SINDICATOS ENTRE LA DEMOCRACIA Y EL NEOLIBERALISMO. El cierre de las minas de carbón en Lota y Coronel. Continuidades y rupturas del movimiento sindical durante los años 90*

Cristina Moyano Barahona**

* Artículo asociado al Proyecto Fondecyt 1120009 y Proyecto Conicyt de inserción posdoctoral en la Academia Nº 7009004.

RESUMEN

El presente artículo aborda el conjunto de acciones y representaciones sociales y políticas que hizo el movimiento sindical minero carbonífero en los inicios de los años 90, década en la que se puso fin a más de 100 años de explotación de dicho mineral en la zona de Lota y Coronel. El cierre de las minas de carbón coincide con el retorno de la democracia en Chile, por lo que el estudio del comportamiento de los sindicatos mineros de la zona nos permite comprender también los conflictos laborales que se instalaron en el período de la transición, en pleno período de consolidación del modelo económico neoliberal heredado por la Dictadura y la retirada definitiva de un tipo tradicional de cultura sindical.

Las preguntas que este estudio intenta resolver son las siguientes: ¿Qué continuidades y rupturas pueden apreciarse en la acción sindical de los mineros del carbón durante la crisis terminal de la industria del carbón¿ ¿Qué tipos de representaciones sociales y políticas construyeron los sindicatos mineros para validar su acción colectiva¿ ¿Qué alcances tuvo esa acción sindical en las propuestas de reconversión productiva que se idearon para salir de la crisis¿

Palabras clave: crisis de la industria carbonífera, sindicalismo, transición a la democracia.

ONTOLOGY OF TRUST

ABSTRACT

This article approaches a set of social and political actions and representations done by the coal mine union movement in the early 90s, decade in which, after a hundred year of exploitation, the coal mines of Lota and Colonel finally came to its closure. The closure of the coal mines coincides with the return of democracy in Chile, so the study of the behavior of the mining unions in the area allows us to also understand labor disputes settled in the period of transition, in the period of consolidation of the neoliberal economic model inherited from the dictatorship and the final withdrawal of a traditional type of trade union culture.

The questions that this study attempts to resolve are: What continuities and ruptures can be seen in action union coal miners during the terminal crisis of the coal industry¿ What kinds of social and political representations did mining unions build to validate their collective action¿ What scopes did that industrial action have in the productive restructuring proposals that were designed to overcome the crisis¿

Keywords:crisis of the coal industry, unionism, transition to the democracy.

1. EL SINDICALISMO EN LOS 90: PERSPECTIVAS GENERALES SOBRE LAS TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES DEL MUNDO SINDICAL AL INICIO DE LA TRANSICIÓN EN CHILE

La década de los 90 está marcada por un conjunto de características que la hacen distinguible, tanto desde el plano nacional como internacional. Por un lado, durante estos años el capitalismo financiero y transnacional toma una fuerza sorprendente, asociado en parte a las transformaciones entre capital y trabajo que venían instalándose en el mundo a partir de los años 70. La configuración de una sociedad estructurada con base en una economía globalizada y organizada en torno a redes, un mundo del trabajo cada vez más flexible, inestable, precario e individual, una cultura de la virtualidad real construida sobre medios de comunicación omnipresentes, interconectados y diversificados y la transformación del espacio y el tiempo sobre los cuales se habría constituido la experiencia de la modernidad.¹

De otro lado, el derrumbe del socialismo real con la caída de la URSS, en 1991, también marca el inicio de una nueva era en que se dieron por muerta las utopías, los metarrelatos, el fin de la historia y el triunfo sin contrapunto de la hegemonía neoliberal. El aparente triunfo de dicha ideología, con aquella lógica tecnocrática e instrumental, fundamentaba las políticas públicas vaciándolas de sentido proyectual e instalando la búsqueda de la eficiencia y la productividad como gran máxima por alcanzar, despolitizando agudamente a las sociedades y generando una fuerte crítica a la política partidista, que en sus formas liberales tradicionales entraba en una profunda crisis de legitimidad²

En ese contexto, la aplicación de medidas de reducción del Estado y del gasto social, orientadas por la búsqueda de la eficiencia, comenzaron a impactar tanto en las sociedades europeas con Estados de Bienestar fuertes, así como en otras sociedades cuyos Estados más pequeños disminuyeron aún más, respecto de su influencia así como en tamaño.

América Latina no estuvo ajena a este proceso. Los años 90 corresponden a una década de importantes procesos de liberalización económica y reducción del aparato del Estado, que fueron de la mano de la consolidación de las democracias perdidas entre los años 60 y 70. Estas transformaciones impactaron de forma significativa en el mundo del trabajo y las culturas políticas sindicales. Debido a esto se movilizaron tanto sus demandas salariales, como de protección y constitución de derechos en un contexto complejo, marcado por una apertura democrática cada vez mayor, que generaba un escenario propicio para el reconocimiento de la asociatividad colectiva. Por otro lado, apelaron a un Estado con cada vez menos capacidad de intermediar en las relaciones entre capital y trabajo.

América Latina y el sindicalismo en la época del neoliberalismo

Iniciada la década de los 90, en América Latina, existía un escenario particularmente complejo para el mundo sindical. Como indica M.V Murillo: ¿los sindicatos se encuentran con mayor libertad para organizarse en las nuevas democracias, pero enfrentados a los desafíos creados por la mayor movilidad del capital, la liberalización económica y la reducción del aparato estatal? (2001, p. 315). En ese contexto, la relación intrasindical y de estos con los partidos políticos se modifican lentamente, así como las relaciones con el Estado, tensionando las viejas formas de articulación y transformando tanto las demandas como las representaciones que hace el propio mundo sindical de su lugar en la sociedad neoliberal. Según la autora antes citada,

• En el momento de la liberalización económica y la transformación institucional, las lealtades partidarias entre los sindicatos y los partidos políticos de base obrera moldean la interacción entre las organizaciones laborales y el gobierno. A su vez, la competencia por el liderazgo dentro del movimiento sindical y la fragmentación de los sindicatos explican la conducta obrera y su efectividad en el diseño de políticas durante los procesos de liberalización económica (Murillo, 2001, p315).

Las diferencias regionales respecto de la actuación de los sindicatos en la escena política dependen de factores coyunturales, así como de las distintas culturas políticas sindicales, configuradas al alero de la histórica relación entre empresa, Estado y partidos políticos. De esta forma, mientras se implementaban las reformas neoliberales, los sindicatos pudieron participar de una lenta innovación estratégica o bien resistir el cambio.

• La innovación adoptó una de tres formas: nuevas alianzas, autonomía organizacional y participación industrial. En el primer caso, los sindicatos rompen sus lazos con los viejos aliados y buscan otros nuevos, como partidos políticos y otros sectores populares. En el segundo caso, los sindicatos se concentran en la supervivencia de la organización a través de la adquisición de nuevos recursos creados por la apertura económica. En la última opción, los sindicatos asumen un papel más activo en la implementación de nuevas tecnologías que aumenten la productividad laboral en una economía competitiva (Murillo, 2001, p.316).

Las formas de esa innovación se comprenden en el marco de las culturas políticas sindicales prevalecientes. Así, por ejemplo, en aquellos países donde los sindicatos tienen escasa posibilidad de generar alianzas interempresas por ramas de la producción, resulta más común observar la construcción de alianzas con partidos políticos de base obrera, que presionan al gobierno de turno para incorporar las demandas gremiales y transformarlas en derechos laborales (caso chileno). De otro lado, aquellos países donde las posibilidades de asociatividad entre sindicatos de empresas similares estaban permitidas en los respectivos códigos laborales, y/o en los que el Estado aparecía como dueño de muchas de dichas corporaciones, las acciones gremiales de negociación directa con la entidad fueron más comunes y eficaces (caso mexicano).

Estas formas de vinculación con la empresa y el Estado marcaron, en parte, las dinámicas sindicales que configuraron un aspecto significativo de la experiencia de los trabajadores. En la primera de esas formas primó una cultura política caracterizada, a grandes rasgos, por relaciones competitivas al interior del mundo sindical por el control de las bases de trabajadores, de igual forma, entre los partidos políticos de base obrera que buscaban los mismos espacios. En ese sentido, las posiciones frente a la autoridad y las reformas laborales y económicas pasaron por una estrecha relación con el mundo político y las posibilidades de este para presionar institucionalmente por las demandas de los trabajadores.

En la segunda de las formas, la cultura política tendió con mayor fuerza a la autonomía de los sindicatos respecto de los partidos políticos, por ende, llega a establecer dinámicas de cooperación más directa con la empresa o con el Estado, cuando este aparecía como dueño de la propiedad de la misma. Así, un tipo de cultura política de corte cooperativista y paternal habría caracterizado esta forma de vinculación histórica.

Según Murillo, ¿las lealtades partidarias, la competencia entre partidos por el liderazgo y la competencia entre sindicatos son, entonces, importantes variables para entender la interacción entre los sindicatos y los gobiernos al momento de la liberalización económica? (Murillo, 2001, pp. 333-334). Por ello, el estudio de casos más específico revela que los modelos, si bien cumplen un rol explicativo y comprensivo importante, pueden verse modificados por los siguientes factores contextuales: a) posición estratégica de la rama de la economía a la que pertenece el sindicato; b) posición estratégica del sindicato respecto de la propia empresa; c) relación de fuerzas políticas al interior de los gobiernos de turno; y d) redes sociales construidas fuera del mundo de la empresa y que permiten vincular al sindicato con espacios de disputa por la representación del mundo de los trabajadores.

Con todos los elementos anteriores, es posible comprender entonces por qué ciertos sindicatos optaron por la presión política como principal forma de acción y otros, en cambio, por presiones de corte más gremial. Así la aparente tensión opositora entre ¿sindicalismo de la circulación? y ¿sindicalismo de la producción?, como formas de acción sindical, pueden experimentarse complementariamente a lo largo de la historia de un mismo sindicato.

Para Murillo (2001, p. 321), en la década de los 90 en América Latina,

• La relación entre sindicatos y partidos y la fortaleza de las organizaciones laborales definieron la cantidad de incentivos y controles impuestos a la organización obrera en los códigos del trabajo. Simultáneamente, las regulaciones del mercado laboral reforzaban el valor de las estrategias políticas porque proveían los beneficios que no se habían logrado mediante la negociación colectiva. De este modo, los sindicatos descubrieron que la preocupación de los políticos por la paz laboral y por el apoyo electoral hacía que las regulaciones y la intervención estatal fueran más efectivas que el trato directo con los empleadores privados. Esta situación contribuyó a politizar aún más los movimientos obreros que buscaban obtener a través de regulaciones lo que no podían alcanzar con la negociación colectiva (2001, p. 321).

Sin embargo, hacia fines de esa década, la disminución considerable de la capacidad del Estado para actuar como mediador en la relación capital – trabajo, así como la creciente movilidad del capital en un contexto de primacía del tipo financiero transnacional, generó que las estrategias políticas, implementadas inicialmente por los sindicatos, perdieran eficacia en la gestión de las demandas de los trabajadores. ¿Por ello, después de la transición económica, la influencia política sindical disminuye en su capacidad de afectar al mercado del trabajo? (Murillo, 2001, p. 327).

En el nuevo contexto neoliberal y producto de la liberalización económica, se redujeron considerablemente el número de los trabajadores que participaban de ramas de la producción donde tradicionalmente el sindicalismo había sido fuerte (sector industrial), de forma similar en algunas áreas de la economía que, durante el período desarrollista, habían sido estratégicas para alcanzar los proyectos de desarrollo económico y social perdían su carácter central (sector minero y metalúrgico) en desmedro de actividades financieras y de servicios, de la mano de un creciente aumento de trabajadores informales no organizados y sin experiencia de vinculación con partidos políticos de base obrera. De esta forma, para muchos partidos políticos mantener los vínculos con el mundo sindical ya no traía los mismos réditos electorales que antaño y más aún, muchas veces el discurso sindical politizado ponía en riesgo las representaciones predominantes del orden social, la eficiencia productiva y el consenso estabilizador necesario para las democracias recientemente recuperadas. El sindicalismo dejaba de ser, por tanto, un espacio central para la conquista de mejoras laborales en el mundo de los trabajadores.

2. SINDICALISMO EN CHILE: LOS AÑOS DE LA LIBERALIZACIÓN ECONÓMICA Y EL RETORNO A LA DEMOCRACIA

La historia del sindicalismo chileno tiene un antes y un después de la aplicación del Plan Laboral de 1975. Previo al golpe de Estado, el mundo sindical en Chile se caracterizó por la relación directa que establecían los sindicatos con el Estado, a través de partidos políticos de base representacional obrera. Tal como plantea Drake:

• Por razón a las limitaciones de sus instituciones y de sus poderes legales, los trabajadores tenían menos fuerza con los empleadores que con el Estado. Por eso, dependían de sus partidarios políticos, especialmente los comunistas y los socialistas, para atraer el apoyo del gobierno para obtener mejores remuneraciones, condiciones de trabajo y concesiones del sector privado (2003, p. 149).

Debido a esto, genera dinámicas culturales de mayor autonomía respecto de las empresas y politiza las demandas gremiales para presionar al Estado y convertirlas en derechos de todos los trabajadores.

La instalación del gobierno militar y las políticas económicas de shock, sumadas a la aguda represión política sobre este mundo en particular, generó transformaciones significativas que se consolidaron hacia la década de los 80. De allí que en los primeros años de la década del 70, el movimiento sindical tuviera una alicaída participación política y social.

Para Drake, seis son las consideraciones que ayudan a explicar la disminución de la importancia de la acción sindical en nuestro país.

• Primero, la dictadura sofocó la inflación, la cual había sido antes la causa de muchas movilizaciones y demandas sindicales. Segundo, aumentó el desempleo y el subempleo, creando obstáculos para sindicatos con la misión de intervenir en el mercado laboral. Tercero, redujo el tamaño relativo de los sectores manufactureros, constructores, mineros, estatales, es decir, las fortalezas tradicionales del movimiento sindical. Al mismo tiempo, la expansión del sector de servicios y del sector informal impidió el alcance de los sindicatos. Cuarto, cortó los servicios sociales para los trabajadores. Quinto, reprimió los salarios. A la vez, la redistribución del ingreso desde los trabajadores hacia la clase alta y media socavó la clase baja. Sexto, la privatización tuvo un impacto mixto sobre los trabajadores. Algunos en el sector público se empeoraron, pero algunos en las industrias privatizadas prosperaron. En ambos casos, normalmente las privatizaciones perjudicaron los sindicatos. […] Para sobrevivir, los trabajadores tuvieron que llegar a ser más flexibles, individuales y silenciosos. No pudieron dedicarse fácilmente a los sindicatos, a las negociaciones colectivas o a las luchas de clase (Drake, 2003, p. 150).

La instalación del Plan Laboral en 1975 vendría a orientar una dinámica política de disciplinamiento hacia el mundo sindical, que consolidaría estas conductas de mayor flexibilidad, individualidad y silencio que se visibilizan permanentemente en el Chile de la posdictadura. Según Rolando álvarez (2012), este nuevo marco jurídico modificó sustancialmente las dinámicas de asociatividad, los alcances de la demanda sindical y, por ende, las formas de establecer alianzas al interior de dichas colectividades, transformando radicalmente la cultura política sindical. Tal como plantea el autor, más allá de la represión política que aplicó la dictadura para disminuir la politización al interior de los sindicatos, la herramienta más eficaz fue la instauración y aceptación de la ¿negociación colectiva? dentro de la empresa, mecanismo disciplinador que generó una forma de relación donde desaparece el Estado. Del mismo modo, pierde importancia la vinculación con los partidos políticos e individualiza la demanda gremial al espacio inter empresa. De esta forma, la dictadura habría triunfado en ¿imponer la legitimidad de la negociación colectiva como la herramienta de regulación entre empresarios y trabajadores. Así, el sentido común neoliberal quedó instalado en el lugar más importante de la actividad sindical, facilitando la proyección del modelo en las décadas siguientes?(Alvarez, 2012, p.93).

Para álvarez (2012), siguiendo a Rodrigo Baño, los distintos movimientos sociales, entre los que se cuenta el movimiento sindical en Chile, habrían transformado los cimientos de la constitución de su propia experiencia, modificando con ello sus prácticas y la construcción de expectativas. Según el autor,

• Producto de la represión y del rompimiento del vínculo entre lo social y lo político, esta politización no se expresaba en la conciencia de la base social, la que por el contrario, por temor y pragmatismo, se despolitizó. Con una base social con niveles significativos de despolitización, no resulta extraño comprobar que los objetivos de la inmensa mayoría de los conflictos sindicales de este periodo se tradujeran en meras demandas corporativas, evitando el enfrentamiento con la autoridad política. Por este motivo, la irrupción de mediáticas huelgas durante el periodo 1979 y 1982, no implicaron necesariamente una situación política complicada para el régimen militar. El objetivo final del Plan Laboral era la naturalización de esta situación, legitimando un cambio cultural de vastas consecuencias sociales y políticas para el país. La oposición de los dirigentes de las cúpulas sindicales, la crisis económica de principios de los ochenta, la explosión pública del descontento popular y las disidencias dentro del propio régimen, fueron los principales obstáculos a los que se enfrentó la consolidación de la nueva legislación laboral? (álvarez, 2012, p. 94).

Los primeros años de retorno a la democracia en Chile no habrían modificado sustancialmente los componentes legislativos que establecían la estructura normativa de la actividad sindical. En ese marco, las estadísticas informan, según Drake, que

• El número de sindicatos se incrementó, pero su tamaño promedio descendió. El porcentaje de sindicalización de la población económicamente activa subió desde un 14% en 1986 a un 22% en 1991, declinando posteriormente a un 16% en 1997 (en comparación con el 19% en toda la América Latina) y a un 10% en el 2000. También el receso sindical disminuyó y después se recuperó. Al mismo tiempo, las huelgas y las negociaciones colectivas se multiplicaron, particularmente con demandas para salarios mejores. En el mismo rumbo que los otros indicadores, el número de huelgas surgió desde 1987 hasta 1993 y después bajo. El porcentaje de la fuerza laboral cubierto por negociaciones colectivas subió de 9% en 1986 a 14% en 1991, colapsando a 11% en 1996 y a 3% en el 2000. A pesar de unas ganancias, los sindicatos bajó la Concertación lograron ser sólo un pálido reflejo de su historia pregolpe? (2003, pp.154-155).

Para el autor antes mencionado, al igual que Murillo, la apertura de la democracia en consonancia con las transformaciones económicas hacia dinámicas de mayor liberalización, que en Chile tenían ya más de una década, generó un contexto sociohistórico donde el sindicalismo no encontró estrategias alternativas al modelo neoliberal. Para Drake (2003, p. 156), en Chile ¿los trabajadores restringieron sus actividades durante y después de la transición democrática por cuatro razones: (1) su temor tras los años de terrorismo del Estado; (2) su debilidad económica; (3) su fragilidad institucional; y (4) la moderación de la posición ideológica de sus sindicatos y sus partidos políticos?, razones que apelan tanto a elementos estructurales como subjetivos, que forman parte de la cultura política sindical de la posdictadura.

De esta forma, tal y como lo afirma Francisco Zapata (1993), la transformación sustancial del mundo del trabajo entre 1980 y 1990, asociado a la denominada ¿modernización capitalista?, trajo como consecuencia la informalización del mercado de trabajo, la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, una disminución del empleo público, menor concentración del empleo fabril, fortalecimiento del trabajo a domicilio, una disminución de los salarios mínimos reales (aumento de la tasa de explotación) y, desde el punto de vista subjetivo, una crisis del control sindical sobre los mercados internos de trabajo en la fábrica.

Estas modificaciones sustanciales habrían generado el espacio material para el desarrollo de un tipo de sindicalismo frágil que, junto a la permanencia de la legislación laboral dictatorial, mantuvo la tendencia a la aislación y con baja representación social, en los años del retorno a la democracia. Junto a ello, el período de la década de 1990 estaría marcado por tres ilusiones que estuvieron desarrolladas en el discurso de la Elite Sindical: ¿concertación social?, ¿autonomía del movimiento sindical? y ¿concertación de los intereses entre empresarios y trabajadores? (Epstein, 1993), que forman parte del conjunto del imaginario transicional que soportó la formación de la Concertación de Partidos por la Democracia y en el que se encontraba inserto uno de los principales partidos con vinculación hacia el mundo del trabajo, el Partido Socialista de Chile.

En resumen, durante la década de los 90 nos encontramos con un escenario conflictivo y complicado para el mundo sindical. Mientras se recuperaba la democracia representativa y se generaban expectativas importantes respecto de las demandas sociales, pesaba sobre los actores sindicales la dura experiencia de la represión ejercida durante la dictadura, la ilusión de la concertación social, así como un plan laboral que había permitido la penetración de la negociación colectiva, tendiendo a la individualización y despolitización de la demanda laboral. Es en ese marco, donde se sitúa la crisis terminal de la industria del carbón en Lota y Coronel y su estudio ayuda a comprender las formas en que se representó el conflicto social, a través de dirigentes que poseían en tensión: una cultura política sindical asociada a una dinámica de colaboración con el Estado paternalista e industrial y una experiencia de individualización política asociada a las transformaciones más generales que afectaban a los actores incumbentes a nivel nacional.

3. EL SINDICALISMO EN EL MUNDO DEL CARBÓN: SITUACIÓN CONTEXTUAL EN LOS AÑOS 90

Las transformaciones generadas durante la década del 70 reorientaron significativamente la economía chilena hacia el libre mercado, con un fuerte crecimiento de las actividades extractivas primarias, en desmedro de la actividad manufacturera. El agotamiento hacia la década de los 70 del modelo ISI se había resuelto por la vía de la transformación radical del modelo de acumulación capitalista (Büchi, 2008).

Para el caso de la industria del carbón, esta venía presentando serios indicadores de debilitamiento tanto a nivel del aporte al PIB nacional como al PIB regional. Los altos costos productivos de la extracción del carbón piedra y la fuerte competencia que generaba la presencia del carbón importado a menor costo fueron creando el escenario funesto para su desaparición definitiva en los años 90.

Ya hacia la década del 60, distintos estudios demostraban la inviabilidad de la industria³, debido a las características del proceso extractivo y la no modernización oportuna de la misma. Sin embargo, la importancia de la actividad en términos sociales, dada la gran cantidad de personas que vivían de esta actividad, así como de la necesidad de disponer de recursos energéticos propios, fueron consideraciones de relevancia para que los distintos gobiernos, incluso la propia Dictadura, decidieran mantener subvencionada una actividad económica que perdía fuertemente su posición estratégica en la economía nacional. En suma, la sobrevida de la industria del carbón tenía razones más políticas que económicas y, por último, obedecía a una dinámica de relaciones donde predominó el paternalismo industrial (tanto en su dimensión de propiedad privada como estatal). El siguiente cuadro muestra cómo la actividad minera de la zona del Bío Bío decae sustancialmente respecto de su aporte al PIB nacional:

La pérdida de la posición estratégica de la rama minera en la economía regional también se observa si la comparamos con la actividad manufacturera en la misma zona:

Notoriamente, ambos cuadros nos permiten afirmar que el peso de la actividad minera, principalmente vinculada a la industria extractiva del carbón en las zonas de Lota, Coronel y Lebu, había decaído aceleradamente desde la década de los 80 en adelante, indicador permanente respecto de las décadas anteriores. Sin embargo, puede producirse algún error de interpretación si no consideramos que tanto la industria carbonífera como manufacturera habían perdido importancia en el PIB nacional, debido a la reorientación general de la economía hacia el fortalecimiento de actividades como la forestal y pesquera, demostrando con ello el cambio de foco de la economía en su conjunto.

El siguiente cuadro nos muestra esta evolución, escenario por considerar si pensamos que los puestos laborales para los trabajadores despedidos en actividades vinculadas a la minería no tenían tampoco mayor posibilidad de inserción en el mundo manufacturero de la región.

Lo anterior, es coincidente con aquellos estudios que demuestran que el deterioro de las actividades económicas en las que se posibilitó el surgimiento, consolidación y expansión del mundo sindical entraban en un fuerte deterioro en los años de reorientación del modelo económico hacia uno neoliberal que privilegiaba la inserción mundial por la vía de la mantención de actividades con ventajas comparativas, en el que se observa mayor presencia de actividades laborales donde la asociatividad sindical no tenía una marcada historia de arraigo, o bien trabajo precario subcontratado donde la misma era inexistente. El inicio de la transición en Chile muestra un escenario en el que el mundo del carbón tenía una posición marginal dentro del aporte a la economía. Se suma a ello los procesos de ¿racionalización? aplicados a la industria privada de Schwager, que a partir de comienzos de los años 90 comienza a despedir un número significativo de trabajadores, producto de la política de eficiencia económica que reinaba como discurso hegemónico en el espacio empresarial y político de esos años.

De esta forma, en un clima notoriamente adverso, el sindicalismo carbonífero se veía debilitado tanto por la reorientación de la economía, como por un conjunto de representaciones sociales que suponían la eficiencia productiva como máxima orientadora de la actividad económica y el éxito de las empresas, y una nueva era política marcada por el termino de una férrea dictadura, que abría un conjunto de esperanzas de democratización de la vida en el país, pero que parecía no tocarían el modelo económico imperante. Tal como plantearon los teóricos de la transición a mediados de los 80, la nueva transición tenía un carácter marcadamente político, donde había que consolidar la institucionalidad política, para en una segunda época avanzar hacia procesos de mayor democratización político, social y económico (Moyano, 2010).

El mundo sindical carbonífero se encontraba, hacia inicios de los años 90, en un proceso de fragmentación (había 8 sindicatos de trabajadores solo en Enacar); sin embargo, tal como aparece en la memoria de algunos ex trabajadores mineros, ¿seguía siendo un referente importante en nuestra vida laboral?. Un número considerable de despidos en el mismo período, iba mermando aún más la propia capacidad del sindicato para ser un actor relevante del conflicto, sumado a la pérdida histórica de la posición estratégica de la propia actividad en perspectiva económica nacional.

Por ejemplo, en el año 1992, después de una ardua negociación entre los sindicatos y Enacar, se retiran de la empresa 2572 trabajadores (Lota: 1783; Lebu: 436 y Curanilahue: 353). Del total de estos trabajadores, solo 790 se acogieron a la Ley 19,129 de 1992, que permitía obtener ciertos beneficios de acuerdo con los años de trabajo. Esta ley fue modificada el 30 de octubre de 1992 (ley 19.173) y afectó aspectos vinculados al sistema de pensiones, antigüedades, indemnizaciones y también lo que tocaba a la reconversión laboral.

Este primer grupo de trabajadores retirados fue mermando considerablemente la cantidad de trabajadores adscritos al mundo sindical y muchos de ellos se sintieron profundamente traicionados tanto por la promesa del gobierno, como por los dirigentes sindicales, dado los escasos beneficios posteriores a los que pudieron acceder después del retiro. Según recuerda un ex trabajador: ¿la democracia nos dio la estocada de muerte, nos engañó y nos dejó en la calle? (Entrevista a ex trabajador del Carbón, enero 2013).

Los despidos y retiros continuaron. Junto al cierre definitivo de la empresa Schwager, en el año 1996, también se retiraron de Lota 426 trabajadores adscritos a un nuevo plan de acuerdo, que mejoraba las condiciones en las que quedaban los ex mineros. En el año 1997, otro nuevo plan permitió el retiro de nuevos trabajadores, que movidos por la promesa de una reconversión productiva y laboral, más la incertidumbre de una actividad extractiva en profunda decadencia, aceleraron su decisión.

El siguiente cuadro muestra el número total de trabajadores despedidos y retirados de la industria de carbón en la cuenca de Arauco:

De esta forma, hacia fines de los años 90, el sindicalismo carbonífero era más fuerte como símbolo histórico de configuración de identidad colectiva, que como agente de transformación social. Pertenecía a una actividad con poca relevancia nacional, el número de trabajadores que representaba era cada vez menor y la gran cantidad de sindicatos generaba disputas internas que estaban cruzadas por los propios intereses de los dirigentes gremiales, tanto como por las rencillas políticas que permitían mantener algún grado de poder de los partidos en la zona⁴

En este marco histórico cabe preguntarse ¿cómo se fue delineando la representación de la crisis de la industria del carbón desde este actor y de qué forma esta misma representación fue uno de los factores que sirve para explicar el fracaso de las políticas de reconversión laboral y productiva que se implementaron en la zona¿

4. MUNDO SINDICAL Y REPRESENTACIÓN DE LA CRISIS

Ya advertimos que al inicio de la crisis terminal del mundo carbonífero nos encontramos con un sindicalismo debilitado y fragmentado, aun cuando tuviera presencia como símbolo de identidad colectiva en la zona. Este actor se convertirá en central cuando comiencen los despidos masivos y planes para incentivar el retiro voluntario de los trabajadores, bajo la lógica de ¿racionalizar? una industria cuya decadencia estaba consignada por todos los actores empresariales y políticos, pero que los trabajadores seguían defendiendo como viable y necesaria (Moyano, 2012).

Durante el período que se extiende el cierre de las minas de carbón, entre 1992 y 1998, nos encontramos con dos discursos importantes, emergidos desde las dirigencias sindicales, que nos demuestran varios elementos claves en las representaciones que estos actores hicieron tanto del Estado, la empresa y el modelo neoliberal.

El primero de los discursos muestra su relación con la propuesta de protección industrial al carbón y a la zona en su conjunto. Para los trabajadores era ¿estricta? responsabilidad del Estado (aún cuando la primera empresa que cerró, Schwager, fue privada) resolver el problema económico que implicaría el cierre de las minas de carbón. Para ellos, este mineral seguía siendo relevante como fuente energética y, por tanto, debía ser defendido por el Estado como parte de una postura estratégica de independencia energética que le permitiría no depender de otros recursos no disponibles en el país. Por ende, las peticiones de ¿estatización? o de ¿intervención estatal? en la actividad económica eran frecuentes y recorrieron todo el período que duró la crisis terminal. Así lo planteaba Moisés Labraña, presidente de la Confederación Minera, al afirmar a raíz de las modificaciones a la Ley de Subsidio, en 1992, que:

• El Gobierno debe considerar este recurso como un energético estratégico para Chile y normar las importaciones sólo a la parte de la demanda que la producción nacional no pueda cubrir; debe, además, crear un Fondo Nacional del Carbón aplicando un impuesto de un peso al litro de bencina y de kilowatt de energía eléctrica; y entregar apoyo tecnológico para los procesos productivos que permitan rebajar costos, mejorar la eficiencia y la competitividad de la industria carbonífera? (El Mercurio, 9 de junio de 1992).

Esta misma reflexión se mantenía en 1993 cuando se afirmaba que ¿El Estado debería reconocer la importancia de la actividad en cuanto a la energía nacional. La industria del carbón tiene un porvenir creciente, que tiene su espacio y es rentable en cuanto se aplique nueva tecnología? (Labraña, El Mercurio, 15 de enero de 1993).

Este discurso, central en su argumentación, chocaba con la representación hegemónica en el mundo empresarial y político que incentivaba el retiro del Estado de la actividad económica activa, tanto como la fuerte crítica a la mantención que todavía tenía el mismo número de empresas que debían privatizarse en función de la búsqueda de la eficiencia productiva.

• La preocupación social no excusa, por cierto, la irracionalidad económica […] No significa ignorar cuán penosa es la situación para los trabajadores del carbón que han vivido por generaciones de tal actividad, pero tampoco puede ignorarse que no cabe exigir al resto del país que por ese solo hecho deba seguirlos manteniendo mediante una empresa de vida artificial y costosísima. ¿Por qué a los mineros del carbón y no a los trabajadores de cualquier otra actividad¿ ¿Por qué a ellos y no a cualquier otro chileno¿ Estas preguntas no tienen respuesta, como no sea de las conveniencias políticas circunstanciales, que es ética y socialmente inaceptables (El Mercurio, 20 de junio de 1992).

En la misma línea el Presidente Patricio Aylwin afirmaba que

• La explotación tradicional del carbón no puede realizarse en condiciones económicas competitivas, dado el grado de agotamiento del yacimiento y las condiciones onerosas y difíciles para extraer el mineral. Por eso, el esfuerzo fundamental tiene que ir por el lado de la reconversión, sin perjuicio de los esfuerzos que se hagan para alargar la vida útil del mineral (La Tercera, 07 de marzo de 1993).

O bien, lo planteado por Italo Zunino, presidente de Enacar (Empresa Nacional del Carbón), cuando afirmaba que ¿Los problemas de empresas que sean tan ineficientes y que le produzcan tantas pérdidas al Estado, es una situación que ya ha pasado de moda; no existen las empresas sociales y sólo hay ahora eficientes e ineficientes y estas últimas no pueden continuar? (El Mercurio, 21 de octubre de 1993).

Para los trabajadores del carbón seguía siendo el Estado el principal actor económico, entendido como agente activo en los procesos de incentivo a la producción, así como en materia de inversión directa; mientras que el gobierno y los empresarios suponían la eficiencia productiva como máxima por cumplirse en las empresas privadas o públicas, sin distinción, y en donde la actividad del Estado en materia económica debía reducirse. En ese sentido, es posible distinguir cierto choque entre las propuestas de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), dirigida por Manuel Bustos, quien apoyaba las políticas gubernamentales que posibilitarían la reactivación de la actividad económica en la zona por la vía de la participación de los privados como la principal forma en que debía manifestarse la responsabilidad social del Estado por resolver el conflicto social que podía desencadenarse con el cierre de las explotaciones carboníferas; y las propuestas de los sindicalistas, para quien la exención tributaria era insuficiente.

Lo anterior puede leerse en el marco de la alianza estratégica que planteó la CUT con el nuevo gobierno, recién iniciada la transición, con quien compartía no solo la militancia partidaria mayoritaria, sino el ideario de ¿responsabilidad social? como forma de asegurar la institucionalidad democrática recién recuperada. Solo hacia mediados del gobierno de Eduardo Frei, cuando la crisis del carbón era definitiva y la CUT liderada por socialistas y comunistas, las tensiones y críticas respecto del mundo del trabajo se hicieron más evidentes y públicas.

De esta forma la CUT pasó de avalar las políticas gubernamentales de reconversión productiva, ya que apelaba básicamente a aumentar las exenciones tributarias, como lo declara Manuel Bustos en 1993, al afirmar que ¿El gobierno debiera provocar algún tipo de respaldo económico o de garantía tributaria para declarar a esa área de la VIII región como zona de emergencia, como una zona libre de comercio o de desarrollo industrial? (EL Mercurio, 13 de febrero de 1993), a una crítica frontal al modelo económico imperante en Chile. Así lo planteaba Arturo Martínez, vicepresidente de la CUT, que en 1996, afirmara que

• El mercado lo único que va a hacer es generar más pobreza, más miseria. La empresa privada no va a invertir allá, sino se le regalan las cosas. La empresa privada no está comprometida con el tema social del carbón y para nosotros es fundamental que el plan de reconversión sea asumido por una iniciativa estatal, aunque luego estas empresas sean vendidas (El siglo, enero de 1996).

El segundo de los discursos que levantaron los trabajadores a través de sus cúpulas sindicales fue la apelación a la ¿responsabilidad social del Estado para con los trabajadores?. Dicho discurso, al igual que el anterior, obedecía a la representación de un Estado paternalista presente en la identidad carbonífera desde su consolidación hacia la década de 1930. En dicho discurso circula una representación social que supone a un Estado como garante de los derechos básicos de los trabajadores y que cumple con ellos un rol de protección, al estilo del viejo padre proveedor de los beneficios que decían relación con la vivienda, la salud, el ocio y otras actividades. De esta forma lo afirmaba, cuando en 1994, después de uno de los paros, un sindicalista planteaba que ¿Hay aquí un problema social, en que el Estado debe tomar decisiones para evitar que la gente quede en la calle cuando se cierre este mineral? (La Tercera, 10 de octubre de 1994).

Tanto el primero como el segundo de los discursos convergieron en la representación social asociada a un fuerte paternalismo industrial y estatista, que estaba en retirada desde los años 80 y que en los años 90 casi no contaba con propulsores políticos de importancia.

5. LAS ALIANZAS DE LOS SINDICALISTAS: SUMANDO FUERZAS PARA LA DISPUTA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA REALIDAD SOCIAL

El conflicto del carbón es un buen ejemplo para comprender la forma como se resolvieron los conflictos sociales en el Chile de la transición y, a partir de allí, comprender las formas políticas que caracterizaron la relación entre sociedad y Estado, ciudadanía y clase política, que pareciera que hoy se encuentran en un punto de inflexión y de cambio. En términos politológicos también es posible afirmar que

• El proceso de transición produjo una reorganización de los actores, transformando radicalmente sus formas de interactuar. Así, con el retorno de la democracia, las organizaciones que habían actuado como aliados de grupos con escaso poder dejaron de hacerlo. En retrospectiva, esto ha sido percibido como un proceso de desmovilización de los actores sociales (Bastías, 2011, p.97).

y una pérdida de influencia de los mismos en el espacio público y su capacidad para incidir en los diseños de las políticas sectoriales o nacionales. Esto implica que durante los primeros años de la transición se produjo una desvinculación constante de aquellas instituciones con cierta legitimidad y poder de convocatoria, que permitía que distintos grupos sociales pudieran hacer llegar sus demandas al espacio público.

Como plantea Bastías,

• La protesta y la movilización son formas en que grupos menos poderosos intentan producir cambios en los equilibrios de poder. Los manifestantes no solo protestan para demostrar su capacidad de convocatoria, sino que, al mismo tiempo, están tratando de influir en la opinión pública y ganar el apoyo de otros actores para así inducir la toma de decisiones. De este modo, la movilización se trata principalmente de una tarea de ampliar el espectro de apoyo, en la medida en que los espectadores no necesariamente permanecen como espectadores, sino que pueden involucrarse como nuevos actores en formas que transformen las dinámicas de poder entre los ya involucrados. Así, la formación de coaliciones entre actores más y menos poderosos en sus aspiraciones por situar temas en la agenda pública y originar dinámicas de cambio ascendente en la movilización (2011, p. 99).

De esta forma, los primeros años de la posdictadura, años en los que se expresó el conflicto laboral asociado al fin de la minería del carbón, contaron con un escenario político institucional caracterizado por ¿la apertura del sistema político a través de las elecciones, la restauración de los órganos representativos, la reducción de la represión arbitraria y un proceso generalizado de democratización?, que parece ¿no haber producido ningún incentivo para la movilización. Incluso pareciera que esta alteración en las condiciones estructurales del sistema político hubiese impedido el desarrollo de la sociedad civil? (Bastías, 2011, p.99).

En el siguiente gráfico es posible observar la escasa convocatoria nacional de aliados sociales con presencia mediática relevante y que, por esta razón, se concentra en actores locales y en gremios cuya afinidad política estaba vinculada a las dirigencias comunistas. Llama la atención la escasa participación inicial que tiene la CUT, como la principal Central de Trabajadores para el período que va desde 1990 a 1994, y cómo cobra mayor presencia pública en los años siguientes, pero que llega a demostrar el poco peso político social que tenía ya en Chile el sindicalismo organizado. Se añade a lo anterior, la mezcla cotidiana entre militancia social y partidaria que generó tensiones entre aquellos sindicalistas vinculados a los partidos de la Concertación y aquellos que no militaban en el conglomerado. Para los primeros, la necesidad de demostrar lealtad, contener el conflicto y mantener la estabilidad primó por sobre la conflictividad social y las demandas específicas, hasta que fueron desbordados por las propias bases sociales de apoyo.

De esta forma, el primer gobierno de la transición a la democracia en Chile estará caracterizado por la visibilización de la crisis terminal de la economía carbonífera, justo en un momento donde el ¿cuidado? de la estabilidad democrática era clave en la experiencia de los actores sociales, no solo sindicales, sino también políticos.

Será en el segundo gobierno de la Concertación, que lideró Eduardo Frei Ruiz Tagle, el que con fundamento en una práctica de vinculación con los movimientos sociales basada en la tecnopolítica, redefinió dentro de la Concertación al Estado, la sociedad civil y los canales institucionales que permitieron la resolución de los conflictos. Esto produjo una tensión en la débil ligazón entre demandas sociales y políticas, donde cobraron un rol clave los partidos políticos y sus operadores, que permitieron la integración de las demandas por la vía de la cooptación de los dirigentes sociales con trayectoria políticas tradicionales.

De esta forma, mientras los actores sociales tuvieran trayectorias políticas asociadas a las dinámicas partidarias clásicas, la cultura política que permitía la imbricación entre el mundo social, político y su representación, se resolvió por canales de intermediación entre dichos actores, los dirigentes partidarios, el parlamento y el gobierno. Por ello,

• La presencia de aliados influyentes aumenta las posibilidades de que la cobertura sea favorable a los movimientos. Aquí interviene un mecanismo que ha sido denominado ¿certificación? y consiste en la disposición de una autoridad externa en reconocer y apoyar la existencia y las demandas de un actor colectivo (Bastías, 2011, p. 102).

En el caso del período que comprende los años 1994 y 1998, es posible identificar que el conflicto es asumido, en primer lugar, por operadores técnicos-políticos: Corfo, ENACAR y Ministerio del Trabajo, y deja fuera cualquier otro actor político que pudiera sacar de la semántica economicista que operaba sobre el conflicto. Los actores políticos más influyentes aparecen identificados en el siguiente cuadro y demuestran el fuerte predominio de la tecnocracia política burocrática que se instala con el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle.

La escasa capacidad de construir aliados del mundo sindical también estuvo asociada a la marginalidad que tenían los actores más clásicos con quienes establecían sus alianzas, sea esta la CUT, la Iglesia o los mismos partidos políticos.

Estas organizaciones ya no distribuyen influencia como lo hacían en las redes de 1979 y 1980 y por otra parte, las coaliciones que efectivamente se forman suelen estar compuestas por organizaciones que poseen relaciones más directas y afinidades más estrechas, correspondientes a los sectores menos oficialistas de la izquierda ⁵ (Bastías, 2011, p.110).

El cuadro anterior, que representaba las relaciones que estableció el mundo sindical con otras organizaciones, demuestra cómo

• La ausencia de apoyos políticos queda reflejada en las redes de coaliciones por la ausencia de vínculo; la fragmentación observada para el período transicional refleja este cambio en la gestión de apoyos políticos. Esta variación en las dinámicas de formación de alianzas, reflejada en la ausencia de vínculos en los años de la transición, condicionaron el alcance de las demandas y, por consiguiente, la posibilidad de que se produjera un cambio ascendente en la movilización⁶ (Bastías, 2011, pp.110-111).

La escasa capacidad para establecer alianzas disminuyó, por tanto, la posibilidad de extender una imagen representacional de un conflicto en el que pudieran converger otros actores sociales. Con ello disminuye la capacidad de acción del propio mundo sindical carbonífero. Esta es una de las dimensiones subjetivas para comprender las trayectorias, transformaciones y continuidades del conflicto social en el Chile de la posdictadura y en especial, del mundo del trabajo.

CONCLUSIÓN

El conjunto de antecedentes anteriores, relacionado con las transformaciones económicas estructurales en América Latina y en particular con el sindicalismo chileno del mundo del carbón, nos ayudan a comprender la complejidad de los conflictos laborales en el período inicial de la posdictadura en Chile. Hemos puesto especial atención a la dinámica de las representaciones sociales que los actores realizan, por cuanto estimamos que esta dimensión subjetiva es clave para comprender los repertorios de acción de los mismos, que se salen de los cánones tradicionales de análisis de movimientos sociales.

Esta dimensión subjetiva, asociada a la construcción de imaginarios está vinculada con la capacidad de los actores para disputar la representación de la realidad social que aspiran a cambiar o mantener. En ese sentido, una de las principales luchas políticas se fundamenta, precisamente, en la disputa de los sentidos sociales de la acción colectiva.

En el caso de los trabajadores carboníferos, podemos afirmar que estos le hablaron a un Estado que ya no existía, le pidieron acciones que ya no podía realizar y trataron de establecer con él un dialogo de sordos, donde se esperaban medidas y acciones que estaban en marcos representacionales distintos y que no lograron nunca converger. De allí que parte del fracaso de las políticas de reconversión laboral y productiva no solo tengan que ver con la corrupción gubernamental o la incapacidad de la empresa privada de responder a los nuevos requerimientos sociales, sino también porque las medidas que se tomaron, se realizaron desde marcos representacionales distintos y contradictorios. Por ello, las peticiones de beneficios en los puentes de jubilación o los recursos por indemnización fueron insuficientes no solo por sus montos, sino porque los trabajadores siguieron viendo allí a un Estado padre que los rescataría cuando esos recursos se agotaran. Por ello, en las entrevistas realizadas el principal discurso crítico con el que se retrata el período de la crisis terminal de la actividad carbonífera fuera el del abandono y la traición.

La construcción de alianzas con otros actores sociales, fundamental para extender las posiciones de construcción de imaginarios compartidos, tampoco fue positiva para el mundo sindical del carbón, debido a las profundas transformaciones que había vivido el espacio político institucional al inicio de la transición. Un sindicalismo debilitado y fragmentado no logró concitar alianzas más allá de los clásicos actores con los que se había vinculado: la CUT, los Partidos Políticos, Estudiantes y la Iglesia. Estos últimos ya no tenían la fuerza de antaño y en el caso de los dos primeros, sus posturas de responsabilidad política hacia el nuevo gobierno también incidieron en que su cercanía con los sindicalistas del carbón fueran de menor compenetración y confianza.

Por otro lado, las formas de hacer política de los nuevos gobiernos concertacionistas chocaban con la forma tradicional como los sindicalistas se habían vinculado al Estado.

La mayor presencia de tecnócratas impidió una relación fluida con actores políticos con quienes hubieran compartido algunas claves de representación de la realidad social.

En suma, una débil política de construcción de alianzas, una reorientación de la economía, las transformaciones institucionales políticas de la nueva era democrática con fuerte peso de la presencia dictatorial en la legislación laboral y en la Constitución política, las transformaciones en la propia experiencia de los mineros durante el período de la dictadura militar fueron generando que el discurso representacional del Estado Paternal no lograra disputar la hegemonía del Estado neoliberal. A la larga la continuidad en la dinámica peticionista en el sindicalismo carbonífero, unido a la experiencia del paternalismo industrial, impidió que los actores fueran protagonistas de nuevas políticas de reconversión productiva y laboral que hubieran avanzado hacia un nuevo tipo de sindicalismo en Chile.

¹La profundización de las características de la sociedad red puede analizarse en autores como Castells, Manuel; Bauman, Zigmunt; Giddens, Anthony, entre otros.

²Para los efectos en Chile, revise a Moulian, Tomás. Chile, anatomía de un mito. Lom ediciones, Santiago, 1996.

³Al respecto ver el debate que está presente en la Revista Panorama Económico.

⁴Lideraban los sindicatos más importantes en Enacar, dirigentes del Partido Comunista y Socialista. Le seguían en importancia demócratas cristianos, independientes y militantes de la Unión Demócrata Independiente. El primer Sindicato estaba liderado por Abelardo Campos del PC y Juan Carlos Salazar, independiente pro PC. El sindicato 6 por José Carillo, Victor Tiznado y David Quiñilen, todos del PC, el Sindicato 8 por Fernando Campos del Partido Socialista, Juan Jimenez del mismo partido y Jorge Jimenez de la Democracia Cristiana. Formaban parte del sindicato 6 también Vicente Gutierrez de la Unión Demócrata Independiente y Héctor Cartes de Renovación Nacional.

⁵Como el Partido Comunista, por ejemplo.

⁶El caso del carbón resulta paradigmático en ese sentido

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