MÉXICO: DEL AUTORITARISMO A LA DEMOCRACIA DEFECTUOSA


Luis Fernando Villafuerte Valdés*

* Doctor en Ciencias Políticas y Sociales y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Madrid.Profesor-Investigador de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Veracruzana, Profesor con perfil PROMEP. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) Nivel 1. Veracruz, México.Correo electrónico: lvillafuerte@uv.mx



RESUMEN

Este ensayo tiene la intención de hacer una reflexión analítica y crítica del proceso de transición política en México. El punto de partida es una recuperación teórica de las principales corrientes que explican el proceso de cambio político de la llamada “Tercera Ola Democrática”, haciendo una crítica a partir de la experiencia mexicana, ya que este país fue uno de los incluidos en esta escuela de pensamiento politológico, y el análisis concluye en que este enfoque parte de una visión muy normativa de la idea de Democracia, por lo que se tienen que construir nuevas formas de interpretación politológica a este concepto, tomando en cuenta las experiencias de democracias “inconclusas” o “defectuosas”, ya que el proceso de cambio político en el país se centró exclusivamente a los aspectos institucionales, pero no se tocaron las dinámicas necesarias para transformar la cultura política y las prácticas sociales, razón por la cual se torna necesario construir estrategias e instituciones que posibiliten el cambio de valores sociales que ayuden a construir y a enraizar prácticas democráticas en México.

Palabras clave: democracia, autoritarismo, cambio político, democracias defectuosas.


MEXICO: FROM AUTORITARISIM TO FAULTY DEMOCRACY

ABSTRACT

This essay attempts to make an analytical and critical analysis of the process of political transition in Mexico. The starting point is a theoretical framework of the main currents that explain the process of political change in the so-called “Third Wave of Democracy”, analyzing the Mexican experience, since this country was one of those included in this Political Science school of thought, and the analysis concludes with an approach of a very normative idea of democracy. The main idea is that new ways of using the concepts of political science must be built, taking into account the experiences of unfinished or “faulty” democracies because the process of political change in the country focused exclusively on the institutional aspects, but did not take into account the dynamics needed to transform the political culture and social practices. In Mexico, it is necessary to build strategies and institutions that facilitate the changing social values that help build and entrench democratic practices.

Keywords: democracy, authoritarism, political change, defective democracy.


MÉXICO: DEL AUTORITARISMO A LA DEMOCRACIA DEFECTUOSA


1. INTRODUCCIÓN

El discurso de la transición a la democracia parece agotarse en México: del discurso triunfalista del cambio político hemos arribado a un escepticismo y a una desconfianza acerca de los alcances del propio proceso de cambio político en el país. Este argumento se puede soportar de distintas maneras, sin embargo, una de las ideas más claras en cuanto a esta perspectiva operaría en el sentido de que se nos vendieron de manera muy alta las expectativas acerca del proceso de cambio político; se nos planteó un panorama muy alentador, un mundo feliz en donde el libre mercado y la democracia electoral nos iban a trasladar a un sistema lleno de justicia social, de prácticas democráticas y desarrollo material para la población; sin embargo, después de 11 años del proceso de alternancia en el país, nada de este escenario se ha cumplido, además de que no se ha logrado superar de manera total el peso de las tradiciones políticas autoritarias que aún perviven en México.

La situación antes expuesta se generó por la propia dinámica de la alternancia política en México, ya que se concentró, de manera muy evidente, en los actores políticos institucionalizados, y se ubicó a la arena político-electoral como la referencia inmediata de la democracia, llevándonos entonces a un diseño de una democracia de mínimos o procedimental1, y se olvidó la parte de la construcción a la democracia “desde abajo”, o desde la propia cultura política, por lo que en el proceso de cambio no se abordó el problema nodal en un país como México: el cómo transformar las prácticas políticas autoritarias enraizadas en las visiones y en la cultura política2 de amplios contingentes de la población.

Es necesario entonces reflexionar en torno a cuál es el tipo de régimen democrático que estamos construyendo para, a partir de ahí, determinar qué es lo que nos falta para poder diseñar un andamiaje social que nos permita apoyar con prácticas más democráticas a las instituciones políticas, y así poder avanzar y volver más irreversibles las condiciones democráticas en México.


2. ¿QUÉ TIPO DE TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA TENEMOS EN MÉXICO?

El proceso de transición a la democracia en México ha resultado largo y muy confuso tanto en su desarrollo empírico como en las distintas investigaciones acerca de la misma. En relación al desarrollo empírico, hay una serie de problemas muy concretos en cuanto a la definición de cuándo se puede ubicar el inicio del proceso de transición política en México.

En cuanto a los lineamientos de investigación, el estudio de la transición se ha enfocado de una manera muy clara en las reformas electorales, lo que ha reducido de sobremanera la visión de la democracia en el país, así mismo, se le ha restado importancia a la aparición de la sociedad civil y otras manifestaciones de organización de la ciudadanía, por lo que no queda muy claro entonces el rumbo que ha tenido, que tiene y hacia dónde va la construcción de la democracia y, por lo tanto, del diseño institucional que se va a necesitar para construir una sociedad bajo los parámetros de una democracia de mayor calidad, con una orientación hacia una democracia social y no solamente una democracia política.

Por lo anterior, uno de los problemas fundamentales del régimen político en México es su diseño, ya que éste se construyó de tal forma, que le daba legitimidad y legalidad a un sistema político autoritario fundado en un reparto instrumental de beneficios sociales, coordinado por un gran control corporativo, el cual le dio un sentido de gran funcionalidad al sistema político en sí, por lo que la vigencia de este tipo de sistema fue de tal éxito que, aún en nuestros días, sigue vigente en casi todos los estados de la república. Independientemente del espectro ideológico del partido político que lo gobierne, es decir, tanto la Derecha3, como el Centro4 o la Izquierda5, siguen utilizando esta estrategia para ganar elecciones y para gobernar; considerando que, en términos reales, no hay grandes diferencias en los estilos de gobernar de estos partidos, siguen funcionando sus redes clientelares, sus programas de asistencia social, y a la hora de las elecciones utilizan el voto corporativo para asegurarlas, así que la incógnita del estado de la democracia en nuestro país se ubica en los orígenes de la funcionalidad de nuestro sistema político.

El sistema político mexicano giró en torno a tres ejes muy claros: (a) un presidencialismo acentuado en un carácter patrimonial, lo que le permitía tener el control absoluto de los procesos políticos, sociales, económicos y culturales. Este poder concentrado, se basaba en (b) un marco jurídico constitucional diseñado para la manutención del control político del país y (c) una maquinaria política encarnada en el Partido Revolucionario Institucional. Estos tres ejes acompañados de una política económica distributiva, basada en finanzas públicas sostenidas a partir de deuda pública, y un reparto económico a todos los sectores sociales generaron una atrofia en cuanto al desarrollo de la ciudadanía en el país, así como también un sistema político altamente corrupto construido con la legitimidad del reparto económico, pero menoscabando la legitimidad de las urnas, la toma de decisiones y la hechura de las políticas públicas.

El régimen político se construyó a partir de estas particularidades, ya que si bien los procesos electorales no tenían la característica de ser muy competidos, sí eran procesos electorales periódicos, lo que le confirió un sentido muy particular al sistema político mexicano, debido a que no era una dictadura, pero tampoco era un sistema democrático real. No existían los espacios públicos para la expresión de la oposición, sin embargo sí existía una oposición y disidencia en el país. En este sentido, resulta muchas veces más práctico: “No recurrir de nuevo al intento de ubicar el caso mexicano dentro de grandes modelos descriptivos, que muchas veces opacan las reglas de funcionamiento de la actividad política” (Prud’homme, 1994, p. 29), rescatando así la idea de utilizar un modelo que explique a la democracia como un proceso que puede ser incompleto y defectuoso.

Así, el sistema político en México se va a diferenciar del resto de América Latina en la medida en que es un sistema altamente pragmático con una capacidad de cooptación e incorporación al sistema de grupos políticos disidentes, así como de desmovilización de amplios contingentes sociales. Ejerció el poder de manera moderada, selectiva e incluyente (Prud’homme, 1994, p. 30), por lo que generó un modelo de gestión legal por un lado y legítimo por otro.

Estos principios en los que se construyó el sistema político permitieron la desmovilización social funcional, fundada en la generación de una cultura política acrítica, poco participativa, sustentada en un sentido pragmático de la participación política por parte de la sociedad. Los mecanismos de socialización política vincularon el desarrollo económico del país con la estructura política vigente, así que la sociedad permutó sus derechos políticos y civiles a cambio de mayores derechos económicos (representados en beneficios económicos y en obra pública), herencia que se presenta en estos primeros 11 años de alternancia partidista en el país y que se evidencia a partir de un proceso de debilidad estructural del Estado.

Estas características del sistema generaron un esquema en donde las relaciones inter- sistémicas estaban tan entrelazadas y enraizadas que se generó una dependencia total a la capacidad del sector gubernamental de generar iniciativas de desarrollo, elaborar políticas públicas y sociales, y mantener el control social dentro de los niveles de gobernabilidad. Se podría decir, en términos generales, que el país enfrentó un esquema de atrofia en sectores que requerían márgenes de autonomía, así, la ciudadanía, la sociedad civil y los movimientos sociales fueron mantenidos dentro de un bajo perfil de desarrollo, el Estado de Derecho se supeditó permanentemente a los intereses de la clase política del partido hegemónico en el poder, dándose un ejercicio claro de un uso instrumental y político del derecho, mientras que la clase empresarial nació y se conformó a partir del cobijo estatal, por lo que su desarrollo estuvo muy ligado a las políticas económicas impulsadas por el gobierno en turno.

Lo anterior originó que el país desarrollara un modelo sistémico legal autoritario, donde evidentemente todo el tejido social era un reflejo del diseño institucional del país. El sistema político era un híbrido de un sistema democrático formal, con un ejercicio autoritario y centralista del poder, pero este modelo evitó que el país se librara de las tentaciones dictatoriales como en el resto del continente sudamericano. El sistema no sólo era estructuras, era símbolos, mitos6, íconos que legitimaban la figura del Estado, pero también la mayoría de esos mitos tenían su fundamento “legal” dentro de la constitución del país. El Estado tenía una cara social, pero a su vez mantenía el control de la sociedad y a la menor provocación reaccionaba violentamente con represión, existía un Estado Social Autoritario (De la Garza, 1988), legal y legítimo dentro de las visiones de la sociedad en México (Castrejón, 1995).

Así, la vida social del país se mantuvo durante setenta años. El diseño del sistema político permitió que se reprodujera de manera continua logrando salvar además conflictos que iba atravesando el país, el funcionamiento del modelo económico, además de la reproducción simbólica de los elementos que cohesionaban a la sociedad. Sin embargo, el funcionamiento del modelo generó que el estado empezara a asumir funciones y responsabilidades que sobrecargaban sus componentes (Habermas, 1998a; Offe, 1991).

Esta estructura le generó al Estado una función doble: por un lado tenía un gran poder sobre todas las estructuras sociales del país y, por el otro, un grado de vulnerabilidad ante cualquier embate o cuestionamiento que sufriera el mismo. Esto quedó evidenciado cronológicamente a finales de los años sesenta, cuando el modelo económico empezó a mostrar agotamiento y, en consecuencia, empezaron los primeros brotes de movilizaciones y protestas políticas en el país, lo que generó un cambio de rumbo en la estructura política, económica y social del país.

El Estado tuvo que enfrentarse a brotes de movimientos políticos y sociales que emergían en el campo y la ciudad, que trató de controlar a partir de un aumento en el gasto social, sobre todo a los sectores de clase media, que representaban los sectores cada vez más radicalizados del país, definiendo así el tránsito a una crisis sistémica nacional.

Esta situación orilló a una serie de transformaciones estructurales en el país, que se hicieron en el frente político, como el económico. Estas reformas estuvieron orientadas a continuar con las políticas de control y desmovilización de la sociedad por parte del Estado. En la parte política, se liberalizó el sistema político en 1977, con una reforma política que incorporaba a los sectores de izquierda dentro del sistema político, y canalizó toda la participación social a través de los partidos políticos, lo que quitó capacidad de autonomía a la organización social y no generó condiciones de desarrollo de una sociedad civil con rasgos democráticos. Esta situación se hereda hasta nuestros días, ya que las sucesivas reformas a las leyes electorales se han orientado hacia el sentido de canalizar toda la participación política a través de los partidos políticos, dejando de lado las formas de auto-organización social autónoma. Por lo anterior, seguimos teniendo una vigencia muy clara de prácticas y valores autoritarios dentro de la sociedad civil; como también cuenta con vigencia el funcionamiento de esquemas corporativos en los procesos electorales hasta nuestros días.

En el ámbito económico, se implementaron medidas que transformaron la economía de cerrada y proteccionista a una abierta y de libre mercado. En ese tránsito de modelo económico, las expectativas gubernamentales sobre el desarrollo económico fueron socializadas de una manera muy evidente, promoviendo beneficios inmediatos e irreversibles.

Sin embargo, estas reformas han resultado insuficientes, ya que los datos duros demuestran cada vez números más contundentes en cuanto a los niveles de marginación y pobreza en el país, como un proceso de cambio político caracterizado por la pervivencia de prácticas autoritarias.

Este argumento se soporta a través de una serie de datos duros generados por el censo intermedio del 2005 realizado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información de México, donde se demuestra cómo es que aumenta la pobreza en el país, teniendo números redondos de una población total de 107 millones 443, 490 mexicanos, el país tiene 57 millones de pobres, de los cuales 5 millones viven con dos pesos diarios7 (INEGI, 2009). En el ámbito del desempleo, la Población Económicamente Activa (PEA) de 45’709,355 mexicanos, teniendo una PEA de 43, 344, 281 (quienes están ocupados), y desocupados son 2’365,674 mexicanos, presentando una tasa de desempleo abierto de 4.04% del total del PEA.

Estos datos se acompañan de un cada vez mayor nivel de desconfianza de la ciudadanía en cuanto a la labor del Estado. Por ejemplo: según datos del CIDAC en un estudio realizado en el del 2010, el país ocupa el lugar 16 entre los países con más homicidios por cada 100, 000 habitantes (10.6 homicidios), dando una percepción ciudadana muy clara. Una encuesta del Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad, A. C. (ICESI) realizada en septiembre del 2009, el 59% de los mexicanos percibe que vive en un entorno de mayor inseguridad, el 79 % de los encuestados prefieren ya no salir de noche a la calle y el 65 % no deja salir a la calle a sus hijos. Esta situación se acompaña de la ausencia real de un Estado de Derecho, encontrándonos con una visión instrumental del derecho, no siendo aplicado de manera igualitaria, y evitando así la construcción y consolidación de un estado social de derecho (Villafuerte, 2010).

Esta situación se agudiza más al momento en que se inicia la guerra frontal contra el narcotráfico en México, tema que se obvió a lo largo de muchos años, convirtiendo al narcotráfico en un poder fáctico muy importante para el país. Este problema presenta aspectos muy claros, como el infiltramiento en los tres órdenes del poder, ya sea federal, estatal y municipal, y la utilización de dinero proveniente del narcotráfico en campañas políticas, etcétera.

Esta línea argumental es muy utilizada por los grupos políticos y partidos políticos de oposición en el país, sin embargo, si nos quedamos en este nivel de apreciación, generamos una visión incompleta de la situación, ya que los problemas estructurales irían acompañados de problemas coyunturales, los cuales escapan a las previsiones estatales. No obstante, la principal dificultad es que estos problemas estructurales no han sido acompañados de una transformación de la clase política ni un cambio en la cultura política de la sociedad, por lo que estamos en un proceso de transición política inconclusa y que no ha acabado de definir el rumbo del tipo de democracia que queremos, no hay reglas claras en cuanto a la vida institucional del país, y lo más importante, no se ha superado la visión patrimonialista del uso del poder por parte de la burocracia política. Lo que nos lleva al segundo nivel de análisis: el problema de la construcción de la democracia en México.

En la línea del segundo argumento, tenemos la idea de que el problema que se presenta en cuanto al Estado en México se debe más a un problema del diseño institucional del tipo de transición política que estamos viviendo, y que esta ausencia de definición del tipo de Estado que queremos y cómo lo vamos a construir genera una parálisis del Estado en México, retardando el impulso de las reformas estructurales que el país necesita y las cuales no se han llevado a cabo, gracias a que la burocracia política tiene una visión de corto plazo, que restringe la toma de decisiones a partir de los tiempos electorales y no ha desarrollado una visión de Estado de largo plazo.

Podemos manejar como una primera hipótesis en esta línea argumentativa que si bien en el ámbito intelectual en México se tienen más de 20 años hablando de la transición política, aún no se han establecido prácticas institucionales y sociales que le den certidumbre a este discurso. Lo que puede constatarse en varios sentidos: (1) aún no se consolida una vida política institucional plural y tolerante en los actores de la esfera política, (2) existen prácticas autoritarias en el ejercicio del poder en los distintos ámbitos del país, (3) hay una ausencia clara de mecanismos de rendición de cuentas por parte de las autoridades políticas y (4) una falta de articulación entre distintos actores sociales. Por lo tanto, (5) existe una corporativización o represión a actores sociales que se agrupan bajo formas de la movilización social.

De esta manera, el tránsito y la construcción de la democracia en el país tiene un saldo negativo en estos primeros 11 años desde la alternancia partidista en la presidencia desde el año 2000, ya que como se mencionó anteriormente, el debate y la construcción de las instituciones democráticas se han concentrado tanto en las reformas electorales, como la creación y el fortalecimiento de las instituciones electorales, olvidando aspectos básicos como que la democracia también se construye desde “abajo”, es decir, desde la ciudadanía, la sociedad civil, los movimientos sociales. Siendo este uno de los grandes problemas de la construcción de la democracia en México, ya que no se han desarrollado las condiciones ni los elementos para generar innovaciones democráticas más consistentes, los intentos son desarticulados, más tendientes a esfuerzos organizacionales focalizados que dan una visión desnivelada de la transición y se concentran mucho en lo institucional- electoral, pero no desarrollan ni ciudadanía ni innovaciones democráticas institucionales.


3. LA DISCUSIÓN TEÓRICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MODELOS DEMOCRÁTICOS EN MÉXICO

La discusión teórica sobre la construcción de la democracia en México ha tenido un sesgo muy específico, debido a que los argumentos académicos vertidos en esta discusión se han mantenido al margen de las dinámicas sociales empíricas. De tal forma se percibe en el país una sensación de que los debates sobre el tema se encuentran completamente desfasados de las realidades políticas regionales y nacionales, por lo que en los análisis politológicos contemporáneos se debe partir de investigaciones empíricas que nos muestren la manera en que se lucha en México por la construcción de la democracia “desde abajo”, para que así contribuya al cimiento de un marco interpretativo que se ajuste a las características del proceso de transición que se está viviendo en el país. En el cual, los altos índices de pobreza, inseguridad e inequidad social y de género forman parte de las “realidades sociales del México de inicios del siglo XXI” sin embargo, desde los debates teóricos de los politólogos, sociólogos o los expertos en políticas públicas, no hemos recuperado estas problemáticas para vincularlas al problema de la construcción de la democracia en el país, y se puedan dar alternativas de solución para superar estos lastres que impiden construir un régimen y un sistema político-democrático de mayor calidad.

La idea central es que hay una contradicción entre los afanes democratizadores de ciertos grupos de la sociedad civil, en relación con las inercias institucionales y los intereses de la clase política en cuanto a sus prácticas, debido al peso de la herencia política autoritaria en el país, por lo que es necesario establecer esquemas metodológicos que nos permitan visualizar las formas de lucha para la construcción de la democracia, por parte de actores sociales regionales y locales, ya que de esta manera se pueden establecer interpretaciones teóricas y esquemas metodológicos que ayuden a entender la manera en que se pueden superar estas inercias de la cultura política autoritaria del antiguo régimen priísta — de corrupción, nepotismo, patrimonialismo, clientelismo, por sólo citar algunos ejemplos — y que nos permitan construir estrategias que nos ayuden a democratizar las relaciones sociales y no sólo las relaciones políticas institucionales.

El ambiente intelectual e institucional del debate de la democracia en el país se ha centrado básicamente en dos escuelas: (a) el Modelo de Mínimos o del Elitismo Competitivo (Weber, 1987; Schumpeter, 1976), (b) el Pluralista o Poliárquico (Dahl, 1993, 1997, 1999), que se centran básicamente en el problema del diseño institucional de la democracia, enfocándose al tema de la elección como la referencia más clara a la existencia de la democracia, olvidando la reflexión y la aplicación para instaurar mecanismos de participación social e innovaciones democráticas, contenidas en teorías como las de los modelos: 1) Participativos (Barber, 1995, 2000; Maiz, 2004); y 2) Deliberativos (Held,1992; Vallespín, 2001; Elster, 2001).

A partir de lo anterior, podemos decir que en México, en términos analíticos y empíricos, se tomó como punto de partida la visión de los Modelos Mínimos de la Democracia, los cuales reducen la participación social al mero acto de votar en los procesos electorales.

Sin embargo, ante la crisis sistémica vivida en México a partir del agotamiento del modelo económico basado en una economía petrolizada a partir del año 1977, la misma que garantizaba una distribución económica basada en criterios políticos tendientes a desmovilizar a amplios sectores de la sociedad, a partir de esta asignación presupuestal y transferida desde de una política pública selectiva, el esquema político electoral se tambaleó y necesitó reformas que permitieran conservar el control político de la sociedad; esto llevó al inicio del proceso de liberalización del sistema político mexicano, que retomó los postulados del Pluralismo Democrático, elaborado por el politólogo norteamericano Robert Dahl. Este modelo se puso en boga a principios de los años setenta, sin embargo, en México se recuperó a finales de los años ochenta, del siglo pasado. Esta escuela trató de subsanar una serie de aspectos que no se habían desarrollado en los postulados de las visiones minimalistas de la democracia, sin embargo, seguían poniendo en el centro de la discusión de la democracia la participación en la arena electoral, ubicando las dinámicas democráticas en las instituciones, pero sin fomentar los espacios de la autonomía ni conformación de la sociedad civil fuera de los canales institucionales.

Esta corriente poliárquica complementa de manera clara los límites del Modelo de Mínimo o del Elitismo Competitivo, desde cuya perspectiva se reconoce muy bien la necesidad de entender la presencia de mecanismos o sociedades intermedias (Held, 1992) que ayuden a la representación de intereses de la sociedad ante la esfera política.

El Pluralismo parte de analizar las condiciones mínimas de los contextos democráticos, así que plantean un modelo “descriptivo” (Held, 1992) para analizar las características distintivas de los órdenes reconocidos como democráticos, por lo que se le conoció también a este modelo como la Teoría Empírica de la Democracia (Held, 1992).

Podemos decir que esta escuela parte desde una serie de requisitos, para poder hablar de un sistema democrático en términos de poliarquía, condiciones que podemos ubicar en dos sentidos: (a) una economía capitalista consolidada y (b) factores institucionales que permitan la regulación de la vida política y el libre acceso e igual oportunidad para los distintos integrantes de la sociedad. Dichos postulados se recuperaron en función a la reforma política, que se emparejó a la reforma económica, basada en la introducción de una economía neoliberal, y enlazando así claramente las reformas políticas con las económicas, generando una visión instrumental de la democracia, ligada al neoliberalismo y, por lo tanto, generando una lectura teórica muy ligada a las ideas de las Escuelas de las Transiciones (O’ Donell, Guillermo; Philippe, Schmiter y Lawrence, Whitehead, 1992) y seguidas por la corriente de la Tercera Ola Democrática, dada por Huntginton (1993).

La lógica de esta vinculación consistía en que ante la desigualdad, en el acceso a los canales de tomas de decisiones, el Estado debía garantizar las condiciones mínimas para que la mayor cantidad de personas se involucrara en la vida política. El primer aspecto que se debía cubrir era el desarrollo de condiciones de beneficio económico, ya que si no existen éstas, la población puede sufrir un proceso de desafección en cuanto a la democracia, o incluso, pueden llegar a legitimar un sistema político autoritario. Por lo tanto, la democracia va aparejada a ciertas precondiciones de una economía de mercado, en la cual se generan condiciones de bienestar para la sociedad en general.

En el segundo aspecto, el sistema debía cumplir con una serie de requisitos para que se dieran las condiciones de la participación, dentro de canales institucionalizados y organizados que garantizaran el desarrollo de una sociedad con un grado de consolidación y enraizamiento en cuanto a sus prácticas políticas democráticas. Así, se cumplía el círculo virtuoso de la visión neoliberal, ya que ésta traería desarrollo económico y mayor democracia en los países, visión teórica muy optimista, pero muy alejada de los resultados generados de las experiencias empíricas en América Latina y especialmente para el caso de México, en donde el neoliberalismo ni ha traído desarrollo económico, por el contrario, los últimos datos del censo (INEGI, 2011) nos demuestran un aumento de pobres en el país, ya que pasó de un 44. 3 millones que había en el 2006, para el 2010 incrementó a 53 millones de pobres, según el nivel de ingreso de menos de $2 USD al día, (CONEVAL, 2011) ni ha generado la democracia, ya que como veremos más adelante, tenemos una democracia defectuosa, más llena de defectos e inercias autoritarias, que de planteamientos democráticos plenos. Así, en estos momentos en México, estamos más cerca de una regresión autoritaria, que de la consolidación de la democracia.


4. ¿QUÉ TIPO DE DEMOCRACIA SE ESTÁ CONSTRUYENDO EN MÉXICO?

Para empezar a establecer un análisis acerca del tipo de democracia que estamos construyendo en México tendríamos que construir un análisis que retome las características empíricas de la manera en que se está desarrollando. Esta mirada nos permitirá establecer una reflexión en términos en los que no podemos utilizar de manera irreflexiva los argumentos teóricos dados por la escuela de los Transitólogos o de la Tercera Ola Democrática para explicar el caso mexicano, pero más bien tendríamos que partir de modelos más híbridos y no tan normativos para el entendimiento de la realidad en el país. Para lo cual, recuperó la idea del Modelo de las Democracias Defectuosas, que parte metodológicamente de la idea de retomar el contexto social para construir una tipología de cómo se va desarrollando el proceso de construcción de la democracia, desde las propias dinámicas sociales.

El punto de partida para la utilización de las Teorías de las Democracias Defectuosas es preguntar el cómo compatibilizar los presupuestos normativos de los modelos de las democracias con el funcionamiento efectivo de las “democracias reales” (Vallespín, 2001), ya que un modelo de esta naturaleza implicará superar las desigualdades más recurrentes en las sociedades contemporáneas como la baja matriculación para la educación superior, la inequidad social y mala distribución de la riqueza. Es decir, realmente las democracias deben de conceptualizarse fuera de los ideales democráticos con los que se construyen.

Esto queda ejemplificado de manera muy clara con México, ya que su desarrollo histórico generó un modelo híbrido, en el que la fusión de elementos democráticos procedimentales con los normativos hizo que convivieran las dinámicas autoritarias e inciviles del sistema político, con formas de participación y deliberación social. Lo que llevó a la construcción de un imaginario político - social basado en una lógica democrática mediatizada por prácticas autoritarias, que originó el desarrollo de una serie de parámetros que correspondían con las del Modelo de las Democracias Defectuosas (Merkel y Croissant, 2001; Puhle, 2002).

Las teorías de las democracias defectuosas surgen como un esfuerzo para explicar la creciente complejización de los sistemas sociales. La necesidad de plantear el desarrollo de la democracia en contextos desiguales en el acceso a los recursos materiales y simbólicos (Oxhorn, 1995a y b, 2000, 2001), con un peso específico de las tradiciones culturales (Avritzer, 2002), con pocos elementos liberales en su desarrollo histórico concreto (Puhle, 2002; Merkel y Croissant, 2001) y con bajos niveles de participación de la ciudadanía (Wanderley, 1996) obligó a la construcción de modelos teóricos más operativos que fueran capaces de incorporar la creciente complejidad de las estructuras sociales en los contextos post autoritarios.

Así, el análisis del Modelo de la Democracia Defectuosa (Merkel y Croissant, 2001; Puhle, 2002) puede resultar valioso para aplicarlo en un contexto como el mexicano. Este modelo tiene una peculiaridad: la recuperación de distintas experiencias de países que transitan a la democracia dentro de la tercera ola, por lo que se construye esta tipología a partir de referencias empíricas, más allá de ser una tipología ideal en términos weberianos.

La idea de generar esta definición se debe a que es necesario superar las diversas aproximaciones que hay en la literatura sobre el tema, las cuales construyen modelos de “democracias con adjetivos”, que nos llevan a definiciones amplias y por momentos ambiguas de los ideales mínimos de la democracia como régimen político. La idea de este concepto es tratar de explicar los regímenes en transición que no han llegado a consolidar una democracia en términos liberales ni han establecido criterios procedimentales mínimos de un sistema democrático. Esta definición hace referencia a las formaciones políticas intermedias que no son propiamente democracias, pero tampoco son sistemas autoritarios o dictatoriales, tal y como se desarrolló históricamente el sistema político mexicano, producto de la revolución, el cual creó un sistema que, si bien no era dictatorial, sí tuvo la capacidad de reproducir, tanto material, como culturalmente, los valores que permitían legitimar al sistema político, creando así, lo que el escritor peruano Mario Vargas Llosa llamó La Dictadura Perfecta: un sistema que cooptó todos los espacios de participación y crítica social sin necesidad de políticas represivas masivas, sino que generó una cultura política que permitió reproducir los valores autoritarios y sus derivaciones, como algo cotidiano y “normal” dentro de los imaginarios sociales8.

Siguiendo los argumentos dados por Merkel y Croissant (2001) y Puhle (2002), podemos decir que, la constante en el proceso de transición en México es la construcción de un modelo intermedio, en el cual el peso de las inercias políticas autoritarias y de la consecuente cultura política que impera en el país hace que, en lugar de construir referencias políticas democráticas estables (por no decir consolidadas), se esté estableciendo un modelo híbrido, fuertemente cargado de estructuras e instituciones diseñadas democráticamente, pero autoritarias e ineficientes en su funcionamiento.

Este tipo de “democracia”, la defino a partir de la idea de que el sistema político mexicano, generó un sistema híbrido que tenía condiciones estructurales liberales, fusionadas con un sistema autoritario que negaba en términos prácticos los derechos liberales. Es decir, se presentaba un sistema político liberal en términos formales, pero en la práctica esos preceptos no se llevaban a cabo y sólo servían como mecanismos de legitimidad estatal. Y estas características se heredaron dentro del cambio político, ya que la negación de la parte liberal en nuestra tradición política generó un esquema o modelo híbrido para pensar la transición política en México.

Este desarrollo coincide plenamente con el planteamiento dado por la corriente teórica de las democracias defectuosas en su definición de Democracias Iliberales, las cuales plantean que la democracia funciona bajo un principio reiterativo de procesos electorales, que se llevan a cabo con cierto grado de limpieza y transparencia, por lo que los resultados son aceptados. Existe una regularidad en la alternancia partidaria en los puestos de elección, así como un voto diferenciado en la composición de las cámaras; sin embargo, son otros principios y criterios los que no funcionan correctamente, o bien, son “violados o disminuidos de manera que se constituyen ’defectos’ concretos en áreas distintas, rompiendo la lógica funcional del sistema de la democracia liberal, así como en la complementariedad y el balance entre los factores del régimen, designados para asegurar y proteger la libertad, equidad y control” (Puhle, 2002, p. 10).

En esta perspectiva, además de los componentes mínimos que debe de contener un régimen democrático liberal en términos poliárquicos, (a) mecanismos públicos de participación política y (b) competencia política abierta, debe agregarse un tercer componente: (c) la dimensión constitucional y de respeto al Estado de Derecho (Merkel y Croissant, 2001).

Las causas y las características del desarrollo de las democracias defectuosas pueden tener origen en varios factores. Sin embargo, para el caso mexicano, podemos recuperar de manera clara dos factores muy importantes que resultan evidentes: (a) el peso de las tradiciones políticas y culturales de la sociedad en su conjunto y (b) la implementación de diseños liberales, los cuales, se enraízan mal en los contextos específicos donde se tratan de institucionalizar. Este sistema político iliberal parte de una serie de presupuestos muy determinados: (a) no hay una separación clara entre los espacios público y privado de la sociedad, (b) la ausencia del Estado de Derecho y (c) la inexistencia de mecanismos de control por parte de los componentes del sistema político.

Estos factores claramente se ven en México, ya que el excesivo control del Estado con respecto a la sociedad, prácticamente deshizo los mecanismos de autonomía en los procesos de organización social y creó una cultura política basada en la desmovilización social. La mayoría de los defectos en esta implementación de democracia se debe a la debilidad o a la no-implementación de reglas claras contenidas en el Estado de Derecho, que deberían estar en los mecanismos institucionales formales al interior de la sociedad. En la mayoría de los casos esta red institucional no existe, no se respeta o se basa en un ejercicio populista pragmático. Por lo que en la mayoría de las prácticas políticas, los parámetros de la vida institucional se desvirtúan y se crean así las condiciones para que los defectos democráticos se acumulen y se enraícen más en los contextos sociales.

Los principales factores políticos en que podríamos encontrar una construcción inconsistente de la democracia son: por un lado, el Problema de la Herencia Autoritaria y, por el otro, la No-Institucionalidad de las Prácticas Políticas. Puntos a los que se enfrentan los procesos de democratización de los países post autoritarios y que se muestran muy claramente en el proceso de cambio político en México.

4.1 El Problema de la Herencia Autoritaria

Gran parte de las prácticas políticas en contextos transicionales están muy arraigadas y legitimadas dentro de los parámetros de la vieja cultura política, por lo que los mecanismos clientelares, la instrumentalización de la justicia y la ausencia del Estado de Derecho, facilitó la construcción de un orden que iba más allá de las instituciones, que a su vez, dio pie a la apertura de espacios a la informalidad de las relaciones políticas y el no-respeto a las estructuras legitimadas socialmente, situación que se da en México por las prácticas políticas que rebasan los parámetros liberales y que son vigentes hoy en día, como: los cacicazgos regionales, los mecanismos corporativos, el patrimonialismo, el nepotismo, entre otras prácticas que aún tienen una presencia muy arraigada en la vida política nacional.

“Las nuevas democracias albergan un considerable potencial de conflicto entre las viejas instituciones informales heredadas y las instituciones formales nuevamente implementadas” (Merkel y Croissant, 2001, p. 132). Por ejemplo, vemos en México un cuestionamiento permanente y cada vez más violento contra organismos como el Instituto Federal Electoral, sobre todo cuando afectan los intereses de la clase política, tal como lo demuestran las reacciones de los partidos políticos cuando esta institución los sanciona por violar la ley electoral, por lo que cualquier transformación institucional va a ser difícilmente aceptada por los viejos actores políticos, quienes incluso atacan la legitimidad de estas nuevas instituciones.

Así, las viejas dinámicas de la clase política siguen vigentes y sus acciones retardan la posibilidad de construir un marco institucional con legitimidad social y por lo tanto, las condiciones para generar una democracia defectuosa se acrecienta.

4.2 La No-Institucionalidad de las Prácticas Políticas

Los procesos de cambio político muchas veces utilizan inercias del viejo sistema para legitimar sus transformaciones. Así, gran parte de las instituciones nuevas nacen ya viciadas con prácticas viejas, lo que permite que el margen de incertidumbre en cuanto a la construcción de la democracia se acreciente. El problema básico en este punto es que estas inconsistencias se pueden convertir en elementos estables de la configuración del nuevo sistema político; por lo mismo, la democracia defectuosa no es solamente una democracia disminuida ni de baja intensidad en términos liberales, sino es una democracia inconsistente, en la cual hay rasgos democráticos que conviven con prácticas o dinámicas autoritarias9. Lo destacable de este punto es que estas inconsistencias, en lugar de orillar al sistema a la búsqueda de salidas que permitan la construcción de un orden cada vez más cercano a los parámetros aceptables de democracias consolidadas, se van convirtiendo en elementos constantes y enraizados del sistema político.

En este sentido, existen tres posibilidades o escenarios para el desarrollo futuro de una democracia defectuosa: en primer lugar, la posibilidad latente de un retorno autoritario, en el cual las inercias hayan tejido e invadido de manera muy clara a las nuevas instituciones democráticas. En segundo lugar, el escenario de la preservación de los “imperfectos democráticos”, ya que presentan una estabilidad y una continuidad a lo largo del tiempo, este contexto es el más frecuente en cuanto a las referencias empíricas, ya que muchas veces las democracias defectuosas son estables por mucho tiempo. Y finalmente, el desarrollo progresivo hacia componentes más liberales dentro de los contextos post autoritarios, en los cuales se pueden dar avances sectorializados o graduales, dentro de estas dinámicas ascendentes.

El desarrollo de cada uno de estos escenarios depende de muchas variables, tales como el grado de institucionalización de la arena política, el respeto gradual al Estado de Derecho, la creciente aparición de asociaciones en su acepción más liberal, las transformaciones de las relaciones corporativas entre el Estado y la sociedad, etcétera. Cada país, cada región, tiene su propio ritmo de transformación que puede ser desde lo nacional hacia lo local y de lo local a lo nacional. Este último, creo que es el que permitiría un mayor grado de avances en cuanto a la consolidación de una democracia en términos más liberales, ya que los cambios podrían ser más profundos en cuanto a la cultura política o a la aparición de una sociedad civil que tuviera valores democráticos arraigados.


5. ¿CÓMO CONSTRUIR UNA DEMOCRACIA DE CALIDAD PARA MÉXICO?

A partir de lo de desarrollado a lo largo de estas líneas, se puede afirmar que el problema que hay en México es el hecho de que aún no hemos consolidado ni construido las referencias del tipo de sistema democrático que queremos, y si le aunamos que tenemos un proceso de inercias de prácticas autoritarias, el panorama resulta bastante desolador. Sin embargo, la idea es el entender las causas y las consecuencias de las condiciones que están deteniendo el desarrollo de la construcción de la democracia, para así, poder realizar las transformaciones institucionales, culturales y sociales necesarias que permitan ir avanzando en el enraizamiento de condiciones para consolidar una democracia de mayor calidad.

Los elementos que deben de contener una democracia de calidad son:

  • Medios de comunicación independientes,
  • redes de organizaciones activas e informadas,
  • salvaguarda de los derechos,
  • arenas deliberativas dentro de los partidos,
  • imperio de la ley y
  • accountability.
  • Sin embargo, en estos momentos se encuentra una democracia con grandes déficits, ya que hay una serie de deficiencias muy claras. Además de que hemos desarrollado una crisis de credibilidad en cuanto a la democracia, ya que a partir de la alternancia del año 2000 han sido más los problemas económicos, de gobernabilidad, de impartición de justicia, que la buena conducción del país. No obstante, estas condiciones no son producto de la democracia en sí misma, sino de la manera en que se construye el tipo de sistema político, caracterizado por una gran cantidad de inercias autoritarias y una clase política no comprometida y nada identificada con los valores democráticos. Esto se puede resumir a partir de la asunción del proceso de alternancia política:

    1. Altas expectativas acerca del cambio político, las cuales no se asumieron a partir de un principio de corresponsabilidad entre la ciudadanía, la clase política y las instituciones políticas.
    2. Promesas de cambio que no se realizaron.
    3. Ausencia de una verdadera reforma del Estado, y por lo tanto, falta de nuevas reglas para institucionalizar un nuevo régimen.
    4. Sistema de partidos centrado en una partidocracia, que no deja margen de participación a los sectores sociales, por lo que la actividad política representativa se centra exclusivamente en la clase política heredera de los vicios y la corrupción del viejo régimen priísta.
    5. Insatisfacción de los ciudadanos y creciente desencanto en cuanto a los gobiernos y representantes electoralmente elegidos, generando abstencionismo electoral.
    6. En términos estructurales: pobreza y un modelo excluyente de desarrollo.

    En estos términos, en el ámbito político podemos encontrar una serie de elementos que nos demuestran que en México hemos construido una democracia muy débil. Estas expresiones serían las siguientes:

    Así, el saldo es bastante negativo: no hemos logrado construir una democracia que se pueda considerar consolidada o al menos estable, ya que debido al tipo de cambio político que se está construyendo, aunado a la crisis económica, los altos índices de marginación del país, los altos niveles de violencia generada por la llamada “lucha contra el crimen organizado”, hacen que “las condiciones de pobreza y desigualdad, afecten de manera directa la axiología democrática, el tipo de participación, la capacidad de exigir cuentas al gobierno y la tolerancia” (Aziz, 2009, p. 69).

    Lo anterior, abre el debate acerca de las condiciones que debe de contener un sistema democrático para lograr su consolidación. Temas como: la relación entre economía- política o educación-política hacen que se reflexione sobre la necesidad de construir mecanismos más complejos que permitan vincular aspectos muy concretos de la estructura social. De tal forma que se diseñe un esquema social el cual permita trascender a la idea de democracia reducida a los espacios políticos institucionales y trasladarlos a la vida cotidiana y a la ciudadanía. Así podemos decir que la construcción de la democracia debe de valorar una visión integral de la sociedad construida a partir de una serie de axiomas, tales como:

    A) El sistema político como la democracia o la dictadura favorecen o perjudican el desarrollo económico.
    B) Las democracias pueden tener mayor capacidad para lograr consensos o para impulsar un tipo de política social y fiscal.
    C) La democracia fortalece la estructura económica. En ésta, la democracia es más viable y tiene más posibilidades de consolidación.

    Así, para que una democracia dure y sea sustentable, es necesario que su marco institucional promueva objetivos normativamente deseables y políticamente realizables (erradicación de la violencia, seguridad material, igualdad y justicia, por sólo citar algunos ejemplos) y que sea capaz de enfrentar las diferentes crisis que se presentan en el Estado y la estructura social y resolverla de manera favorable según los marcos normativos que la democracia misma enarbola.

    El desarrollo económico es otra parte fundamental para la construcción de un orden democrático. Sin embargo, esto no es suficiente, debido a que también deben generarse condiciones de distribución social de la riqueza, que permitan el impulso del desarrollo económico y social, lo que generara un sentimiento de identificación y legitimidad del sistema político. Esto se entiende a partir de conceptos que explican el grado de confianza en las instituciones, tal como el concepto de Capital Social. Podemos definir al capital social como “las características de organización social, tales como la confianza, las normas y redes que pueden mejorar la eficiencia de la sociedad, mediante la facilitación de acciones coordinadas” (Putman, 1963, p. 118).

    Si seguimos la definición dada por Putnam, se establece que el capital social ayuda a construir y consolidar mecanismos que permiten la aparición de prácticas que mejorarían las prácticas de la vida democrática y que pueden consolidar a la larga, los elementos de una democracia de calidad, ya que supondría que la estructura social cuenta con dos factores muy claros de estabilidad: por un lado, un proceso de modernidad socioeconómica y, por otro, una gran comunidad cívica.

    La lógica de la existencia de la modernidad socioeconómica se refiere a que ésta se traduciría en indicadores como: desarrollo económico, mejor educación y la expansión y sostenimiento de las clases medias. Y la comunidad cívica se refiere al desarrollo de valores como la participación social, la igualdad, la tolerancia, la confianza y la solidaridad social. Estos dos ejes permitirán construir un marco social mejor estructurado para poder, eventualmente, consolidar un sistema democrático de calidad.

    Así, los retos de la democracia en México son muchos, sin embargo, es importante decir que está aún en proceso de construcción, y por tanto, esta llena de inercias autoritarias que conviven con prácticas democráticas, dándole así un sentido contradictorio a la idea de la democracia en México. Existen otras democracias que se consideran ya consolidadas y tampoco dejan de tener problemas importantes en la desafección ciudadana y la pérdida de confianza, como sucede con la democracia Española (Aziz, 2009). Así, tenemos grandes retos en el país, tenemos problemas tanto estructurales como sociales, pero la apuesta debe de ser construir una ciudadanía más democrática y participativa, así como fomentar el buen funcionamiento de las instituciones diseñadas para la democracia, con una perspectiva a mediano plazo para consolidar la democracia en el país.


    1Esta escuela representada por autores como Robert Dahl, Joseph Schumpeter y autores que corresponderían a la escuela de la Tercera Ola Democrática, como Samuel Huntignton, Guillermo O’ Donnell, quienes ubican a la democracia de una manera muy clara a los aspectos político-electorales y a las instituciones políticas, y determinan que la cultura política se transformará con el impulso de las prácticas democráticas institucionales.

    2Definiendo cultura política a partir de la definición clásica de Almond y Verba, que dice que la cultura política es la percepción social colectiva de los objetos y los componentes de un sistema político en su totalidad.

    3Representada por el Partido Acción Nacional (PAN, por sus siglas).

    4Representado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI, por sus siglas).

    5Representado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD, por sus siglas).

    6México está lleno de una mitología política: el sentido político de la Vírgen de Guadalupe o hechos históricos que fundan el sentido de Estado - Nación como la nacionalización petrolera, la lucha por la soberanía, etcétera.

    7Esto equivale aproximadamente a 0.13 centavos de dólar al día.

    8Cuando hablo de derivaciones de las prácticas autoritarias, me refiero a corrupción, patrimonialismo, paternalismo, caudillismo y todas esas prácticas que aún perviven dentro de nuestra realidad política e incluso social en México.

    9En México, tenemos organismos mixtos, los cuales funcionan con una autonomía y una eficiencia muy destacada. Por ejemplo, el Instituto Federal Electoral o el Tribunal Federal Electoral, pero a su vez, tenemos ejemplos muy claros de una ausencia de un Estado de derecho, a partir de la instrumentalización de los aparatos de justicia.


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