se convirtieron en grandes
atractivos para quienes estaban en busca de establecer negocios. En el mismo
sentido se crearon una serie de incentivos económicos que buscaban promover los
cultivos en los terrenos baldíos de la Intendencia del Chocó. En efecto, en el
año de 1907 el intendente dictó un decreto asignando una prima de 1.000 pesos
oro a cada persona o compañía que presentara una nueva plantación de caucho que
contuviera mínimo 25.000 árboles[48]. De manera que la solicitud
y adjudicación de terrenos baldíos al finalizar el siglo XIX y durante el siglo
XX fue una práctica sistemática en las provincias del Atrato y Sinú. Nacionales
e inmigrantes aparecen referenciados, tanto en los protocolos notariales como
en los registros del Departamento de Baldíos del Ministerio de Obras Públicas,
realizando esta actividad de forma legal.
Los empresarios nacionales que estaban presentes en el
circuito comercial entre Cartagena, la provincia del Sinú y el Atrato
solicitaron la adjudicación de los títulos de propiedad sobre terrenos baldíos.
En 1896, por ejemplo, José Pablo Ágil, habitante del Chocó, solicitó le fueran
adjudicadas 920 hectáreas de tierras baldías en Quibdó. Siete años más tarde,
en Cereté, los señores Lázaro García y Francisco Movilla solicitaron a la
gobernación del departamento de Bolívar la adjudicación de 4800 fanegas de
tierra ubicadas en el corregimiento de san Carlos para su cultivo. Luego de un
largo proceso de revisión por parte de las autoridades eran entregados los
títulos de propiedad, como ocurrió en el año de 1903, cuando la compañía Monroy
Londoño, asentada en Quibdó, recibió 96 hectáreas de tierras[49].
Los inmigrantes sirio-libaneses también acudieron a los
trámites legales para acceder a estos beneficios. Desde finales del siglo XIX
algunos de ellos comenzaron a cultivar tierras baldías para posteriormente
solicitarlas en adjudicación como cultivadores, como lo establecía la ley. Un
ejemplo significativo es el de Tufik Meluk, quien, junto a Salomón Abuchar,
desde 1899 empezó a civilizar 2.550
hectáreas de tierras ubicadas en las inmediaciones de Quibdó, terrenos que
solicitó en adjudicación en 1906 y 1914[50].
O lo ocurrido con los inmigrantes sirios Carlos y Salomón Nader, quienes
solicitaron doscientas cincuenta fanegas de tierras en el Sinú para su
explotación, las cuales le fueron adjudicadas[51].
También el caso de Amín Melluk, propietario de la sociedad comercial A & T
Melluk establecida en Cartagena, a quien el Ministerio de Agricultura en el año
de 1920 le adjudica –a
nombre de su
compañía comercial– un globo de tierras baldías ubicado
en la costa
occidental del golfo
de Morrosquillo, con una
extensión superficiaria de 2.531 hectáreas a orilla del océano en una
extensión de mil (1000) metros[52].
Pero no siempre el acceso de estos territorios se dio
dentro del marco de lo legal. El acaparamiento indebido de tierras fue una
práctica recurrente por algunos de los habitantes del Caribe colombiano y el
Atrato. Las quejas por adjudicación de denuncias de terrenos baldíos, que no lo
eran en realidad, eran numerosas, por lo que el historiador Hermes Tovar afirma
que “[…] los baldíos fueron escenarios de conflicto entre poseedores históricos
y quienes llegaban amparados por las nuevas leyes que entregaban tierras”[53]. En repetidas ocasiones,
ciudadanos de Cartagena y Chocó manifestaron de manera general las
irregularidades que se estaban presentando con la adjudicación de terrenos
baldíos. En el caso de Chocó le insistían al Ministerio de Industria que era grave que el gobierno adjudicara
baldíos a tantos ciudadanos extranjeros que “[…] alegando títulos de
cultivadores, no adquiridos, pretenden hacerse dueños de riquísimos terrenos”[54], mientras que desde
Cartagena, aunque reconocían la importancia de la colonización de los
territorios baldíos, advertían la necesidad de adjudicarlos atendiendo a los
mecanismos establecidos por la ley y con ello evitar el acaparamiento indebido.
En el año de 1913, desde el periódico La
Época, describieron esa preocupación en los siguientes términos:
No podría desconocerse que la colonización de nuestras
tierras incultas y lejanas es una de las necesidades más apremiantes y el mejor
medio de asegurar nuestra soberanía. […] pero no creemos que el medio de
civilizar nuestras regiones apartadas, sea atropellar intereses ya creados y
prescindir de la legislación vigente. La Cámara debe estar encaminada a velar
por la conveniente adjudicación de baldíos en regiones de excepcional
importancia para el país, expuesta hoy más que nunca a la rapacidad extranjera[55].
En Quibdó se señalaba recurrentemente la adjudicación
de terrenos de posesión de comunidades indígenas como baldíos, y la invasión de
cultivadores que con sus labranzas y siembras acaparaban de forma ilegal las
posesiones de los antiguos resguardos. Este es el caso de la queja que se
establece ante el Ministerio Público por la adjudicación de terrenos indígenas
que se hizo en el año de 1920 en contra de la señora Fulgencia Cossio, quien
supuestamente estaba acaparando varios terrenos que en realidad eran posesión
de una comunidad indígena[56].
Algunos de los sirio-libaneses que se establecieron en
los tres puntos en estudio no fueron ajenos a esta realidad. Una de las
primeras formas de acaparamiento utilizada por los mencionados inmigrantes fue
extender sus propiedades a partir del encerramiento de los territorios cercanos
a las ciénagas. Según lo establecido por
Orlando Fals Borda, uno de los investigadores que más ha estudiado los
conflictos en torno a la posesión y acumulación de tierras en la zona del Sinú,
el inmigrante sirio Miguel Calume estuvo inmerso en esta actividad. Fals señala
que Calume acumuló por lo menos 1.200 hectáreas de tierra, producto del
acaparamiento de tierras baldías y de terrenos aledaños a las ciénagas, que
eran destinados a la agricultura y la ganadería[57]. En la provincia del Sinú, además de Calume,
estaban Ángel Manzur y Barbara Issac, quienes fueron denunciados por acaparar y
cercar grandes extensiones de terrenos. En la denuncia se establecía el reclamo
formal por los abusos contra los colonos cometidos por los mencionados sirios,
ya que “[…] estos se han usurpado gran cantidad de terrenos, montes, playones,
ciénagas, aluviones y palmares, que cercaron con alambre; puntos que estaban
dedicados a pastos naturales dedicados a la ganadería unos y otros a la agricultura”[58].
Este hecho condujo a que un grupo de 40 ciudadanos elevaran una queja al
Ministerio de Industria, donde se declaraban directamente afectados por el
acaparamiento ilegal, y exigían que se ampararan los derechos de los
agricultores y colonos nacionales frente el abuso de los inmigrantes
sirio-libaneses[59].
Otro comportamiento ilegal realizado por algunos de los
inmigrantes sirio-libaneses frente al uso de los terrenos baldíos fue la
utilización de los mismos como garantías para cubrir préstamos e hipotecas sin
contar con los títulos de propiedad. El código fiscal tajantemente prohibía la
realización de ventas e hipotecas sobre terrenos baldíos, antes de su adjudicación
definitiva[60], pero algunos empresarios
de este origen pasaban por alto esta regulación. Por ejemplo, en el año de 1925, el sirio
Checry Fayad, establecido en Lorica, había tomado posesión de unos terrenos
baldíos que se hallaban dentro de la jurisdicción del distrito en mención.
Estos terrenos que, para este mismo año, estaba solicitando al gobierno
nacional a título de cultivador, los utilizó como garantía de pago de un
crédito hipotecario que realizó a la casa comercial Rafael del Castillo por la
suma de veintisiete mil trescientos setenta y cinco pesos ($27.375)[61].
Junto al acaparamiento de terrenos cercanos a las
ciénagas y la utilización de los baldíos como garantía sin poseer los títulos
adjudicados por el gobierno, una de las estrategias más frecuentes utilizadas
por ciertos sirio-libaneses fue denunciar territorios baldíos como zonas de
minas. Generalmente, los procesos de adjudicación de baldíos tardaban más de
cinco años, pues requería que quienes lo pretendían demostraran que habían civilizado los terrenos y desarrollado
en ellos cultivos o actividades agrícolas, mientras que la adjudicación de
minas solo requería denunciarla ante la autoridad competente y no tardaba tanto[62]. Dada su riqueza aurífera y
minera, este tipo de prácticas fue muy común en la Intendencia del Chocó, lo
cual obligó a las autoridades a suspender, en el año de 1904, toda adjudicación
de minas y tierras baldías a favor de individuos, entidades o compañías
extranjeras en el territorio chocoano. A partir de este momento se inició una
revisión a los códigos y leyes sobre minas y tierras baldías, siendo
significativa la reforma que introdujo el Ministerio de Obras Públicas, en el
año de 1905, cuando en el Artículo 11 de los Decretos de baldíos estableció que
ninguna adjudicación de tierras podría tener una extensión superior a mil
hectáreas[63].
Las transgresiones a estas regulaciones al parecer eran
frecuentes en el Chocó, pues en varias oportunidades los órganos de prensa
oficiales recogieron las denuncias de las autoridades, que subrayaron los
abusos que se cometían casi siempre contra los pequeños cultivadores. En 1909,
desde Istmina, distrito del Chocó, le informaban al departamento de baldíos del
Ministerio de Fomento que “[…] concesiones mineras en ríos navegables del Chocó
con autorización traspasarlas a extranjeros entrañan gravísimos peligros para
la integridad nacional. Cumplo con el deber de manifestarlo”[64]. En el año de 1911, el
Intendente del Chocó, en un comunicado enviado al Prefecto de la mencionada
intendencia, resumió en los siguientes términos las irregularidades que se
estaban presentando en el proceso de adjudicación de minas:
Escribe el Intendente al prefecto de la intendencia
para denunciar ante él las irregularidades que se cometen al dar posesión de
minas a todos los individuos que lo solicitan, sin estimar que estas están en
terrenos destinados para la agricultura, violándose el derecho de propiedad. Se
pide que no se den posesiones en terrenos no apropiados para la minería, porque
en la mayoría de los casos solo se trata de adquirir la propiedad de terrenos
destinados para la agricultura, y en lugar de comprarlos o denunciarlos como
baldíos, se apela al medio más expedito de adquirir propiedad […] procedimiento
al cual no pueden sustraerse los primeros propietarios. Lo que se quiere evitar
abusos y amparar las propiedades de numerosos cultivadores pequeños, que a
menudo son víctimas de atropello y
despojos violentos[65].
Algunos de los inmigrantes sirio-libaneses no escaparon
a este tipo de comportamientos. Precisamente, un año antes de la citada
comunicación del Intendente del Chocó, un grupo de reconocidos empresarios de
Quibdó enviaron un telegrama al Ministerio de Obras Públicas, donde denunciaban
que los Meluk estaban violando lo establecido por el gobierno en la Ley 19 de
1904, que limitaba el número de hectáreas de tierras que podían ser
denunciadas. Así lo hicieron constar Cicerón Ángel, Gonzalo Zúñiga, Jorge Díaz,
entre otros, en el comunicado radicado en el mencionado ministerio:
Ponemos en conocimiento al gobierno, que extranjeros
Meluk, en su propio nombre o por medio de testaferros avisa y denuncia más
(100) cien minas en este territorio, contraviniendo el Artículo 11 de la Ley 19
de 1904, además del denuncio de terrenos de minas como baldíos. Grave perjuicio
para la integridad nacional[66].
Y en el mismo año en que fue expedida esta Ley, el jefe
de operaciones militares del Chocó, Rafael Díaz, denunció a Luís Malluk
“[…] por confabularse con otros “turcos” de Cartagena y Quibdó para
apoderarse de regiones chocoanas mediante el denuncio de minas, atentando
contra la soberanía nacional”[67]. Al parecer esta era una
práctica recurrente de los Meluk, pues, así como en el caso de las minas,
también miembros de esta familia se enfrentaron con las autoridades del
municipio de Quibdó. En esta oportunidad, en el año de 1927 la firma comercial
A&T Meluk, levantó una edificación sobre predios municipales, querella que
llegó a las instancias judiciales[68].
Desde el Departamento de Bolívar, tanto los ciudadanos
como las autoridades, también denunciaron las irregularidades que varios
comerciantes y empresarios sirio-libaneses estaban cometiendo al apropiarse de
terrenos de la nación, que en algunos casos ya estaban siendo ocupados por
colonos con muchos años de anterioridad. Haciendo referencia a esta
problemática, en el año de 1909, aparece una carta publicada en el periódico
cartagenero el Penitente. Bajo el
título de “Alarmante”, que sintetiza el tono de la misiva, Pedro Ignacio Armar
se dirige al gobernador del Departamento de Bolívar, exigiéndole que tome un
verdadero control y regulación de la
adjudicación de los terrenos baldíos en la provincia del departamento. Armar
aseguraba que se estaban presentando irregularidades alarmantes, consistente en
que en la zona limítrofe con Panamá existía un litoral de siete leguas de extensión
donde los extranjeros sirios Abuchar Hermanos, en connivencia con
otros extranjeros, están separando tierras y explotándolas. Esta firma
argumentaba que ellos habían iniciado un proceso de adjudicación que, según
Armar, no existía; en realidad estos señores –decía– estaban usufructuando y monopolizando la
explotación de un riquísimo bien de la Nación.
Al respecto, Armar señala:
[…] los terrenos que los señores Abuchar Hermanos están
habitando y que pretenden se les adjudique como baldíos, están ubicados en la
región conocida como
“La playona”, terrenos riquísimos en maderas de
construcción, de fertilidad para toda clase de trabajos agrícolas, con
abundantes vertientes de agua dulce y con una coquera constante de siete mil
(7.000) árboles […][69].
Armar le sumó a su denuncia un hecho de gran
importancia en lo referente al control del Estado sobre esta práctica ilegal, y
eran las precarias posibilidades que tenían las comunidades para hacer estos
hechos públicos y denunciarlos, en gran parte, por la actitud que asumían los
organismos reguladores del estado. En este caso, señala el autor:
[…] nos vimos en la necesidad de hacer esta digresión
en este órgano de circulación pública por que las autoridades se
parcializan con la pretensión de los
señores “Abuchar Hermanos”, no
aceptando ni dejando constancia de la oposición que han hecho los cultivadores
y vecinos de la zona a la posesión que
han hecho los Abuchar de los baldíos[70].
En el año de 1921, varios vecinos del distrito de
Majagual (Bolívar) también protestaron por los abusos que estaba cometiendo el
sirio Tafur Guerrero. A través de un comunicado, enviado al departamento de
baldíos del Ministerio de Agricultura y Comercio, exigían que controlaran las
acciones del señor Guerrero, a quien señalaban de pretender despojarlos de los
terrenos adyacentes a la ciénaga de garrapata, donde ellos tenían cultivos
desde hace más de 30 años[71].
Además de enfrentar las denuncias de particulares y comunidades
por acaparamiento de terrenos no baldíos, como se puede observar en varias de
los comunicados, los siriolibaneses también fueron denunciados por autoridades
municipales del departamento de Bolívar por la misma práctica ilegal. En 1915, el alcalde de la población de San
Jacinto Bolívar, envió al Ministerio de Obras Públicas, una carta que presentó
ante el gobernador del departamento de Bolívar, en la que le hizo conocer el
enfrentamiento que ha tenido con los señores Henrique De la Espriella y Amin
Meluk, quienes han denunciado como baldíos una posesión de terreno de 1.600
hectáreas que pertenecían al municipio que él gobernaba.
En su condición de autoridad, el alcalde explicó que ya
con anterioridad señor Henrique Escobar, uno de los socios de los Meluk, había
ocupado una parte considerable de terrenos del municipio, con el pretexto de
que estos correspondían al resguardo de una hacienda que poseía dicho señor en
el punto llamado “Honduras”[72], y ante el enfrentamiento
de las autoridades desistió de su propósito. Pero un año después, intentó
nuevamente, en asocio con los mencionados señores De la Espriella y Meluk,
darle a dichos terrenos el carácter de baldíos. Lo importante de esta noticia
no es solo la manifestación que hace el alcalde de que los terrenos pertenecían
al municipio y por lo tanto no eran baldíos, sino que en la demarcación que
hacen de los terrenos baldíos estaban de por medio trece (13) caseríos de una
población de más de dos mil (2.000) habitantes, que estaban bajo la
jurisdicción del municipio desde hacía más de cincuenta (50) años a la
fecha. Y mucho más importante, al igual
que en el caso denunciado por el señor Armar, el alcalde hablaba de las
debilidades de las autoridades correspondientes ante estos casos, señalando que
“[…] a pesar de lo expuesto, los señores, válidos de sus influencias personales
y por su posición monetaria, tratan de atropellar e inquietar a los actuales
cultivadores, sin que se haya hecho nada para impedirlo”[73].
Todo intento de análisis del impacto de los inmigrantes
sirio libaneses a la vida económica del circuito comercial que conformaban
Cartagena, Quibdó, Lorica y Cereté debe reconocer que estos inmigrantes,
presentes en la realidad económica de este circuito comercial en los años de
1880 y 1930, hicieron uso de diferentes mecanismos de articulación que
pendularon entre las actividades económicas licitas e ilícitas, características
de los mismos contextos. Estas
condiciones les permitieron insertarse de forma rápida a las dinámicas
comerciales de estas localidades, y les facilitaron, de alguna manera,
identificar los sectores productivos más propicios para su inversión, y con
ello avanzar en su proceso de posicionamiento socio-económico en el Atrato y la
región Caribe colombiana. La falsificación de monedas, el contrabando y el
acaparamiento de tierras fueron algunas de las prácticas ilícitas en las que
incurrieron algunos de los inmigrantes sirio-libaneses. El estudio de estas
dinámicas, al tiempo que muestran la fragilidad de las instituciones estatales
y provinciales para ejercer un monopolio fiscal, nos permite repensar la
trayectoria de la exitosa articulación económica de los mencionados inmigrantes
en Colombia.
Archivos
Sección Republica, Fondo Baldíos-A.G.N
Prensa
Prensa oficial y
comercial de Quibdó. B.N.C.
Prensa oficial y
comercial de Cartagena, Lorica y Cereté. A.H.C.
Prensa comercial de
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Libros
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su historia y cultura. Cereté, 1997.
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Este
artículo está basado en un capítulo de la tesís doctoral: Del ideal europeo a la realidad árabe: Inmigrantes Sirio-Libaneses en
el circuito comercial entre Cartagena-Sinú y el Atrato 1880-1930,
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla-España, 2013.
Referencia
para citar este artículo: RHENALS DORIA, Ana Milena (2018).
“Inmigrantes sirio-libaneses y sus prácticas económicas (ilegales) en Colombia,
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[1] Archivo Histórico
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[2]
Biblioteca Nacional de Colombia, (B.N.C), “Por la patria y por la raza”, La defensa económica nacional, Cali, 3
de noviembre de 1923.
[3] Córdoba, Enrique. Mi pueblo, el mundo y yo (Bogotá: Ecoe ediciones, 2002).
[4]
Rhenals Doria, Ana Milena y Flórez Bolívar, Francisco Javier. “Escogiendo entre
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pp. 159-182.
[5]
Sobre las oleadas inmigratorias árabes: Fawcett, Louise. “libaneses, sirios y
palestinos en Colombia”, en Revista Documento, núm. 9, Universidad del Norte, Barranquilla, 1991; Posada Carbó,
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Bogotá, 1992; Posada Carbó, Eduardo. El
Caribe colombiano. Una historia regional 1870-1950 (Bogotá: Banco de la
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desarrollo del Caribe colombiano 18501950”, en Boletín. Cultural y Bibliográfico, vol. XXXV, núm. 49, Banco de la Republica, Bogotá, 2000;
Viloria De La Hoz, Joaquín. “Lorica una colonia árabe a orillas del río Sinú”,
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García Estrada, Rodrigo. Los extranjeros
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rechazo a la integración (Bogotá: ed. Planeta, 2007); Vargas, Pilar. Pequeño equipaje, grandes ilusiones: la
migración árabe en Colombia ( Bogotá: Taurus ed., 2011).
[6]
Rhenals Doria, Ana Milena y Flórez Bolívar, Francisco Javier. “Distintos
sujetos bajo un mismo predicado: Reflexión historiográfica sobre la historia
empresarial en el Caribe colombiano”, en El
taller de la Historia, núm. 1, Revista del Programa de Historia,
Universidad de Cartagena, Cartagena, 2009.
[7] Rhenals Doria, Ana Milena. “Tejiendo la red: circuitos comerciales, inmigrantes sirio-libaneses y empresarios nacionales en el Caribe colombiano y el Atrato (1880-1930)”, en Revista Historia y Espacio, núm. 37, Departamento de Historia, Universidad del Valle, Cali, 2011, pp. 189-212.
[8]
Viloria, Joaquín. “Lorica, una colonia árabe a orillas del Río Sinú”, en Cuadernos de Historia Económica y
Empresarial, núm. 10, Banco de la República (CEER), Cartagena, 2003, p.
32.
[9] Correa, Juan S. “Banca y centralismo en
Colombia (1880-1922)”, CESA, 2008, http://www.cesa.edu.co/ resourses/library/BORRADORES/banca_y_centralismo_(1880-1922).pdf.
(11 de junio de 2013).
[10] Sánchez Torres, Fabio (comp.). Ensayos de historia monetaria y bancaria de Colombia (Bogotá: Tercer Mundo, 1994).
[11]
B.N.C, El Chocoano, Quibdó, 15 de
diciembre de 1898, núm. 1. A.H.C. “Señor administrador de hacienda nacional”, El Porvenir, Cartagena, 8 de enero de
1899.
[12] B.N.C., “Por la
patria y la raza”, ABC, Quibdó, 15 de
noviembre de 1923, p. 1.
[13] A.H.C., Diario de la Costa, Cartagena, 10 de febrero de 1917, p. 3.
[14]
B.N.C., “Resolución núm. 12”, Gaceta
Departamental del Chocó, Quibdó, 15 de abril de 1909, pp. 8586.
[15] B.N.C., “Resolución núm. 8”, Gaceta Departamental del Chocó, Quibdó, 19 de marzo de 1909, p. 61; “Relación de resoluciones dictadas. Ramo de lo criminal y policía correccional”, Gaceta Departamental del Chocó, Quibdó, 14 de enero de 1909.
[16]
Ya por fuera del negocio los Meluk, los Abuchar ingresaron al negocio de la
destilación de alcohol para comercializar en el Atrato. En el año de 1926
enfrentan algunos inconvenientes económicos y los Meluk vuelven al negocio con
un 60% de las acciones. Sautatá permaneció durante 24 años en el negocio, hasta
1944 que se da el cierre definitivo por
la competencia de la azúcar cubana y la crisis económica que afrontó.
[17] B.N.C., ABC, Quibdó, 2 de octubre de 1921, p. 2.
[18]
Cuesta, Marco T. El Chocó ayer, hoy y
mañana (Bogotá: Colección Fundación, publicaciones consignas, 1986), p.
56
[19] A.H.C., “los turcos”, La Verdad, Cartagena, 6 de marzo de 1915.
[20]
Desde el siglo XVIII el Atrato tenía una reconocida actividad de contrabando,
en una Real Cédula expedida por el rey de España en el año 1774 se estableció
la conveniencia de “prohibir a los extranjeros la libre navegación y comercio
por el Atrato por qué amplio es el contrabando”, varios textos hablan de
grandes contrabandos y funcionarios comprados en el circuito comercial. Cotes,
Eduardo. Diario del alto San Juan y del
Atrato, Colección literaria, núm. 35, Fundación Simón y Lola Guberek,
Bogotá, 1990. Múnera, Alfonso. “Ilegalidad y frontera 1770-1800”, en Meisel, A.
(ed.), Historia económica y social del
Caribe colombiano, eds. Universidad del Norte- Ecoe, Barranquilla, 1994.
Solano, Sergio. Puerto sociedad y
conflicto en el Caribe colombiano 1850-1930, Ministerio de
Cultura-Observatorio del Caribe colombiano-Universidad de Cartagena, Bogotá,
2003. Velázquez, Rogerio. Fragmentos de
historia, etnografía y narraciones del pacifico colombiano negro, Instituto
de Patrimonio y Cultura, Bogotá, 2000.
[21]
Laurent, Muriel. Contrabando en Colombia
en el siglo XIX, prácticas y discursos de resistencia y reproducción,
Universidad de los Andes-CESO, Departamento de Historia, Bogotá, 2008, p. 366.
[22] Porcentajes de contrabando entre 1851-1886: fraude en las rentas de salinas 24%, productos de exportación 3% e introducción ilícita de mercancías extranjeras 73%, correspondiente a 138 decomisos. Es importante resaltar que la autora señala la existencia de un paralelo importante entre las importaciones legales e ilegales. Ibíd.
[23]
Desde un artículo publicado en periódico ABC
de Quibdó se señalaba la tradición del comercio ilícito, “[…] se recibe el
contrabando por el norte del rio Atrato […], los forasteros acostumbran ir allá
a comerciar sus mercancías y sus telas […]”, B.N.C., ABC, Quibdó, 13 de septiembre de 1914.
[24]
Rhenals Doria, Ana Milena y Flórez, Francisco Javier. “Distintos sujetos bajo
un mismo predicado: Reflexión historiográfica sobre la historia empresarial en
el Caribe colombiano”, en El taller de la
Historia, núm. 1, Revista del
Programa de Historia, Universidad de Cartagena, Cartagena, 2009, p. 143. Laurent, Muriel, Op Cit., 2008.
[25] Laurent, Muriel, Op Cit., p. 555.
[26] A.H.C., “Bodas de
plata de la cámara de comercio”, Fígaro, Cartagena, 19 de noviembre de 1940.
[27]
Los artículos sobre la temática y la práctica de contrabando permiten ver la
importancia que este tenía en las zonas en estudio: A.H.C., Diario de la Costa, “Lo de ayer y lo de
hoy”, Cartagena, 21 de diciembre de 1916, p. 3; “Goleta apresada”, Cartagena,
25 de diciembre de 1916; “Contrabando y contrabandistas”, Cartagena, 27 de
diciembre de 1916; “Los contrabandos vigilancia de resguardos”, El Penitente, Cartagena, 23 de enero de
1910; “Contra el contrabando se piden
guardacostas”, La Época,
Cartagena, 12 de febrero de 1912;
B.N.C., “Resolución Nª 1 y 16, Quibdó, 15 marzo 1878”, Eco del Atrato, Gaceta Departamental,
Quibdó, 10 de septiembre de 1909, p. 169; ABC,
Quibdó, 10 de junio de 1930, p. 2. “Whisky de contrabando”, Quibdó, 13 de
agosto de 1927, p. 2; A.H.C., Sección Manuscritos, aduanas, Cartagena, 4 y 20
de marzo de 1905; “Informe de contrabandos”, Quibdó, 26 de junio de 1905.
[28] A.H.C., El Porvenir, Cartagena, 17 de octubre de 1902. Otras noticias sobre contrabando en Cartagena: A.H.C., El liberal, Cartagena, 13 de agosto de 1910; El Penitente, Cartagena, 9 de diciembre de 1911; La Época, Cartagena, 21 de junio de 1912; La opinión, Cartagena, 18 de abril de 1926.
[29]
Para la época la oficina de aduana se dividía en dos secciones, la de carga en
la que se realizaba todo el proceso de cancelación de impuestos de introducción
y la de equipajes que estaba exenta de ellos hasta un número determinado de (2)
maletas por pasajero. Al encontrar irregularidades en los procedimientos
realizados en esta última el General Restrepo decide suprimirla.
[30] B.N.C., El Gladiador, Cartagena, 10 de mayo de 1899, p. 4; Biblioteca Bartolome Calvo (B.B.C), sección de microfilm, “contrabando de los turcos”, El Porvenir, Cartagena, 12 de febrero de 1899.
[31] A.H.C., El espía, Cartagena, 20 de febrero de
1915.
[32]
González, Luis F. “Sirio-libaneses en el Chocó, cien años de presencia
económica y cultural”, en Boletín
Cultural y Bibliográfico, vol.
XXXIV, núm. 44, Banco de la República, Bogotá, 1997, p. 77.
[33] B. N.C., “Por la patria y por la raza”, artículo publicado en un periódico caleño y citado en ABC. Quibdó, 15 de noviembre de 1923.
[34]
Centro de Documentación del Banco de la Republica Montería (C.D.B.R.M),
“Contrabando”, Voz del Sinú, Cereté,
7 de noviembre de 1918.
[35] C.D.B.R.M. El Rayo, Cereté, 29 de diciembre de 1910. p. 3
[36] C.D.B.R.M. El Rayo, Cereté, 29 de diciembre de
1910. pp. 3 y 4
[37] C. D. B. R. M, El Rayo, Cereté, 29 de diciembre de
1910, pp. 5.
[38] Viloria, Joaquín. “Lorica, una colonia árabe a orillas del Río Sinú”, en Cuadernos de Historia Económica y Empresarial, núm. 10, Banco de la República (CEER), Cartagena, 2003, p. 32.
[39]
Le Grand, Catherine. Colonización y
protesta campesina de Colombia 1830-1950 (Bogotá: Universidad Nacional de
Colombia, 1998).
[40] Abad, Gustavo.
“Cereté su historia y cultura”, Cereté, 1997, p. 75.
[41] Lopera, Jaime. “La
colonización del Quindío”, capitulo X: la fundación de Armenia,
http://www.calarca.
net/libro/index10.html 2010, (20 de agosto de
2013).
[42] Archivo General de la Nación, (A.G.N.), Baldíos, tomo 4, Bogotá, 7 de mayo de 1883, pp. 221-258.
[43] Lopera, Jaime, Op Cit.
[44]
A.H.C, “Interesante comunicación del ministerio de agricultura y comercio”, Gaceta Departamental, Cartagena, 14 de
diciembre de 1917, núm. 2241.
[45] Tovar, Hermes. “Los baldíos y el problema agrario en la costa Caribe de Colombia (1830-1900)”, en Revista Fronteras, núm. 1, Centro de Investigaciones de historia colonial, Instituto de Cultura Hispánica, Bogotá, 1997, pp. 35-45.
[46]
B.N.C., Estados Unidos de Colombia, Lei sobre protección de los inmigrantes
extranjeros y lei de fomento de tierras baldías, Imprenta Mercado avas, 1871,
Bogotá. Ley 63 de 11 de junio de 1871, Capítulo V, Artículo 41.
[47]
A.G.N., “Decretos”, Baldíos, tomos 33 y 41, Cartagena, septiembre 5 de 1910,
Quibdó, julio 31 de 1917, pp. 392 y 175.
[48] B.N.C., “Por los agricultores”, El Chocó, Quibdó, 16 de noviembre de 1907.
[49]
A.G.N., “Baldíos”, tomo 16, Quibdó, 19 de septiembre de 1896, p. 73. Tomo 20,
Quibdó, 29 de septiembre de 1903, p. 51.
[50]
A.G.N., “Baldíos”, tomo 25, Quibdó, 9 de mayo de 1906, p. 162. B.N.C., “Aviso el intendente nacional del
Chocó”, Gaceta de la Intendencia,
Quibdó, 19 de enero de 1914, p. 916.
[51]
A.H.C., “Denuncio de tierras Baldías”, en
Registro de Bolívar, Cartagena, 8 de
octubre de 1904/“Baldíos”, Cartagena, 24 de octubre de 1908.
[52]
A.H.C., Notaria primera, caja 263, tomo 10, escritura pública núm. 752,
Cartagena, 15 de diciembre de 1920.
[53]
Tovar, Hermes. “Los baldíos y el problema agrario en la costa Caribe de
Colombia (1830-1900)”, en Revista
Fronteras, núm. 1, Centro de
Investigaciones de historia colonial, Instituto de Cultura Hispánica, Bogotá,
1997, p. 36.
[54] A.G.N. “Baldíos”, Tomo 33, Quibdó, octubre 6 de 1924, p. 10
[55] A.H.C. “El
problema de los baldíos”, La Época,
Cartagena, octubre 16 y noviembre 8 de 1913.
[56] A.G.N., “Baldíos”,
Tomo 47, Quibdó, 2 de marzo de 1920, p. 10.
[57]
Fals Borda, Orlando. Historia Doble de la
Costa, tomo IV (Bogotá: Ancora Editores, 2000), pp. 157A. Investigaciones
que han abordado un periodo de estudio más reciente permiten visualizar la
continuidad de estos acaparamientos de tierras por parte de los inmigrantes
sirios en el Sinú. “Estos inmigrantes han utilizado el poder político para implementar
acciones ilícitas sobre la tierra, especialmente sobre tierras de ciénagas.
William Salleg, por ejemplo, aparece con títulos de propiedad sobre una gran
porción de la ciénaga de la Martinica, y por esto ha estado en continuo
enfrentamiento con los campesinos sin tierra de la zona que reclaman esas
tierras del estado para trabajar. Otro tanto le sucede a Lawandio Barguil que
extiende voluntariosamente sus linderos y cercados sobre la ciénaga grande. Por
su parte, Elias Milane, el mayor terrateniente en el cultivo de algodón en
Córdoba, ha confrontado levantamientos campesinos por extender sus linderos
sobre la ciénaga grande”. Alzate, Alberto y Brunal, Berta. Tenencia y Concentración de la tierra en Córdoba (Montería: ed.
Fundación del Caribe, 1982), p. 23.
[58] A.G.N., “Baldíos”,
Tomo 75, Montería, 30 de enero de 1930, p. 148.
[59] Ibíd.
[60] Artículo 60 del
Código Fiscal, 1919. A.H.C., El Porvenir,
Cartagena, 3 de octubre de 1921.
[61] A.H.C., notaria
primera, escritura pública núm. 20, Cartagena, 14 de enero de 1925.
[62] Artículo 60 del Código Fiscal, 1919. A.H.C., El Porvenir, Cartagena, 3 de octubre de 1921; Leal, Claudia. “La compañía minera Chocó Pacifico y el auge del platino en Colombia 1897-1930”, en Revista Historia crítica, núm. Extra 1, Universidad de los Andes, Bogotá, 2009, pp. 150-164.
[63]
B.N.C., “Decreto legislativo No 12 de la ley 19 de 1904”, en Informes y decretos, exposición de motivos y
proyecto de lei sobre inmigración, 1919, p. 26.
[64] A.G.N., “Baldíos”, tomo 32, Istmina, 23 de septiembre de 1909, p. 405.
[65] B.N.C. “Circular
No 43”, Gaceta de la intendencia del
Chocó, Quibdó, octubre 16 de 1911.
[66] A.G.N. “Baldíos”,
tomo 33, Quibdó, octubre 6 de 1910, p. 551.
[67] González, Luis F,
“Sirio-libaneses en el Chocó”, Op Cit,
p. 92.
[68] B.N.C., ABC, Quibdó, 25 de febrero de 1927, p.
1.
[69] A.H.C., Penitente, Cartagena, 28 de noviembre de 1909.
[70] Ibíd. Finalmente, el gobierno nacional
le adjudica 2,531 hectáreas de terrenos de La Playona a la firma A&T Meluk,
en el año de 1920. A.H.C., Notaria primera, escritura pública núm. 752,
Cartagena, 15 de diciembre de 1920.
[71] A.G.N., “Baldíos”, Tomo 48, Cartagena, 20 de marzo de 1921, p. 520.
[72]
En la Compañía Agrícola Honduras, ubicada en el Departamento de Bolívar,
participaban Enrique Escobar, Dadley Mac Dougal, Enrique Lecompte y los
sirio-libaneses Abuchar y Malluk.
A.H.C., Notaria primera, escritura pública núm. 742, Cartagena, 11 de
diciembre de 1920.
[73] A.G.N., “Baldíos”, Tomo 38, Cartagena, 8 de diciembre de 1915, p. 25.