Resumen
Síntesis
Este artículo pretende ilustrar acerca de la necesidad de armonizar el derecho penal con los principios de la nueva Constitución Política promulgada en el año de 1991 –particularmente en la dinámica de los derechos humanos, pues la realidad demuestra que a seis años de su vigencia el legislador ha marchado en contravía de sus postulados, generando con ello la maximalización sistemática del derecho penal, en detrimento de la dignidad humana y de todos aquellos derechos que le son consustanciales. En este sentido, el sistema penal en su conjunto no responde a las pautas mínimas de legitimidad, constituyendo en el caso colombiano uno de los instrumentos de poder más propicios para la violación de los derechos humanos, no sólo de las personas sindicadas y condenadas por ese sistema, sino de todos aquellos ciudadanos que reclaman del Estado la protección y vigencia de sus derechos. Se proponen entonces mecanismos democráticos de participación, a través de los cuales los bienes jurídicos a proteger por la vía del derecho penal respondan a los más racionales criterios, sin perder de vista que en un estado social de derecho la defensa de los más débiles es el eje central que debe articular toda una política social tendiente a eliminar las causas generadoras de desigualdad.