Vanegas Useche, Isidro. El siglo diecinueve colombiano. Bogotá: Ediciones Plural, 2017. 243 páginas.

El profesor de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), Isidro Vanegas, ha editado recientemente este libro de ensayos que tiene por objetivo desmentir mitos, elaborar preguntas, sugerir vías de análisis y problematizar diversas coyunturas, hechos y sucesos en la historia colombiana del siglo XIX. Fue elaborado a partir del esfuerzo colectivo de diversos investigadores colombianos que utilizaron el enfoque político como punto de partida del estudio en el cual se «remite a un conjunto heterogéneo de espacios, de lenguajes, de dinámicas en las cuales se juega no sólo el control del poder del Estado […] sino el modelamiento de la sociedad misma a través de sus muchas tensiones» (15). Ocho capítulos conforman el libro agrupados desde una temporalidad cronológica que es establecida desde la Revolución Neogranadina hasta la guerra de los Mil Días.

El primer capítulo intitulado la “Revolución Neogranadina: la feliz catástrofe” escrito por Isidro Vanegas ofrece una síntesis de las interpretaciones y transformaciones generadas por la Revolución Neogranadina. El autor, en el primer apartado, realiza una crítica sobre el desconocimiento social y las interpretaciones simplistas y oscuras que los círculos académicos han planteado sobre el proceso revolucionario, entre estos el pensamiento de José Manuel Restrepo, los estudios de la Academia de Historia, las luchas sociales y económicas propuestas por Indalecio Liévano, el paradigma estructuralista y, finalmente, las investigaciones políticas de François Xavier Guerra. Por su parte, criticando la historiografía tradicional que sustenta el inició del movimiento revolucionario en 1810, el autor señala tres etapas en el movimiento neogranadino: primero, el momento fernandino 1808-1809 en donde el amor por el rey y la nación española fueron fuertes; segundo, momento de transición 1809-1811 en donde aparecen algunas ambigüedades con el poder monárquico que se caracterizó por los leves choques entre el virrey y los criollos; por último, en 1811 inició el periodo revolucionario constituyéndose el régimen democrático a partir del principio de igualdad, de libre consentimiento y de la verdad múltiple. Desde esta reflexión el capítulo busca mostrar que la Revolución Neogranadina fue un proceso dinámico y especifico en la América Española y que, por tal motivo, necesita estudios comparativos con las revoluciones europeas para que los colombianos renuevan sus interpretaciones y dejen de pensar “nuestra historia como una anomalía o un caso aislado […] sino que enriquezca el análisis y abra nuevos interrogantes” (p.41).

El segundo capítulo de autoría de Magali Carrillo se titula “Pueblo, Juntas y Revolución”. La autora estudia la aparición de las diferentes juntas en la transición revolucionaria de la monarquía a la aparición de la noción del pueblo como soberano, concepto polisémico que restringe una definición concisa y homogénea del pueblo.² Una de las principales ideas que la autora quiere controvertir consiste en la permanencia del orden político y en la sólida lealtad de las juntas a la nación española, mostrando que el proceso juntero de 1810 suscitó cambios sutiles pero significativos respecto al sistema político anterior. Así, por ejemplo, Carrillo analiza cinco juntas creadas durante 1810 en la Nueva Granada; Cartagena y Socorro que manifestaron la restitución de los derechos del pueblo y la soberanía que profesaron sobre el territorio; Pamplona y Popayán que reasumieron la autoridad del monarca y, Santafé, en la que existió una «soberanía compartida entre el rey y el pueblo» (57). Los cambios producidos dieron como resultado, primero, que el término soberanía se adjetivara en diferentes términos (pueblo, monarca, gobierno); segundo, que los principios de libertad e igualdad estuvieran presentes en las actitudes y decisiones que tomaron las juntas; y, finalmente, el comienzo a lentos pasos del pueblo como soberano de una comunidad política. Por lo demás, la autora recalca que el concepto pueblo-soberano es impreciso y carece de realidad concreta en la época, existe por el sentido equivoco que le dieron los neogranadinos de 1810.

Daniel Gutiérrez Ardila escribió el tercer capítulo intitulado “El momento agónico de la república de Colombia”. El objetivo del texto, apartándose de las visiones partidistas, es demostrar que las reformas constitucionales, los decretos ilegales y la derogación de sentencias emprendidas por Simón Bolívar en el bienio 1826-1828 fueron dictatoriales, las cuales causaron una inestabilidad institucional. El autor, para demostrarlo, estudia el testimonio inédito del cónsul francés Claude Buchet Martigny, que muestra una imagen negativa de la política del país por la ola de corrupción de los santanderistas expresando que la única salida favorable para la situación de la República era la consolidación del proyecto de Bolívar. Por otra parte, fracasada la Convención de Ocaña de 1828 por pugnas de intereses entre los santanderistas y los bolivarianos, Simón Bolívar recibió por parte de las autoridades civiles, militares y eclesiásticas toda la autoridad pública eliminando la institucionalidad colombiana. El artículo concluye afirmando que los intereses de Bolívar golpearon fuertemente el principio de legalidad abriéndose las puertas a las vías de hecho y quebrantando «el gran compromiso de Cúcuta» (95). Además, Gutiérrez plantea dos nuevas lecturas sobre la Convención; primera, propone que el fracaso se debe a la falta de acuerdos y consensos, debatiendo el planteamiento partidista de José Manuel Restrepo; y, segundo, manifiesta que las cartas enviadas por parte de los bolivaristas a la Convención fueron manipuladas causando la eliminación a legitima expresión soberana del pueblo.

“El letrado parroquial” elaborado por Luis Ervin Prado constituye el cuarto capítulo del libro. Prado estudia el rol del letrado parroquial laico en la organización del Estado en el ámbito provincial caucano de la primera mitad del siglo XIX. El texto señala que el letrado parroquial ostentaba el poder local por la importancia de la actividad y la insuficiencia de personas que tuvieran las capacidades de suministrar los discursos que legitimaran y establecieran el orden republicano y que también «[…] conectaran a los ciudadanos con la patria» (103). La importancia radicaba en la urgente necesidad de organizar y legitimar el nuevo orden político que, a su vez, necesitaba resignificar el sistema administrativo español ligado fuertemente a la escritura, necesario para una legalidad constitucional. Al saber leer y escribir, pueden intervenir, según el autor, en tres cuestiones importantes en la vida rural: primero, son mediadores administrativos entre la comunidad y las autoridades provinciales; segundo, garantizan relaciones políticas y burocráticas con facciones locales y nacionales; y, tercero, algunos fungieron como intelectuales promoviendo ideas políticas como la igualdad y la libertad. Desde esta reflexión el artículo controvierte dos ideas historiográficas: primera, la concerniente a la aparición de los intelectuales a fines del siglo XIX; y, segunda, los planteamientos teóricos de Ángel Rama sobre el letrado como sujeto de ciudades y no de pequeñas localidades.

El siguiente capítulo intitulado “La sociabilidad y la historia política del siglo XIX” de Gilberto Loaiza Cano, hace un llamado de atención sobre las sociabilidades como objeto de análisis que permitiría comprender la historia política republicana en Colombia. Sin que haya un consenso claro sobre la definición de sociabilidades, el autor, realiza un esbozo sobre sus particularidades y dimensiones sintetizando que la categoría «estudia el universo cambiante de las relaciones entre los individuos» (128), relaciones que se expandieron en la organización del Estado gracias a las labores del letrado permitiendo que en toda la centuria se establecieran tres momentos de procesos asociativos. Primero, el proceso ilustrado después de 1810 que se caracterizó por la exclusión que la élite criolla realizó a la práctica política del pueblo en la construcción de la República; segundo, expansión democrática en el decenio de 1830 que acercó a las clases populares con la élite en búsqueda de victorias electorales; tercero, la aparición de las asociaciones caritativas católicas que a través de las mujeres expandieron el mensaje religioso y por el éxito de los escritores-publicistas del catolicismo. Loaiza concluye afirmando que la historiografía colombiana carece de estudios sistemáticos sobre las sociabilidades debido a la incipiente investigación histórica y la invisibilización en nuestro contexto de la obra de Maurice Agulhon; sin embargo, plantea preguntas que alientan al lector a iniciar investigaciones desde el enfoque propuesto porque «[…] puede servir de indicio acerca de cómo ha sido la relación de la sociedad con lo político; acerca de cómo la sociedad ha podido intervenir en los asuntos de la polis» (154).

El capítulo siguiente de Adrián Alzate García, intitulado “Fidelidades y consensos en conflicto: la naturaleza del asociacionismo político en el periodo federal”, estudia el funcionamiento del asociacionismo como órganos de movilización política e intervención en la esfera pública durante las décadas de 1860 y 1870. El autor, analizando cinco asociaciones del Estado Federal del Cauca: la Sociedad Democrática de Cali, Republicana de Artesanos de Palmira, Juventud Unida, Unión Liberal y Unión de Artesanos, señala que el fenómeno asociativo fue de gran importancia en la escena política por el impacto que tuvo en la sociedad, estimulando la participación del pueblo en política y abriendo espacios de opinión pública. Sin embargo, tales asociaciones no se mantuvieron unidas a través de consensos sino de disputas y conflictos. Por lo demás, las sociedades no fueron estáticas y actuaron de forma sólida en acción colectiva; en el interior de ellas convivieron variados problemas que enfrentaron a sus miembros: primero, el contenido programático y político de las sociedades cambiaron según la agenda administrativa del gobierno de turno; segundo, existieron rivalidades por el control entre la élite y el pueblo; y, tercero, se presentaron divisiones internas entre varios grupos en fechas electorales. Por consiguiente, Alzate concluye que en el periodo estudiado los conflictos políticos se libraron entre las mismas organizaciones partidistas en un ambiente político disputado por la élite y el pueblo, y a su vez, enriquecido por los múltiples recursos discursivos y la modernización política del lenguaje. El texto termina invitando a explorar la naturaleza asociativa del periodo.

La historiadora Fernanda Muñoz elaboró el capítulo titulado “Los indígenas de Pasto y la construcción del Estado. Tierras de resguardo y disputas legales. 1850- 1885”. El texto muestra la manera como la población indígena se involucró y utilizó las normas del Estado para defender sus resguardos en el periodo liberal de privatización de la tierra. Una de las principales ideas que quiere controvertir es la de pensar que esta población vivió al margen de las políticas republicanas. Al contrario, pueden considerarse como actores políticos en la construcción del Estado colombiano. La autora señala que los indígenas conocieron leyes referentes a la tierra y las utilizaron en la medida de sus conveniencias, redactaron solicitudes en defensa de sus intereses, promulgaron el uso de marcos institucionales para solucionar querellas entre ellos mismos y, además, apoyaron en los enfrentamientos partidistas la opción política que más beneficio les trajera. Así, por ejemplo, en un primer momento los indígenas se acercaron a los conservadores por la imagen de protectores de los resguardos y, sin embargo, apoyaron la revolución liberal de Tomás Cipriano de Mosquera tras expedir la Ley 90 de 1859 que «[…] mantuvo comunalmente los terrenos del resguardo en el Estado confederado del Cauca» (199). Desde esta reflexión el capítulo concluye que los sectores populares se involucraron abiertamente en la construcción estatal a través de los marcos institucionales, los cuales atravesaron en la vida comunitaria conflictos entre indígenas, funcionarios y políticos nacionales.

Escrito por Brenda Escobar Guzmán el último capítulo se intitula “La guerra de los Mil Días o mil conflictos fragmentados”. El objetivo del texto, alejado de visiones partidistas, es mostrar que las personas que participaron en la guerra de los Mil Días lo hicieron por razones que aparecieron en la coyuntura. Una de estas razones fueron las levas que conservadores y liberales realizaron trasladando a las personas de su lugar de oficio a las zonas de combate; Escobar, utilizando interrogatorios hechos por parte del gobierno a personas capturadas tras los combates, muestra que «[…] la gente no se alinea según su preferencia política sino por las circunstancias de la propia guerra» (230). La segunda razón radica en el control territorial que los enfrentados establecieron durante la guerra, por ejemplo, los liberales ejercieron el control de los municipios de Anaime, Doima y Santana asegurando el comercio local y las rutas comerciales, recibiendo por parte de los pobladores auxilio y colaboración.

Ahora bien, Brenda Escobar propone el concepto “conflictos fragmentarios” para dar cuenta de que las guerras del siglo XIX en Colombia fueron conflictos de pequeña escala a partir de la debilidad tanto del Estado como de los insurgentes de realizar una guerra desde el ámbito nacional. Refuerza su planteamiento abriendo para una futura discusión tres hipótesis; primera, las guerras en la provincia no se desarrollaron bajo la lógica de las guerras interestatales, sino, en cambio, muestran una debilidad del Estado y de la sociedad para la lucha; segundo, los actores de las guerras no buscaron el poder nacional sino la estabilidad local; tercero, los conflictos tienen variadas causas que no se circunscriben sólidamente a prácticas ideológicas. La autora, finalmente, manifiesta la importancia de renovar los estudios políticos y sociales sobre las guerras del siglo XIX a partir de nuevas vías de interpretación.

La novedad del libro versa en su propuesta de dar realce a la participación popular en la construcción del Estado, debatiendo los postulados de la Nueva Historia que propusieron un siglo XIX excluyente y trazado por sujetos pasivos sin concepción política. Los autores han propuesto, desde su objeto de estudio, un siglo XIX dinámico que inició con la fundación de las primeras republicas en la década de 1810 y que se fueron constituyendo y organizando como república unitaria a partir de las diversas formas de participación ciudadana como las asociaciones filantrópicas, las gremiales y las guerrilleras. Sin embargo, la obra carece de estudios sobre la iglesia y la regeneración, temáticas fundamentales y transversales en la construcción del estado y la ciudadanía durante el siglo XIX y, además, los estudios son centrados en la región del Cauca quedando en el aire una discusión sobre la ciudadanía, por ejemplo, en la región del Caribe y Panamá. Por consiguiente, el título del libro es inapropiado y ambicioso porque el contenido de la obra no referencia en su totalidad la República de Colombia en el siglo XIX.

Hay que mencionar que los artículos del libro referencian consulta de fuente primaria de diferentes archivos y mantienen una discusión con bibliografía actualizada. Conviene subrayar que las tesis de los artículos del libro han sido presentadas en otros espacios académicos³. No obstante, la temática del libro permitió que los autores ajustaran y enriquecieran sus estudios para la construcción del presente texto que abrió nuevas preguntas e hipótesis sobre la historia política del siglo XIX en Colombia.

Notas

² Magali sigue la propuesta de Pierre Rosanvallon sobre las dos acepciones de pueblo, como principio que anula los atributos específicos para unificar lo social y, segundo, como sociológico que afianza la existencia de las particularidades sociales.

³ Fernanda Muñoz en el 2015 publicó en la revista Historia Crítica un artículo con planteamientos similares al presente. Adrián Alzate, de igual manera, publicó en el 2010 un texto similar a este, pero “reevaluado, transformado y enriquecido” (p.159). Finalmente, Brenda Escobar señala que las ideas desarrolladas en este texto hacen parte de su investigación doctoral.

Notas de autor

¹ Historiador en formación de la Universidad Industrial de Santander. Miembro del Semillero Historia política y social. Siglo XIX y XX e integrante del Grupo de Investigaciones Históricas Estado Nacional Colombiano (Colciencias). Correo electrónico: bsebastian98@gmail.com

Anuario de Historia Regional y de las Fronteras
ISSN: 0122-2066
Vol. 25
Num. 1
Año. 2020

Vanegas Useche, Isidro. El siglo diecinueve colombiano. Bogotá: Ediciones Plural, 2017. 243 páginas.

Juan Sebastián Bonilla Ayala
Universidad Industrial de Santander,Colombia